ABORTO NO PUNIBLE

En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se llevaron a cabo, durante el mes de octubre y noviembre de 2008, cuatro debates abiertos de la comisión de salud respecto a la controvertida temática del aborto. En estas jornadas participaron una importante cantidad de especialistas de las más variadas disciplinas científicas, y también representantes algunos miembros de la Iglesia Católica a través de sus organizaciones de laicos: médicos y abogados católicos, entre otras. Los debates giraron en torno a la problemática de la regulación del aborto no punible, establecido según el artículo 86 del Código Penal, para los cuales los legisladores presentaron cuatro proyectos, en apariencia, distintos. Todos acordaron la necesidad de establecer procedimientos claros para que los médicos de los hospitales públicos y privados de la ciudad sepan cómo proceder ante la presencia de un caso de aborto no punible. Los proyectos presentados, todos durante este año, son de autoría de los legisladores Cabandie (921-D-08), Alegre (1305-D-08), Maffia (1306-D-08) y Failde (1475-D-08)
En principio podemos señalar algunas similitudes y diferencias muy sutiles pero que es necesario resaltar. En primer lugar, todos tienen por objeto “regular procedimientos” para los casos de abortos no punibles. Este aborto no punible es el contemplado en el artículo 86 del código penal. Los proyectos de Cabandie y Alegre aclaran que esta regulación es necesaria para “garantizar la salud” y “otorgar una atención integral” a las mujeres, Failde en cambio estipula que su proyecto es “garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en los casos de aborto no punibles” y Maffia va más allá afirmando que se propone “garantizar el acceso a esta práctica médica a las mujeres, las adolescentes y las niñas en edad fértil que soliciten la atención de su salud en el ámbito de la Ciudad A. de Buenos Aires (en adelante, la mujer)”. La sola mención de el tema de los derechos de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo genera amplias controversias y la terminante oposición de algunos sectores de la Iglesia Católica, aunque también de los sectores más conservadores de otras religiones. En líneas generales, consideran que estos proyectos serían el puntapié inicial para en el corto plazo considerar legalmente al aborto como derecho de la mujer a interrumpir el embarazado cuando lo crea conveniente. Por otro parte, considerar como “mujer” a las niñas a partir de su edad fértil, como en el caso de Mafia, es totalmente contrario a los postulados religiosos entre otras cosas porque se estaría incitando a las niñas y adolescentes a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Esta situación es inconcebible para las autoridades eclesiásticas de distintas religiones, que en este caso particular, aúnan fuerzas para resistir a la legislación y políticas públicas sobre salud reproductiva.
Por otra parte, los proyectos establecen cuál es el criterio para considerar que se está ante la presencia de un aborto no punible, tal como dice el Código Penal, será cuando la vida de la mujer esté en peligro. Así, declaran que el profesional de la salud debe constatar que la mujer está en peligro y que la interrupción del embarazo es la única manera de salvar su vida. En general, los cuatro proyectos aclaran que debe procederse ante el peligro de la vida física y/o psíquica de la mujer. Esto da lugar a la aplicación del procedimiento quirúrgico en caso de violación, siempre y cuando se presente una denuncia policial. Además, sostienen que la decisión sobre el diagnóstico debe realizarse en conjunto con otros médicos del hospital. El proyecto de Alegre agrega que en caso de peligro de la salud psíquica debe consultarse un médico especialista en psiquiatría, su objetivo es que “toda mujer al disfrute del más alto nivel posible de salud”, aquí se deja constancia que “se prohíbe la imposición de exigencias adicionales tales como la autorización de más de un profesional de la salud, la revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u otros operadores jurídicos” Creemos que esta aclaración surge a partir de los casos que han trascendido a la opinión pública sobre la actividad militante de los grupos pro – vida dentro de los hospitales o la demora de algunos médicos, en tanto ejercicio de su “autonomía de conciencia”, para practicar la interrupción del embarazo elevando los casos a los comités de bioética, generalmente compuesto por algún miembro eclesiástico, o solicitando autorización judicial.

Claro está que esta contienda será de difícil resolución, en general porque las autoridades religiosas consideran la práctica del aborto como una violación a los derechos humanos del niño por nacer, ya que según lo establece nuestra constitución, se considera vida “desde la concepción”. En este caso, también hay muchas controversias ya que la “concepción” requiere mayores especificaciones porque hay diversas posturas, algunas sostienen que hay vida a partir de las tres semanas otras desde el “momento cero”. Sin poder ampliar más sobre este tema, que requiere de elaboraciones más filosóficas, nos parece pertinente mencionar los datos de una reciente encuesta del CONICET, según la cuál la mayoría de los/as argentinos/as están de acuerdo con permitir el aborto en circunstancias tales como la violación o el peligro de vida de la mujer. Cabe preguntarse cuál sería el resultado de un plebiscito al respecto.

Gabriela Irrazábal
cepoc.dh@gmail.com

¿DESARTICULAN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE DEVOTO?

Publicamos a continuación un comunicado enviado por el Grupo Universitario de Devoto y el Grupo Ave Fénix:


UBA – Cárcel de Villa Devoto
S.O.S


Intentan desarticular uno de los dos centros universitarios que funcionan en la cárcel y logran la reinserción de gente que está detenida

¿POR QUÈ?

Los que estamos privados de la libertad ambulatoria y contamos aún con nuestra libertad de decidir un cambio rotundo en nuestras vidas adquiriendo conocimientos en el ámbito de las facultades que concurren al Centro Universitario Devoto(CUD); nos dirigimos a ustedes solicitando su apoyo en el marco de la defensa de los Derechos Humanos y la dignidad inherente a todo ser humano.

Si adhiere a la propuesta de bajar el índice de inseguridad apoye la reinserción a través del conocimiento y la formación profesional de estudiantes privados de la libertad.

Las personas detenidas que hemos decidido concurrir al Centro Universitario, intentamos un cambio en nuestras vidas, actualmente vemos amenazadas nuestras posibilidades ya que en las últimas semanas se han realizado traslados de compañeros que cursaban carreras y coordinaban actividades a espacios carcelarios que les impiden hacer ejercicio de su derecho a estudiar.

El día 5 de noviembre se celebró en el CUD un evento organizado por el Dr. Leandro Halperin – Director del Programa UBA XXII: estudio en cárceles – donde participaron el diputado Giogia, el Dr. Zaffaroni – juez de la Corte Suprema de Justicia Nacional – , el Dr. Ruben Hallu – Rector de la UBA y las autoridades máximas del Servicio Penitenciario Federal. Dicha jornada tuvo como objetivo la ratificación del convenio con la Biblioteca del Congreso. El rector de la UBA, informó a los presentes que mantuvo una reunión con el Ministro de Justicia quien le manifestó el deseo de continuar con el Programa UBA XXII además de expandirlo y estimular su crecimiento.

En los cinco días subsiguientes, fueron trasladados muchos de los miembros (11) del Grupo Universitario Devoto (GUD) que habían sido electos en comicios del estudiantado detenido; violando las palabras vertidas por los representantes en el acto del 5 del corriente y el convenio UBA – SPF.

Resulta claro que la única explicación posible para la histórica resistencia al desarrollo y crecimiento de esta experiencia por parte del SPF y el actual ataque sistemático que viene sufriendo el Programa de estudios en cárceles desde principio de año; es que cualquier manifestación de resistencia al modelo de gestión actual es reprimida para defender “la industria del delito”.

El Grupo Universitario Devoto atraviesa, después de 23 años de existencia, su mayor crisis. Difícilmente lograremos sobrevivir esta crisis sin un esfuerzo conjunto de los actores sociales externos, sin duda resulta imperioso que la sociedad civil ingrese a la prisión, no sólo para controlar la administración penitenciaria, sino para sostener y estimular el crecimiento del CUD.

Este comunicado tiene como fin informar a aquellos que bregan por la reinserción y la recuperación de las personas para el bien común de la sociedad; personas que conocen desde adentro lo que es la problemática carcelaria, sus deficiencias y su forma obsoleta de tratar la problemática de la reinserción de aquellos que por distintos motivos han errado su camino, lo que no quiere decir que sean irrecuperables, sino todo lo contrario.

Como miembros del GUD y Ave Fénix tenemos el deber moral no sólo de resistir sino de llamar la atención de los máximos representantes del poder ejecutivo quienes en sus presentaciones públicas no dejan de remarcar la importancia de los derechos y garantías constitucionales.

Pensamos que es absolutamente necesario contar con la oportunidad de igualdad de derechos, como lo es la educación, y que o es una idea de unos pocos sino que es un derecho plasmado en nuestra Constitución Nacional.



Solicitamos:

ð El cese del incumplimiento sistemático de la función social del la cárcel: la reinserción social.

ð El respeto por los derechos legislados en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (Ley 24.660)

ð El reintegro de los compañeros trasladados.

ð La intervención y presencia del Ministro de Justicia y el Rector de la UBA en el Centro Universitario a fin de garantizar el ejercicio del derecho a estudiar.



Para seguir resistiendo, necesitamos de su opinión y apoyo.

Para enviar adhesiones: avefenix@mail.fsoc.uba.ar // gud_uba@hotmail.com



Miembros del Grupo Universitario Devoto y Grupo Ave Fénix

Universidad de Buenos Aires – Cárcel de Villa Devoto

CARTA DE LA ABOGADA DE BRIAN

La carta que publicamos a continuación está firmada por la abogada del adolescente Brian, procesado por el homicidio del ingeniero Barrenechea ocurrido hace pocos días en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires:

Mi nombre es Florencia Arietto, y soy una de las abogadas de Brian, el chico de 16 años QUE LA POLICIA ELIGIO PARA SER EL ASESINO DEL INGENIERO.
Más allá de que a pesar que el juez Ribeiro procesó a Brian, cosa que hemos visto por los medios pero que aún NO HEMOS SIDO NOTIFICADOS POR EL JUZGADO, no hay pruebas en la causa.
La campaña mediática del poder es grande, pero la VERDAD ES HIJA DEL TIEMPO NO DE LA AUTORIDAD COMO DECIA KANT.
Es por eso que pedimos ayuda. Se por amigos que me lo han dicho, que han tildado de SUBVERSIVOS a los periodistas que nos dieron un espacio para contar nuestra verdad.
Se comenta que hay una decisión política de mano dura velada, y no importa quién cae, nadie firmará la libertad de Brian aunque la causa se caiga toda. Y en esta batalla, que estamos perdiendo ante el estado policial, y pese que tengo 30 años y no he vivido la etapa de la dictadura en carne propia, me siento como los desaparecidos que, cuando pedían ayuda, les decían ALGO HABRÁS HECHO. Brian es villero, y por serlo ALGO HABRÁ HECHO PARA ESTAR PRESO. Necesitaban un asesino, al voleo y sin pruebas pidieron su detención, de hecho un testigo de "identidad" reservada tiró el nombre de él y un alias "el negro", que no es este Brian detenido, y un domicilio, que resultó no ser el domicilio de la casa de Brian, sino de Jonathan el otro detenido, o sea buscaban a un Jonathan con nombre Brian, pidieron la captura de Brian sólo por un testigo que tiró un nombre como tiró muchos más, y cuando vieron que eran del mismo barrio junto con Jonathan, se llevaron a los dos.
La causa cerraba, pero salieron los maestros (que linda palabra) a defender a BRIAN... el pibe que jugaba de 10 en la canchita del Güemes Juniors de Ciudad Evita y quería ser como Riquelme, y porque así lo dispuso la policía se convertía en EL ASESINO.
Necesitamos que se difunda que están operando fuerte desde la fiscalía y la jefatura de policía para que esto no salga a la luz, necesitamos dar la pelea porque sino tendremos un estado policial encubierto y en vez de avanzar volveremos con otros matices a la época más oscura de nuestro país, porque como todos sabemos, EL MAL ABSOLUTO, toma distintas formas según lo necesite.-
Ayudemos a Brian, no permitamos que lo conviertan en un chacal.
Por los miles de Brian.-

"EL TERROR SE BASA EN LA INCOMUNICACIÓ N, DIFUNDA ESTA INFORMACIÓN, VUELVA A SENTIR LA SATISFACCIÓN MORAL DE UN ACTO DE LIBERTAD" R. Walsh
Florencia Arietto.-

NIÑOS PRESOS, NIÑOS MUERTOS

Bajo el título “Programas- Establecimientos de Régimen Cerrado”, la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de BuenosAires nos ilustra acerca de los objetivos de estas instituciones:

http://www.desarrollosocial.gba.gov.ar/programas/35_establecimientos_regimen_cerrado/index.htm,

Instrumentar -para el abordaje integral de los jóvenes infractores de la ley penal, en una unidad de tratamiento-, un conjunto de propuestas socioeducativas tendiendo a que el joven pueda construir espacios individuales y sociales diferentes, alcance mayores niveles de responsabilidad frente a sus actos y a las consecuencias de los mismos, genere las mejores condiciones para una distinta inserción familiar y social comunitaria.

¿Quiénes van allí?

Con ironía cruel, se llama “beneficiarios” a los niños y adolescentes que van a parar a esos lugares. Y se los define:

Población Beneficiaria

Jóvenes de 12 a 18 años en conflicto con la ley penal bajo régimen cerrado, provenientes en su mayoría de los sectores sociales más carenciados de derechos básicos en los aspectos económico, educativo, cultural y sanitario.

O sea, se envía allí a niños y adolescentes pobres. Y además, violando la ley. Sencillamente porque en este país, todavía, los adolescentes de 12 a 15 años NO SON PUNIBLES legalmente. Más allá de los deseos del gobernador Scioli y de todos los que quieren mandar más pibes a más lugares como estos, NO SON PUNIBLES. En consecuencia, si el Estado cree que un niño de 12 ó 13, ó 14 ó 15 años tiene algún “conflicto con la ley penal”, tiene que atenderlo, protegerlo, cuidarlo, ubicarlo en una escuela, garantizar que su familia pueda hacerse cargo, sanarlo si está enfermo… Puede hacer cualquiera de estas cosas, más otras del mismo tenor, pero no encerrarlo en un agujero, tenga el nombre que tenga ese agujero.

Al momento de referirse a los objetivos específicos, tenemos más detalles:

Objetivos Específicos

- Lograr una formación continua y especializada para todas las personas involucradas en el trato con los jóvenes.
- Conocer las particulares características psicológicas, familiares y sociales que han favorecido la modalidad de funcionamiento del joven que lo coloca en conflicto con la Ley Penal.
- Favorecer la reflexión, a fin de mediatizar la acción con el pensamiento.
- Posibilitar la comprensión de las consecuencias personales y sociales de sus actos.
- Propiciar el aprendizaje en convivencia grupal, que le posibilite la creación de vínculos diferentes con las personas y su entorno.
- Lograr que la medida privativa de la libertad sea reducida al mínimo necesario, teniendo en cuenta el marco legal vigente y la evolución del joven internado.
- Favorecer en los jóvenes la capacitación educativa y laboral.
- Motivar la adopción de hábitos de higiene y de cuidados de la salud.
- Elaborar de un proyecto institucional y régimen de vida.

Finalmente, nos enteramos de los “Bienes y/o servicios que brinda”

Construcción de una propuesta socioeducativa de carácter integral que vincula procesos terapéuticos individuales, familiares y grupales a implementarse en institutos penales.
Se realizan tareas centradas:
-en lo verbal: consistentes en: grupo de reflexión, grupo psicoterapéutico, asamblea, grupo de terapia familiar, taller Literario, taller de periodismo.
- no verbal: realización de talleres de carpintería, gráfica y computación y actividades deportivas.

Lamentablemente, los dos adolescentes que aparecieron ahorcados en la noche del 15 y 16 de noviembre, no llegaron a recibir todos estos beneficios. Tal vez no pudieron reflexionar lo suficiente, o quizá en medio de su desesperación quisieron hablar con su madre, pero el denominado Centro de Régimen Cerrado de La Matanza es un pozo, como sin eufemismos lo definen en la Asociación de Trabajadores del Estado, y entonces les habrán dicho que el único teléfono celular con que se cuenta allí, no se podía utilizar para esos menesteres.

Finalmente esos adolescentes, cuya edad no conocemos, cuyos nombres y apellidos son NN Candela y Damián Caballero, lo lograron. Lograron llamar la atención. La mamá de Damián, nos cuenta La Nación, le suplicó a su hijo que no intentara matarse de nuevo, porque finalmente “te va a salir bien”. Gracias a su determinación, nos enteramos que ese lugar, inaugurado de apuro el 6 de noviembre, está ubicado a treinta y cinco cuadras de la ruta 3, y no tenía ni médicos, ni enfermeros, ni un auto para emergencias, ni teléfono público ni personal suficiente. Ahora, luego de la muerte de Damián y NN, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo decidió clausurarlo.

¿Cuántas vidas de cuántos Damianes y NN serán necesarias para cerrar otros tantos pozos, y para evitar abrir nuevos?

Claudia Cesaroni
15-4404-5299

A UN AÑO DE LA MASACRE DEL PENAL DE VARONES DE SANTIAGO DEL ESTERO

El 4 de noviembre de 2007 se produjo la muerte por asfixia de 38 presos en el Penal de Varones de Santiago del Estero. Este aniversario no fue recordado por ningún medio de comunicación nacional.

La muerte de una persona privada de libertad, se demuestra una vez más, tiene menos valor que la de los ciudadanos honestos.

El Estado debe cumplir el rol de garante de la integridad física y de la vida de las personas que decide encerrar. El mismo día que se cumplía un año de la Masacre del Penal de Varones de Santiago del Estero, se elevó a juicio la causa por la Masacre de Magdalena. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, el 15 de octubre de 2005, 33 presos perdieron la vida del mismo modo: asfixiados porque se les cerró la puerta con candado, para que no se fuguen. Los mismos hechos, la misma respuesta del Estado.

A continuación, publicamos un texto producido por familiares de detenidos desaparecidos de Santiago del Estero:


A un año de la tragedia del Penal de Varones expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas a quienes además del profundo dolor que se les ha causado, han sufrido y sufrirán un daño en muchos aspectos irreparable a causa de largos años de ausencia del Estado en cuanto a la definición e instrumentación de políticas públicas que ante todo privilegien la vida, derecho inalienable.

Adherimos a la marcha convocada en reclamo del cumplimiento de las garantías esenciales, como el acceso a la justicia, el respeto de las normas de un justo proceso, la protección integral de los testigos, víctimas y querellantes así como sus familias, quienes han sufrido y sufren repetidamente acciones de intimidación y desacreditación como modo de desalentar su lucha contra la impunidad.

La protección de las víctimas y testigos es esencial para que los juicios por graves violaciones de derechos humanos tengan éxito. Protección que es responsabilidad del Estado, asumido como compromiso tanto a nivel Nacional como Internacional.

Por esto, exigimos al Estado se garantice a las víctimas, testigos y sus familias no tener un doble sufrimiento, se garantice a su derecho a la verdad de lo sucedido, a un juicio justo y castigo efectivo para sus responsables y ejecutores, a una justa reparación y sobre todo, a la no repetición de los hechos delictivos.
Santiago del Estero, 04 de noviembre de 2008

Asociación por Memoria, Verdad y Justicia – Familiares de Desaparecidos y Ex presos políticos de Sgo. del Estero.