DOS AUDIENCIAS, PARECIDAS VÍCTIMAS

Hoy, a patir de una invitación del Defensor Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, participé en nombre del CEPOC en una audiencia pública convocada por el Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, para discutir dispositivos de internación específicos para niños/as y adolescentes afectados por problemas de salud mental y adicciones. Cuando me tocó hablar, dije esto:

Nosotros trabajamos, centralmente, con jóvenes que llegan a la cárcel, y con sus familiares, con los familiares de personas privadas de libertad.

Casos donde el Estado, no es que no haga nada, o que no tenga políticas públicas, las tiene, y atraviesa a esos jóvenes, en vez de con políticas de promoción de derechos, con políticas de exclusión de derechos. A veces, esos casos terminan en muerte, o en vidas arruinadas, como relatabau

una mamá, porque las madres son en general quienes se hacen cargo de estos dramas, poniendo su vida, sus cuerpos, y su corazón al servicio de sus hijos más débiles, más torcidos, más imperfectos, incluso, al costo de dejar de prestar atención al resto de sus hijos.

En estos días, un caso en el que el Estado apareció así, haciendo todo lo malo que podría hacer, ha ganado cierto espacio público: el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años de edad.

En este mismo momento, en Costa Rica, se está haciendo una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que expertos y expertas, abogados y abogadas, están discutiendo si está bien, si es ajustado a derecho, encarcelar a adolescentes a los 16 y 17 años, y decirles que, con suerte, si siguen vivos, si el servicio penitenciario les pone buenas notas, van a poder salir en libertad condicional cuando tengan 36 y 37 años. Entre esos jóvenes, obviamente, hay problemáticas de adicciones, previas al encierro, y posteriores, porque el encierro cristaliza tanto las adicciones "ilegales", como las "legales", a través de la utilización de drogas para mantener a adolescentes, jóvenes y adultos, más o menos tranquilos, durante años de encierro improductivo, apagadas sus energías, silenciados sus reclamos.

Estos jóvenes también arrastran enormes dificultades de orden psicológico, las que tendría cualquiera de nosotros si se hubiera socializado en instituciones militarizadas, donde el ejercicio de autonomía es una excepción, y en la mayoría de los casos, una transgresión perseguida y castigada.

El tipo de atención que tienen las personas jóvenes que llegan a la cárcel para sus problemas de adicciones y sus problemas psicológicos son un eslabón más en la cadena de violaciones de ddhh que se cometen en las instituciones de encierro, públicas y privadas.

Entonces, además de todo lo que se ha dicho, creo que es preciso vincular lo que estamos conversando hoy con la problemática de la prevención de la tortura y los malos tratos en las instituciones de encierro, a través de mecanismos de visita independientes, integrados por representantes de organizaciones sociales y de ddhh, a través de una ley provincial, mediante la que se garantice el ingreso irrestricto a todas las instituciones de encierro, públicas y privadas, sin aviso previo, incluyendo por supuesto, las comunidades terapeúticas donde se encuentran alojados, y en gran cantidad de casos, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a tratamientos humillantes y destructivos de la libertad y la dignidad humanas. Por supuesto, como aquí se dijo, esa situación incluye a los llamados hogares, residencias, etc. Esos mecanismos, no solo tienen que tener facultades de visitar, sino de hablar en privado con todas las personas, aún niños pequeños, aún con problemas psiquiátricos graves, aún con graves adicciones, y de efectuar recomendaciones que generen algún tipo de obligación por parte del Estado, para que cesen esas prácticas.

Dejo una parte de mi tiempo a Lidia Avellaneda, madre de Maximiliano Godoy Avellaneda, un adolescente que, como los jóvenes que mencioné, estuvo atravesado por determinadas políticas públicas del Estado , que terminaron con su vida.

Hoy también se hizo una audiencia en Costa Rica, convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para analizar el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina. Luego de varias horas de exposiciones de expertos/as; alegatos de la Defensa pública, en nombre de las víctimas, del Estado, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se fijó una nueva y última fecha, para el 30 de setiembre, porque la Corte quiere resolver "en este año". El Estado reconoció su responsabilidad, en lo que llamó "un error judicial": imponer penas de prisión perpetuas a adolescentes. Sin embargo, ese "error" sigue transcurriendo, y hoy, ahora, esos jóvenes siguen presos. 

Claudia Cesaroni, 
30 de agosto de 2012