Así comenzó nuestro trabajo con la Asociación:
Al correo electrónico del CEPOC una carta, el 15 de octubre de 2008:
“Represento a un grupo de mujeres cuyos familiares estuvieron o están detenidos algunos a punto de salir en libertad, gozando de salidas transitorias, laborales, estudiantiles, etc. A nosotras como familia nos corresponde acompañarlos en cada etapa hasta lograr su verdadera inclusión social. En la mayoría de los casos nosotras somos el único sostén y contención de todo el grupo familiar.
Cada caso en particular es muy complejo porque a los serios problemas sociales que muchas familias tienen se le suman las adicciones, el sida, las patologías de base, etc. La situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos AMERITA UN PRIMER ABORDAJE INTEGRAL.
Al principio nosotras nos juntábamos en la puerta de la cárcel después en mi casa con un a psicóloga y una asistente social que nos ayudan de buena voluntad. Pero CADA VEZ SOMOS MÁS, nos dimos cuenta que este grupo actúa como agente multiplicador así que ahora vamos por los barrios: CHACARITA, VILLA CRESPO, VILLA ADELINA, VILLA URQUIZA, VILLA SOLDATI, FUERTE APACHE, MATADEROS, CIUDAD EVITA, PIEDRABUENA, DEVOTO, LINIERS, SAN MARTÍN, CIUDADELA, SAN TELMO, LOMAS DE ZAMORA. La demanda es muy grande, supera nuestra capacidad y buena voluntad. NECESITAMOS UN ESPACIO que cuente con un grupo interdisciplinario de profesionales IDONEOS y sobre todo con compromiso social que nos ayude a organizarnos interactuando en red y así poder ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR en principio para luego derivar si el caso lo requiere a donde corresponda.”
Los problemas eran conocidos, pero ¿estos familiares habrían buscado alternativas para resoverlos?
“Hay dentro de los organismos oficiales muchísimos programas (niños en riesgo, personas sin techo, adicciones, planes alimentarios, violencia familiar, etc., etc., etc.) pero NO ENCUENTRO un programa que contemple nuestra problemática GENERAL. Creemos que tenemos derecho a que nuestras familias tengan un futuro más digno y la atención y el cuidado que el caso requiere. Pero todos me derivan de un lado a otro, el patronato solo atiende a los liberados, procuración penitenciaria se hace cargo de otro tipo de problemas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice las cárceles están en territorio provincial por lo tanto le corresponde a la provincia, ellos dicen que se tiene que hacer cargo el gobierno nacional que nos deriva al ministerio de salud, y éste al de desarrollo social ASI ESTAMOS.”
Nuestra organización se define como un centro de estudios en política criminal y de derechos humanos. Era evidente que la situación de las personas privadas de libertad constituye un problema de nuestra incumbencia. Es en el encierro donde se producen, aún en democracia, cotidianas violaciones a los derechos humanos. Allí se tortura, se sanciona injustamente, se cometen todo tipo de delitos cuyos autores son –por acción u omisión- los funcionarios designados para custodiar y “tratar” a los presos.
Pero lo que llegaba en esta carta no era una denuncia sobre las condiciones de detención de los presos, sino sobre las dificultades con que se enfrentan sus familiares, y ellos mismos al comenzar a reinsertarse en sus casas, en un trabajo, en sus familias:
“CUANDO NO SE DAN CUENTA QUE ESTE PROBLEMA ES DE TODOS. Los presos/as después de un tiempo no saben cómo vivir en libertad con los derechos y obligaciones que eso significa y nosotros no sabemos cómo ayudarlos para incluirlos dentro del grupo familiar mucho menos dentro de la sociedad.
Si la familia, grupo de apoyo, sociedad, no sabe o no puede contenerlos es casi inevitable que la persona vuelva al último lugar donde se supo contenido y lamentablemente son las drogas que luego los llevan a la cárcel”
Consideramos entonces que era necesario analizar junto con la persona que enviaba el correo, la dimensión integral de la problemática que denunciaban, porque al menos en principio, encuadraba claramente en un problema de política criminal.
La búsqueda de las familiares
En nuestro primer encuentro, el 28 de octubre, cuatro mujeres -una madre y esposa, una esposa, una hermana y viuda, una ex esposa y madre de presos- nos relataron una búsqueda infructuosa.
Ordenadamente, recorrimos en el relato y en el papel todas aquellas dependencias gubernamentales que podrían ocuparse de sus problemas. Comenzamos por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de donde depende el Servicio Penitenciario Federal. Una de las secretarías de este ministerio, es la de Política Criminal.
La página del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, describe como los objetivos de la Secretaría de Política Criminal, entre otros, los siguientes:
Deberá asistir al ministro de Justicia en la administración de la política y programas penitenciarios, reforma penitenciaria y ejecución penal y proponer políticas y programas relativos a la problemática penitenciaria y la ejecución penal en todos sus segmentos.[1]
En cuanto a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, teóricamente dependiente de la Secretaría de Política Criminal, las funciones que se le establecen son, entre otras:
a | Asistir al secretario de Política Criminal y asuntos Penitenciarios en la política penitenciaria, en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal.
c | Intervenir en la elaboración de anteproyectos normativos en las materias de su competencia. d | Desarrollar actividades de colaboración en materia de su competencia con otros organismos oficiales mediante la prestación del apoyo y cooperación necesarios para optimizar la realización de sus tareas.
e | Proponer políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos.
f | Promover el desarrollo de los patronatos de liberados.
g | Asistir al secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios en la coordinación de los Planes y Programas existentes o a crearse en el área de
h | Dirigir estudios, investigaciones y estadísticas vinculadas con la problemática penitenciaria, el sistema penitenciario y de ejecución penal.
Sin embargo, más allá de las definiciones de las páginas gubernamentales, la realidad es que quién define la política penitenciaria es el ministro de Justica, Seguridad y Derechos Humanos, en línea directa con el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF)
Esto es así, en tanto el SPF es una fuerza de seguridad, al igual que la Policía Federal , la Gendarmería , la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas ellas dependientes del mismo ministro de quien depende la Secretaría de Derechos Humanos.
Las mujeres probaron entonces en el Servicio Penitenciario Federal y la respuesta a su demanda fue que no tenían ningún programa “por ahora”. Solo, se les respondió, podría hacerse “algo” en el caso de que formen una ONG con personería jurídica.
Entonces se dirigieron a la Secretaría de Derechos Humanos, donde relataron sus necesidades. Allí se les ofreció ayuda para conformar una Asociación Civil.
En este sentido, cabe una observación: la exigencia de formar una Asociación Civil, expresada con la frase “tendrían que tener personería”, o bien “armen una oenegé y después vuelvan” parece, más que la notificación de un requisito ineludible, un modo de posponer la atención hacia algunas personas que se acercan a pedir algún tipo de atención al Estado. Esta percepción se acentúa para los casos más indeseables, como lo son los/as presos/as y sus familiares. A nadie se le ocurriría plantearle a un conjunto de mujeres violadas que antes de escucharlas, deben armar una asociación civil; o a un grupo de vecinos que reclaman hospitales, escuelas, policías o semáforos, que deben formar una ONG para que luego alguna oficina pública los escuche, y se disponga a construir, designar personal, efectuar nombramientos, crear vacantes. Son estas obligaciones del Estado, más allá de que no siempre las cumpla en tiempo y forma. Sin embargo, a determinados grupos, como el de estas familiares de presos, ante la falta de respuesta e interés en su problemática, se les plantea la opción de la búsqueda de la personería jurídica como un obstáculo. Esto así porque, más allá de que en una oficina pública (la de la Secretaría de Derechos Humanos) se les haya brindado asesoramiento y derivación para realizar el trámite ante la Inspección General de Justicia, no es fácil construir y mantener una asociación civil. No lo es, al menos, para todas las personas que requieren algún tipo de asistencia del Estado. Hay que juntar algo de dinero, completar formularios, redactar actas, establecer un acuerdo por escrito en cuanto a los objetivos, registrar firmas -y pagar para ello-, designar autoridades, llevar libros, contratar a un contador, cobrar cuotas, comprometerse a un tipo de actividad regular que no siempre puede cumplirse y que, en muchos casos, termina generando tensiones agregadas a la que implica destinar tiempo, dinero -escaso, muy escaso-, voluntad, para reunirse y hacer aquello que el Estado no hace por iniciativa propia.
Y es esta la segunda cuestión que plantea la exigencia de la personería jurídica frente a un problema concreto: una cierta privatización de los problemas sociales. Si son los comedores comunitarios los que resuelven el problema del hambre de nuestra infancia pobre, y no el trabajo y el salario de los padres y las madres, dependerá el desarrollo armonioso de un/a niño/a de una barriada el hecho de tener como vecinos/as a personas más o menos voluntariosas, que armen una asociación civil que obtenga más o menos bolsones de comida.
Si la decisión de que el Estado acompañe y resuelva la problemática de los presos y presas que comienzan a recorrer el camino de la libertad, y atienda los numerosos conflictos que enfrentan sus familiares, depende de la existencia de una asociación civil, la conclusión es que al Estado no le parece una tarea de su incumbencia, o al menos no le resulta tan importante como para tomar la iniciativa.
Lo que las mujeres familiares de presos nos estaban diciendo en ese primer encuentro, además del sentimiento de abandono que personalmente sentían, es que intuían que esta falta de política estatal no solo las afectaba a ellas sino que era una invitación a volver a cometer delitos dirigida a personas que intentaban reinsertarse en la sociedad. Y que ellas debían y podían hacer algo para evitarlo.