Publicamos estas "13 ideas" en octubre de 2016, en pleno gobierno macrista. Terminado ese gobierno, y pasados tres del gobierno del Frente de Todos, en pleno clima de época punitivista, y luego de que en julio de 2017 se votara la llamada "ley Petri", volvemos a revisar esas "13 ideas", para actualizarlas y para que podamos ver cómo todo, siempre, puede ser peor. Bueno recordarlo en este año electoral, en que todas las propuestas vinculadas a la temática de la política criminal son un camino pavimentado hacia la violencia estatal desatada y sin límites.
Debajo de cada explicación que hicimos en octubre de 2016, agregaremos la actualización correspondiente, en lo que haya cambiado.
1- "Hay que aumentar las penas frente a los delitos violentos"
No sirve para nada: los delitos más
violentos (secuestro seguido de muerte, torturas seguidas de muerte,
homicidio en ocasión de robo, homicidio con alevosía, homicidio
calificado por el vínculo, el odio, la discriminación, homicidio de
integrantes de fuerzas de seguridad, etc) YA tienen pena de prisión
perpetua, lo que no hizo que disminuyeran. Según datos publicados
por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena
(SNEEP:
http://www.jus.gob.ar/media/3074134/informe_sneep_argentina_2014.pdf),
en 1996 había 25.163 presos y presas (mayores de 18 años, y sin
contar a quienes están detenidos en comisarías e institutos de
menores) en todo el país. En 2014, último año en el que hay
estadísticas, la cifra ascendió a 69.060.
Aumentan
las penas, aumenta la tasa de encarcelamiento y el delito no
disminuye.
La cifra de personas detenidas según la misma fuente, para el año 2021, es la siguiente: 114.074, incluyendo 12.807 en comisarías. Sin contar los que están en comisarías, el total es de 101.267:
Es decir:
1996: 25.163 personas en prisión
2014: 69.060
2021: 101.267
En 25 años, la población penal se multiplicó por cuatro.
En el mismo lapso, la población total del país pasó de 35,39 millones a 45,81 millones. Es decir, aumentó menos de un tercio.
2- "Hay
que implantar pena de muerte. El que mata tiene que morir"
Además de todas las razones de
orden ético y político por los que la pena de muerte es
despreciable, a lo que se suma su inutilidad para detener el delito
violento (lo que se demuestra claramente en el caso de los Estados
Unidos, donde hay pena de muerte en varios Estados, lo que no ha
disminuido la comisión de delitos violentos), esta propuesta es
inviable: nuestro país es parte de un tratado de derechos humanos,
la Convención Americana de Derechos Humanos, que PROHÍBE que los
países que suprimieron la pena de muerte, la reincorporen a su
ordenamiento jurídico. Por otra parte, como lo demuestran
brutalmente las masacres carcelarias sucedidas en nuestro país, y
las muertes cotidianas que se producen en los lugares de encierro,
estar preso eleva a niveles significativos la probabilidad de morir
por causas violentas, o por falta de atención de dolencias físicas,
que se acrecientan durante la reclusión.
La reforma penal y de la ley de ejecución de la pena votada en julio de 2017 (ley 27.375) consagró una muerte en vida, al establecer que la pena de prisión perpetua asciende al menos a 50 años de cárcel, sin salidas transitorias ni libertad condicional. No es la pena de muerte, que como dijimos está prohibida en nuestro país, pero se le parece bastante.
3- "Los
chorros entran por una puerta y salen por la otra"
La tasa de encarcelamiento en la
Argentina es de 161,65
presos
cada 100.000 habitantes (SNEEP,
2014),
por encima de la tasa mundial de 144 cada 100.000 habitantes.
Si se incluye a los presos y presas alojados en comisarías, la tasa
asciende a 165 presxs cada 100.000 habitantes, según datos de la
Procuración Penitenciaria:
http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Estad%C3%ADstica%20carcelaria%202014_1.pdf
El 51%
de las personas privadas de libertad, según
SNEEP
2014, y el 61 % para el caso de los presos federales, según los
datos de la Procuración Penitenciaria, está
procesada. Es decir: todavía no se ha probado que cometió un
delito, no ha sido condenada y ni siquiera debería estar en la
cárcel -salvo excepciones fundadas, por existir peligro procesal, es
decir, casos en los que se pueda demostrar que la persona en libertad
podría fugarse, o entorpecer la investigación-. Se supone que a la
cárcel SOLO deberían ser enviadas personas que ya han sido
declaradas responsables de cometer un delito. Miles y miles de
personas entran por una puerta y tienen que esperar dos, tres y hasta
cinco años para llegar a juicio. Un 25 % de ellas, cuando sean
juzgadas, serán absueltas, pero eso no le importa a nadie. Son las
personas que JAMÁS deberían haber cruzado la puerta de una
comisaría esposadas. Y, desde el 10 de diciembre de 2015, la cárcel
se utiliza como amenaza y como concreción de la persecución
política. El caso de Milagro Sala, detenida el 16 de enero de 2016 y
mantenida en la cárcel con sucesivas causas armadas, junto con
otrxs 11 integrantes del Movimiento Tupac Amaru, lo demuestra con
claridad.
Para 2021, la tasa de encarcelamiento en la Argentina ascendió a 221,06 presxs cada 100.000 habitantes. Si se consideran también las personas alojadas en comisarías, esa tasa asciende a 249.
En cuanto al porcentaje de procesadxs, es decir, inocentes, son el 44 %. Esta cifra ha bajado con respecto al 2014, lo que no implica que se hayan garantizado de mejor modo los derechos de las personas jurídicamente inocentes, sino que es consecuencia del aumento de los juicios abreviados, es decir, los acuerdos entre fiscal y defensor, consentido por la autoridad judicial, para imponer una pena a una persona sin pasar por el debate oral, bajo la extorsión de que es mejor eso que arriesgarse a tener que esperar años detenida, y luego recibir una condena mayor. Quizá en muchos casos, si hubiera juicio, ni siquiera habría condena, por la debilidad o falta de pruebas, pero eso no se informa adecuadamente, y la persona acepta firmar ese tipo de condenas.
En cuanto a Milagro Sala, a la fecha (junio de 2023), sigue cumpliendo pena de prisión, en su domicilio, y está gravemente enferma. A su caso se suma la condena a seis años e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos impuesta a la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Durante el macrismo y años subsiguientes cumplieron pena de prisión los ex funcionarios Amado Boudou, Julio de Vido, Carlos Zannini, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y entre otros militantes populares, Luis D'Elía y Fernando Esteche.
4- "Si
el Estado está ausente, tenemos derecho a hacer justicia por mano
propia"
Lo que suele llamarse "justicia
por mano propia" no es tal, sino la comisión de un delito
gravísimo: matar a alguien sin que esté en riesgo la propia vida o
la de un tercero. En ese caso, si se tratara de mi vida o la mi
agresor, podría considerarse legítimo matar. Pero cuando se habla
de "justicia por mano propia", se habla de otra cosa: de
casos en los que una persona desapodera a otra de un objeto -un auto,
un celular, dinero-, y cuando está huyendo, es asesinado por la
víctima de su robo. Esa víctima de robo, entonces, se transforma en
victimario, y de un delito mucho más grave, como es un homicidio. La
"ausencia del Estado" tampoco es justificación para matar
frente a un delito menor: el Estado está ausente en numerosos casos
y actividades -no asfalta todas las calles, no cura a todos los
enfermos, no educa a todas las personas que lo necesitan, no
construye todas las casas ni puentes necesarios...- sin embargo, a
casi nadie se le ocurre actuar como ingeniero, médico, maestro o
maestro mayor de obras, porque para hacer todas esas cosas, hay que
tener cierto saber, y ciertos conocimientos. Para actuar frente a un
delito, también, y hemos delegado esas acciones en diversas agencias
del sistema penal. Por supuesto que no siempre funcionan como
esperamos, pero eso no habilita a suplantarlas en algo tan grave como
es castigar -y mucho más con la muerte-, a otra persona.
El día 9 de junio de 2023, el poder judicial de la provincia de Buenos Aires resolvió sobreseer (es decir, no fue ni siquiera a juicio, sino que se lo desvinculó de la causa antes de realizarse un debate oral) a una persona que salió de su casa, adonde había ingresado otra persona con el objetivo de robarle, lo persiguió y le pegó un balazo en el piso, cuando estaba inerme y herido porque se había caído al escapar: https://www.telam.com.ar/notas/202306/630725-jubilado-quilmes-balazos-ladrones.html
Este caso es uno de tantos en los que la vida de una persona (el delincuente), parece un dato menor, frente a la acción de quien lo mata (el jubilado), ya no en legítima defensa, cuando entra en su casa, sino cuando está fuera de su domicilio, desarmado y tirado en el piso. La mayoría de los medios y de los sectores políticos, al menos los que se expresan, festejan estas acciones, y las decisiones del poder judicial que las legitiman.
Ha habido casos en que jurados "populares" tomaron la misma decisión, luego de sendos juicios:
Son habituales, asimismo, y más graves aún, las decisiones semejantes en casos de policías de civil que se "defienden" de intentos de robo matando a personas inermes y en fuga: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2023/05/24/para-el-fiscal-el-policia-que-mato-a-un-motochorro-en-moreno-no-actuo-en-legitima-defensa/
En este caso, a diferencia de cualquier otro homicidio, el policía no cumple prisión preventiva, y cuando algún integrante del poder judicial pretende avanzar en la investigación (en el caso, el fiscal), es severamente presionado por los medios y el poder político.
Cuando estos casos llegan a juicio (profesional o por jurados), en muchas ocasiones las resoluciones son de penas bajísimas o directamente de absolución:
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564752-chocobar-policia-baleado-muerto-delincuente-juicio.html
5-
"Es legítimo reaccionar colectivamente frente a los ladrones, a
los violadores y a los asesinos"
En 2014, y de nuevo en los últimos
meses, frente a ciertos hechos delictivos, se han producido lo que se
ha etiquetado como "linchamientos", que en realidad son
homicidios calificados por la alevosía: un grupo de personas
persigue a un presunto ladrón, o violador, o homicida, lo detiene, y
lo golpea hasta matarlo. A veces, también se quema su vivienda, o se
ataca a sus familiares. Aquí, la (mal) llamada "justicia por
mano propia" adquiere un cariz aún más brutal e inadmisible,
porque quienes actúan ni siquiera son las víctimas directas del
delito originario, sino que construyen una especie de venganza
colectiva contra el transgresor, que luego intentan justificar desde
el anonimato. No solo es brutal, sino de una cobardía suprema.
Lamentablemente, los crímenes cometidos por hordas de personas son también justificados bajo el argumento de lo que hizo el presunto delincuente, y con excusas del tipo "la justicia no funciona".
El caso quizá más emblemático es el de David Moreira, sucedido en un barrio de Rosario en el año 2018. La única persona condenada hasta la fecha lo fue por 3 años de ejecución condicional, y los otros dos procesados aun (a junio 2023), no pasaron por un juicio, luego de varias postergaciones:
6-
"Hay que poner más policías/gendarmes/prefectos en la calle"
Como el aumento de penas, esta
medida -que suele tomarse frente a cada "ola" de
inseguridad, sobre todo cuando se trata de hechos violentos que
generan lógica angustia e intranquilidad en la sociedad- no solo no
resuelve la generación de hechos graves, sino que los aumenta. En un
informe publicado por el Registro de Casos de Violencia Estatal
(Recave)
https://drive.google.com/file/d/0B7lHjPGSiS1EcjZRYldZSjcza1U/view
, en el que se registraron los hechos de violencia estatal publicados
por cinco medios nacionales y cuatro agencias de noticias, más los
difundidos por la Campaña Nacional Contra la Violencia
Institucional, se da cuenta de un total de 113 hechos provocados por
fuerzas de seguridad, de
los que en un 68% ha utilizado la violencia física. La mayor
presencia de los policías en las calles (por ejemplo a través de la
policía local) ha generado el despliegue de acciones que
enmascaradas en “políticas preventivas” (como pedir el DNI) han
incrementado la estigmatización y criminalización de (determinada)
población afectando a su vez al Estado de Derecho.
Organismos públicos como la Defensoría Pública de la CABA han producido informes en los últimos años, que reflejan los modos en que la violencia provocada por las fuerzas policiales y de seguridad se hacen presentes en la vida cotidiana, y cómo afectan a determinados colectivos de modo particular:
La instalación de contingentes de policías y fuerzas federales como gendarmería y prefectura, sobre todo en zonas en las que se producen situaciones crónicas o excepcionales de violencia no muestra que por ese solo hecho: ubicar puestos de gendarmes o prefectos o policías que paran autos o personas para revisarlos, evite los hechos de violencia estructural. El caso de Rosario y de las zonas del conurbano boanerense donde estos contingentes están presentes desde el año 2005, evidencia esta realidad.
7-
"Los presos ganan más que los jubilados"
Según
datos oficiales SNEEP, el 60 % de presos y presas no tiene empleo
remunerado. Del 40 % restante sólo un 15% consigue trabajar 40 horas
semanales. Como toda persona que realiza un trabajo, reciben una
compensación económica, que sólo para ese 15 % que accede a
trabajar la jornada completa es el equivalente a un salario mínimo,
vital y móvil. Así y todo, muchos no lo hacen, ya que su
remuneración suele ser afectada por una serie de descuentos que han
sido declarados inconstitucionales (Ver:
http://www.ppn.gov.ar/?q=info-trabajo).
NADIE recibe un salario, beca o subsidio por estar preso. Sólo
reciben compensación económica (un salario) aquellos que trabajan,
por ser trabajadores, como todos los trabajadores, lo que es un
derecho constitucional, salvo que se postule el trabajo esclavo.
Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (2021) en el ámbito federal solo el 33 % cumple y cobra por 40 horas semanales:
Lo que cobran es un salario mínimo. En el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, las cifras bajan abruptamente: solo el 14 % cumple 40 horas semanales. El 67 % de la población penal bonaerense no realiza NINGÚN trabajo remunerado:
En el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, las cifras son también muy preocupantes: solo el 14 % cumple 40 horas semanales de trabajo remunerado, y el 51 % no realiza ninguna actividad laboral:
Los y las presas no trabajan xq no se les ofrece hacerlo, no xq no quieran.
Y quienes pueden trabajar cobran salarios de hambre, o no cobran nada, xq se encubre el trabajo con "laborterapia", o "capacitación laboral".
Cabe recordar que con el dinero que cobran, además de compartir los gastos de sus familias, deben pagarse la comida, los elementos de higiene, la ropa personal y de cama, entre otros insumos de la vida cotidiana que se supone deberían ser provistos por el Estado.
8-
"La cárcel es escuela del delito/hay que construir más
cárceles”
La hipocresía con que se sostiene
alternativamente que "la cárcel solo enseña a cometer
delitos", y que "hay que construir más cárceles..."
es impactante. Nosotrxs entendemos que, efectivamente, la cárcel no
sirve para evitar la comisión de delitos, ni para reinsertar a
nadie, ni para educar. Es en la cárcel donde se cometen mayor
cantidad de delitos, y en su inmensa mayoría, por parte de
funcionarios públicos: masacres, homicidios, torturas, robos,
abandonos de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario
público...
La cárcel solo funciona como una
forma de la venganza social contra una parte de las personas que
cometen transgresiones definidas como delitos. No contra todxs, solo
contra algunxs. Y construir más cárceles, con el argumento de que
las existentes están deterioradas, solo provoca una consecuencia: se
siguen utilizando las viejas, más las nuevas, aumentando
explosivamente el número de personas detenidas.
En vez de resolver la situación de miles de personas que están cumpliendo penas anticipadas -es decir, están pasando días, meses y años de prisión sin estar condenados, o sea, cuando son jurídicamente inocentes- se propone crear nuevas cárceles. Todo ello, al tiempo que se repite que la cárcel no sirve. Además, y en paralelo con las reformas regresivas y punitivistas iniciadas en 2004, cada vez por más tiempo y sin posibilidad de acceder a los derechos de la ejecución de la pena.
9- “Hay
que bajar la edad de imputabilidad"
Como
sabemos que el encierro provoca daño, no queremos que más pibxs,
cada vez más jóvenes, ingresen allí. Por esos sostenemos nuestra
oposición a la baja de edad de punibilidad -entendida como la edad
mínima desde la que un adolescente puede ser sometido a proceso
penal, y recibir una pena- , como lo hemos explicado en detalle aquí:
http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2013/09/diez-motivos-actualizados-para-no-bajar.html
En 2017 y 2019 volvieron a presentarse proyectos de baja de edad de punibilidad, y en ambos casos nos opusimos, actualizando los argumentos. En el último caso, la propuesta fue de la actual candidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, y nuestra opinión fue contundente: el proyecto presentado era mucho peor que la ley actual, firmada por Videla:
En este año electoral, volvieron a presentarse proyectos de baja de edad de punibilidad. Aquí, nuestra opinión:
10-
"Hay que
hacer la guerra al narcotráfico"
En nombre de la
llamada “guerra contra las drogas”,
instaurada en los
últimos 50 años se
ha reforzado
una política belicista y punitiva que impacta en el
funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las
cárceles de América Latina.
En Argentina, en los últimos meses la lucha contra el narcotráfico
ha sido puesta en el centro del debate sobre las políticas de
seguridad. Sin embargo, los operativos han arrojado como resultado un
incremento de detenciones en delitos menores relacionados al uso de
drogas, estigmatizando y criminalizando al eslabón más débil de la
cadena. Un relevamiento hecho en los tribunales federales de la
Capital Federal en el mes de abril de 2015 revela que de
453 causas “policiales”, 376 eran por infracción a la ley de
drogas, es decir el 83 por ciento,
y de éstas, el 67 por ciento por tenencia de drogas para consumo
personal.
Una investigación del CELS acerca de la llamada "Guerra contra el narcotráfico" muestra cómo durante los años de gestión macrista, en que esta "guerra" fue un caballito de batalla de la entonces ministro de seguridad Patricia Bullrich, los resultados fueron magros, y la intervención penal y policial se produjo sobre todo en perjuicio de consumidores individuales y pequeños traficantes:
Las consecuencias de este tipo de guerras, en su espiral de violencia indiscriminada, pueden verse con absoluta claridad en algunos barrios del conurbano, de la Ciudad de Buenos Aires, y especialmente, en Rosario: las guerras dejan demasiados heridos y muertos, y no de los principales actores del negocio del narcotráfico, que se realiza lejos de los territorios y de los barrios populares.
11-
"Las leyes en Argentina son muy blandas y los jueces son
demasiado garantistas"
Como ya dijimos, no se resuelve
nada endureciendo leyes, aumentando penas o inventando más figuras
penales. Numerosos ejemplos demuestran que no sirve: se aumentaron
penas para quienes mataran a integrantes de fuerzas de seguridad;
para integrantes de fuerzas de seguridad que mataran personas (el
llamado gatillo fácil); se aumentaron penas para quienes mataran
mujeres en un contexto de violencia de género... ninguno de esos
delitos gravísimos disminuyó, todo lo contrario. No tenemos leyes
"blandas", todo lo contrario.
No
se puede ser “demasiado garantista”. Las garantías están
establecidas en la Constitución Nacional y en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos firmados por la Argentina, y nos
protegen a todos y todas de los abusos que históricamente cometieron
y cometen los Estados. Por eso, su aplicación es una obligación de
los jueces y juezas como así también de cualquier persona que
cumpla un rol en el sistema penal.
Ser garantista es simplemente
defender las garantías constitucionales de todxs y cada unx de
nosotrxs, de ustedes y de ellxs.
Sobre la importancia de las garantías, una entrevista con Maximiliano Rusconi doctor en derecho y profesor de derecho penal y procesal penal, ex abogado de Julio De Vido, en la que precisamente conversamos sobre este punto:
12. "Los que cometen delitos graves no tienen que salir nunca más.
Que se pudran en la cárcel"
Pudrirse en la cárcel significa
padecer torturas o no ser atendido cuando se padece una dolencia. Un
cuerpo que se pudre es un cuerpo lastimado, un dolor lacerante e
insoportable. Sobrevivir en la cárcel no es fácil. Uno de los modos
de hacerlo es saber que en algún momento se va a salir. Nuestra
legislación
sostiene -al igual que la mayoría de las legislaciones
penitenciarias más avanzadas- el sistema de progresividad, que
supone que cumpliendo determinados requisitos temporales y realizando
determinadas actividades -trabajo y estudio, buena conducta-, se
tiene derecho a obtener salidas transitorias y libertad condicional.
Es la base de nuestro sistema legal de ejecución de la pena, y
torpedear esa posibilidad es incumplirlo brutalmente.
Lo que más nos preocupa del sistema penitenciario son la tortura y
las condiciones inhumanas a las cuales se somete a miles de personas
que lo atraviesan de las que, prácticamente, nadie habla (Sobre las
condiciones inhumanas de encierro:
https://procuvinenlascarceles.mpf.gob.ar.
Sobre las torturas que padecen a diario:
http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2011/08/torturas-hoy-y-ahora.html)
Someter
a seres humanos a esas condiciones no debería ser la regla,
pretender que eso se extienda de por vida, es meramente venganza y no
encuentra justificativo legal de ningún tipo. No podemos olvidar que
quienes van presos son solo unos cuantos señalados como aquellos
“otros” que en el imaginario social poseen menos derechos que
“nosotrxs”.
Nadie, ni
siquiera nuestro peor enemigo debería tener como destino pudrirse en
vida, ni terminar sus días encerrado.
Como ya dijimos, las reformas penal es comenzadas en 2004 han hecho que haya cada vez más presos por más tiempo.
Sobre las condiciones de detención, el 9 de junio de 2023 la Procuración Penitenciaria de la Nación publicó un informe sobre la situación en cárceles federales. Allí pueden verse, en datos y números, las falsedades de las consignas vacías acerca de que los presos "entran por una puerta y salen por la otra", resumidas en la existencia de una supuesta "puerta giratoria", que en realidad parece girar solo para adentro:
Y también recientemente, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura publicó el informe de su visita a Santa Fe, en el que, entre otros datos, relata que: "desde el 2020 a la actualidad las personas alojadas en comisarías y alcaidías policiales pasaron de 613 a 1514. Esta superpoblación en los lugares de detención provisoria facilita situaciones de torturas o malos tratos."
13. "Los/as extranjeros/as de países limítrofes vienen a delinquir"
A partir de esta idea, la ministra Patricia Bullrich solicitó endurecer la política migratoria acelerando la expulsión de los/as extranjeros/as que delinquen y evitando el ingreso de personas con antecedentes penales. Específicamente propuso reducir la concentración de extranjeros/as que cometen delitos vinculados al narcotráfico, aduciendo que el porcentaje de la población de otros países detenida por dicho delito era significativa.
Esto es falso. Por un lado, porque una ínfima proporción de la población de otros países que reside en el país comete delitos: sólo un 0,2% (cifra que se mantuvo estable en los últimos 10 años). Si bien la infracción a la ley de drogas es el principal delito por el cual están detenidos los/as extranjeros/as, sólo un 17,5% de las personas presas son provenientes de otros países1. Aún más, si bien las estadísticas oficiales no permiten distinguir el tipo de delito del que se trata, distintas investigaciones2 han demostrado que la mayoría de los/as detenidos/as (en general, detenidas) que conforman esa cifra lo están por delitos menores vinculados al narcotráfico –por ejemplo el transporte de drogas en sus cuerpos-.
Asociar desde el Estado a los/as inmigrantes latinoamericanos/as (y no a otros/as) al narcotráfico no hace más que engrosar una imagen xenófoba y discriminatoria hacia dicha población.
Por otro lado, impedir el ingreso de personas con antecedentes penales es violatorio de los derechos y garantías de las personas. Una persona con antecedentes penales es una persona que cometió un delito, cumplió una pena por ello y ahora está en libertad. Esto no la convierte en un delincuente de por vida. Impedir su ingreso al país por la presunción de que pueda volver a cometer ese delito es condenarla de antemano. Y expulsarla del país si lo comete es aplicarle una doble condena, más grave aún si esa persona tiene una familia constituida e hijos/as nacidos en la Argentina.
Los datos oficiales otra vez son contundentes: del total de la población penal existente en la Argentina en el año 2021 (último año relevado), el 95 % son argentinos; el 4 % de países limítrofes y de Perú, y el 1 % de otros países, mientras que, según el Censo 2022, el total de personas viviendo en la Argentina con documento extranjero ascendía a poco más de 3 millones de personas, es decir, un porcentaje sobre la totalidad de la población del 6 %. Es decir: la proporción de extranjeros que cometen delitos se corresponde (y es aún un poco menor) a la proporción de extranjeros que viven en la Argentina.
1 Amaya, Sol (31-01-17) Inmigrantes y delito: qué dicen las cifras: http://www.lanacion.com.ar/
2 Corda, A. (2016) La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Intercambios Asociación Civil: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales 2016. ISBN 978-987-28608-3-7.
Quienes
integramos el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos
Humanos (CEPOC) queremos vivir en una sociedad donde disminuyan los
niveles de violencia y dolor, y en la que se respeten los derechos y
garantías de todas las personas, aún de las que cometan delitos.
Porque sabemos que cuando se plantea que la violencia se combate con
más violencia, y cuando se recortan derechos y garantías de algunos
-los enemigos de cada momento: los gauchos del siglo XIX, los malones
durante la llamada Conquista del Desierto, los anarquistas de
principios de siglo, los peronistas de la Resistencia, los
subversivos de los '70, los pibes chorros de siempre, los narcos y
los K de estos tiempos- se nos está destruyendo a todos y todas.
Aunque, al principio, algunos no se den cuenta y piensen que las
masacres estatales solo afectan a esos otros que les son ajenos.
Buenos
Aires, octubre de 2016
Buenos Aires, junio de 2023
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