Prisión perpetua para
policías
En la foto, la familia de Félix Videla, luego de conocerse el fallo. Llegó a su fin el juicio por el hecho de brutalidad policíaca más resonante de los últimos años.
Luego de casi un mes de debate el tribunal de la Cámara Penal de Segunda Nominación condenó a los policías Armando Ronald Aragón y Jorge Abel Romero a la pena de prisión perpetua por el crimen de Félix Nicolás Videla (53), hecho que fue finalmente calificado como “tortura con resultado de muerte”. La pena más severa prevista por la legislación argentina recayó en los uniformados que la madrugada del 20 de octubre de 2005, en Miraflores, arrestaron y golpearon brutal y letalmente a la víctima, que murió horas más tarde dentro de un móvil policial.
En el caso de Aragón, el tribunal presidido por el camarista Rodolfo Bustamante e integrado por los jueces Jorge Álvarez Morales y Fernando Esteban concluyó en forma unánime que fue coautor de la golpiza que se prolongó desde su arresto y dentro del calabozo. En el caso de Romero, en tanto, la sentencia fue por mayoría de votos, ya que en disidencia el juez Álvarez Morales consideró que Romero sólo había incurrido en el delito de torturas, y votó una pena severa de 23 años de prisión.
En la sentencia también se modificó y atenuó sensiblemente la acusación en contra de Brizuela, quien llegó al juicio acusado como partícipe primario del crimen; luego el fiscal Gustavo Bergesio en su alegato bajó esa calificación a partícipe secundario y finalmente ayer fue condenado por omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque enfrentaba al principio una condena a perpetuidad, recibió el castigo de 5 años de prisión, inhabilitación de por vida y una multa de 800 pesos.
El último de los uniformados imputados era el cabo Fabián Daniel Vega, quien fue absuelto por el beneficio de la duda de los delitos de omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La lectura de la sentencia se llevó a cabo ayer pasadas las 13 en la sala de audiencias. Luego de conocerse cada una de las condenas, la tensión de los familiares -tanto de los imputados como los de la víctima- que colmaron la sala, se quebró en llanto de angustia y dolor.
Aunque los fundamentos se conocerán el próximo 5 de febrero, de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia se desprende que el tribunal consideró que Videla fue víctima de los policías durante su arresto, aquella madrugada en la casa de su hermano, donde sufrió una feroz golpiza. Y que luego siguió siendo víctima de castigos en el calabozo donde estuvo encerrado.
Aquella noche todo comenzó con un enfrentamiento entre Videla y Aragón, cuando este último acudió a un pedido de auxilio a la casa de la familia donde la víctima estaba protagonizando un incidente de violencia familiar. Videla atacó al policía con un machete y ello fue lo que desató la ira del policía, quien buscó refuerzos y salió en busca de la víctima hasta que horas después lo encontraron y comenzó la golpiza mortal.
Videla murió aquel mediodía dentro del móvil policial que lo llevó para ser atendido en Sanidad Policial y luego en el Hospital San Juan Bautista. Ninguno de los médicos con los que tuvo contacto advirtió las gravísimas lesiones que sufrió, entre ellas, fracturas de 6 costillas, del esternón, del maxilar y del peñasco en la base del cráneo, lo cual, según la autopsia, le causó la muerte.
“Están asesinando a un inocente”
El único de los imputados que se explayó al momento de hacer uso de la última palabra en el debate y después de conocer la sentencia fue Romero, quien insistió en su inocencia. Ante el tribunal, antes de que los jueces se retiraran a deliberar el fallo, Romero manifestó que pedía “a Dios que ilumine al espíritu santo y que haga Justicia; que no se ponga a todos en la misma bolsa porque acá se escucharon muchas mentiras (…) Benavides y Silva saben y ocultan”, dijo en relación a dos de los testigos que tuvieron un papel más que importante en el debate. A tal punto que en el fallo el tribunal ordenó que se investigue al primero de ellos por la posible comisión de algún hecho delictivo.
Tras el fallo, más enérgicamente, Romero protestó y mantenía su afirmación de ser “totalmente inocente, ojalá que se investiguen como realmente fueron las cosas, porque acá se taparon muchas cosas, yo lo vi salir caminando, acá están asesinando a gente inocente”. Los demás imputados sólo se limitaron a pedir que se hiciera Justicia.
Romero también protagonizó un cruce de palabras con Aragón, a quién acusó de encubrir a Benavides y a Silva.
Ya fuera de los tribunales, mientras el público esperaba que salieran los imputados para ser trasladados a su lugar de detención, se enfrentaron a gritos aunque el operativo policial dispuesto evitó que hubiera incidentes de gravedad. La esposa de Romero, en medio de una crisis manifestaba “Jorgito es inocente…, fue Benavides, fue Benavides…”. Ya en horas tempranas, las adyacencias de los tribunales habían sido empapeladas con carteles que proclamaban la inocencia de tres de los imputados y tangencialmente cargaban la responsabilidad en Aragón.
Una vez que se den a conocer las conclusiones del tribunal, las partes estarán habilitadas para formular sus respectivos recursos de apelación. Y no se descarta que los defensores de Aragón y Romero ataquen la resolución del tribunal.
Daño moralEn la sentencia el tribunal también decidió en forma unánime hacer lugar al reclamo de una reparación económica para la familia Videla, y dispuso que en forma solidaria, los imputados hallados culpables y el Estado Provincial abonen la suma de 300.000 pesos en concepto de daño moral y daño material, más los intereses calculados desde el momento del hecho.
Los familiares de Videla, su esposa y sus hijos, siguieron el desarrollo del debate y ayer estuvieron en la sentencia, acompañados por vecinos y allegados. Y se limitaron a manifestar su conformidad con la sentencia afirmando que ahora “descansará en paz”. Cabe recordar que al momento de los alegatos, el reclamo de los representantes de la familia fue de una suma de un millón de pesos.
El pago del monto indemnizatorio se deberá efectuar dentro de los 10 días hábiles a que quede firme la sentencia; la que no se descarta que sea materia de casación una vez que se conozcan los fundamentos, el próximo 5 de febrero.
NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO
EL ANCASTI DE CATAMARCA:
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