El Centro de Estudios en Política
Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) expresa su rechazo a la decisión
del presidente electo y de quienes integrarán su gobierno de exigir la renuncia
de la Procuradora General de la Nación bajo el anuncio de carácter
extorsivo, ante su negativa, de destituirla a través
de un decreto de necesidad y urgencia que modificaría
la ley orgánica del Ministerio Público
Fiscal, que exige como requisito para la destitución
del Procurador General de la Nación la substanciación
de un juicio político. Más allá del sinsentido jurídico
que significa pretender mediante un decreto anular una ley jerárquicamente
superior, las implicancias de la decisión del próximo
gobierno son de una gravedad institucional inusitada y que socava los cimientos
republicanos, basada en la división de poderes.
La Constitución
Nacional reconoce al Ministerio Público (tanto al fiscal como al de la
defensa) autonomía funcional. Esto significa que el
Ministerio Público -aunque la denominación
ministerio pueda prestarse a confusión-, es un órgano
extrapoder; no es un apéndice del Poder Judicial ni mucho
menos, del Poder Ejecutivo. La política criminal diseñada
por el/la Procurador/a General no tiene que estar supeditada al gobierno de
turno y por ello su permanencia en la función no puede supeditarse al signo político
del Presidente de la Nación
Impulsar la renuncia de la
Procuradora -con métodos violentos y de tinte cuasi
mafioso-, tiene razones más profundas que las expresadas
abiertamente por quienes la propugnan. En estos poco más
de tres años de gestión,
la Procuradora realizó
un cambio radical en la política
criminal del órgano que tiene como misión
encargado de impulsar la acción penal y promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la
sociedad. Con la creación de la Procuraduría
de Violencia Institucional (Procuvin), Procuraduría de Trata y
Explotación de Personas (Protex), el programa
de Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo), Dirección
Gral. de Derechos Humanos, la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac);
Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la
Dirección
de Orientación y Acompañamiento
a Víctimas
(DOVIC) -entre otros-, dejó
en claro que su intención
es modificar la práctica usual de perseguir a los grupos
más
vulnerables y propulsar una verdadera persecución penal a los
responsables de graves delitos que perjudican a la sociedad en su conjunto y
significan desandar los logros en derechos humanos obtenidos. Evidentemente, es
esta decisión la que molesta porque implica
eliminar la impunidad de quienes la gozaron durante todos estos años.
La virulenta reacción ante la negativa de la Procuradora
de claudicar ante sus ilegales exigencias demuestra que están
dispuestos a todo para alcanzar sus objetivos. No lo permitiremos y desde
nuestro espacio seguiremos defendiendo las políticas de derechos
humanos y el respeto a las instituciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario