A partir de las asunciones de los gobiernos nacional, de la
provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a principios
de diciembre de 2015, comenzaron a conocerse situaciones de violencia de
diverso tenor ejercidas por distintas fuerzas de seguridad y policiales:
excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación
policial sin motivo; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales;
ingresos brutales a barrios; actividades de control abusivas, etc.
Si bien es cierto que estas situaciones no se iniciaron con
la nueva gestión del macrismo, sino que son prácticas históricamente ejecutadas
por las fuerzas de seguridad, lo cierto es que la desarticulación de diversas
áreas del gobierno nacional que ejercían instancias de control, ha generado lo
que parece ser una vía libre al incremento de esas violencias y abusos.
A ello se suma el fallo dictado los últimos días de
diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el que la máxima autoridad judicial de la CABA habilita a las
policías locales y federales a requerir arbitrariamente documentos de identidad
en la vía pública, al afirmar que ello forma parte de las tareas habituales de
"control y prevención del delito". Esto implica un aval y una
legitimación del poder judicial a prácticas que violan garantías básicas de
todas las personas, y muy en especial a las que son habitualmente construidas
como sospechosas: jóvenes, habitantes de barrios populares, personas sin techo,
etc. Prácticas que, como se sabe, han llevado al Estado Argentino a ser
condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Bulacio,
sentencia del año 2003)
Asimismo, y en este contexto, el Estado viene interviniendo
de modo violento y con una utilización indiscriminada de su fuerza en dos
situaciones que, a la par que aumentan los despidos, la inflación y las
situaciones de desamparo social, también aumentan: la protesta social, y la
economía informal. Así, hemos visto casos de represión a trabajadores/as en
lucha, y persecución y uso de fuerza frente a situaciones que tienen su origen
en la falta de trabajo -como es el caso de los "manteros"- o la
vulneración de derechos -como en los casos de las personas en situación de
calle-
Estas prácticas no surgen de la mala actuación de uno o
algunos funcionarios públicos, sino que constituyen prácticas ilegales y
sistemáticas, sostenidas por el aparato del Estado de modo formal, a través de
la elaboración de normas de baja jerarquía -resoluciones, decretos,
instrucciones- pero de enorme efectividad, en tanto no son cuestionadas por el
aparato judicial.
A partir de esta caracterización, el Centro de Estudios en
Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares
de Detenidos en Cárceles (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre (LADH) hemos resuelto construir un Registro de Casos de Violencia
Estatal (RECAVE), con el objetivo de relevar las situaciones que se desarrollen
en la CABA y el Conurbano, y el modo en
que los casos se difunden a través de los medios.
Con ese objeto, conformamos un equipo de abogados/as,
sociólogas, familiares y militantes de derechos humanos; y creamos una página
de Facebook, un correo electrónico, en el que invitamos a quienes hayan
padecido situaciones de violencia estatal cometidas por fuerzas de seguridad o
por parte del sistema de justicia, o por parte de cualquier otra institución
del Estado, o conozcan casos de este tipo, a que los compartan. También
invitamos a quienes quieran hacerlo personalmente, a que se acerquen los martes
de 16 a 19 a la sede de la LADH, sita en Avda. Corrientes 1785 2do. C.
Teniendo en cuenta todo ello, este primer semestre hemos decidido llevar adelante un relajamiento de casos de violencia estatal que parte de la base de la información publicada por los medios de comunicación de alcance nacional.
