OTRA VEZ RECETAS NEFASTAS


Esta basura están por votar.
Luego, vienen las lágrimas de cocodrilo porque las cárceles estallan, porque no se puede reinsertar a nadie, por la muerte y la tortura.
Votan basura, y encima, en los fundamentos, citan los ejemplos de México y Colombia, los dos países modélicos en violaciones brutales de derechos humanos.
LEY MARCO PARA EL OTORGAMIENTO DE LIBERTADES DURANTE EL PROCESO PENAL
Artículo 1°.- Disposiciones Generales. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de esta ley son de orden público y se aplican en forma sustitutiva y complementaria al Código Procesal Penal de la Nación y a cualquier otro ordenamiento procesal penal de Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la presente.
Artículo 2°.- Objeto. La presente ley es reglamentaria del derecho a la libertad expresamente contemplado en el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos y parte de nuestro plexo constitucional por imperio del artículo 75 inc. 22.
Artículo 3°.- Finalidad. La presente ley establece las pautas generales y particulares para el dictado, cese, modificación y/o atenuación de medidas de coerción durante el proceso penal y su debida registración.
Artículo 4°.- Peligro Procesal. Sin perjuicio del peligro de fuga y el entorpecimiento procesal el Órgano Jurisdiccional está obligado a evaluar si el accionar del imputado puede constituir un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Artículo 5°.- Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2. La cantidad de delitos que se le imputan, la naturaleza de los mismos y la existencia de fugas o quebrantamientos de pena. 3. El hecho de estar procesado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de coerción, o de haber accedido a un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso. 4. La existencia de sentencias condenatorias por delito doloso y/o la posibilidad de declaración de reincidencia.
Artículo 6°.- Peligro para la víctima. Se entiende que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Artículo 7°.- Protocolo de Libertad. El dictado de cualquiera de las medidas liberatorias y/o morigeraciones y/o atenuaciones contempladas en el artículo 3°, sólo se considera debidamente fundado cuando el órgano jurisdiccional justiprecie: 1- El historial criminal completo del imputado, el que debe contener entre otros datos relevantes el informe del Registro Nacional de Reincidencia. 2- El historial psicológico, médico y psiquiátrico si correspondiere.; 3- El historial de violencia de género, contra la mujer y familiar en el fuero de Familia y/o cualquier otro fuero donde lo tuviere; 4- La recomendación del fiscal interviniente y de la parte querellante; 5- La recomendación del Servicio Penitenciario a través de los organismos pertinentes; 6- La información y opinión aportada por la víctima o las asociaciones de víctimas que la representen y hayan ejercido su derecho a ser oído; 7- El informe de campo completo, en especial, visita al domicilio propuesto para residencia,al grupo familiar o contenedor, y al posible empleador si lo hubiere; 8- Los datos emergentes del Registro Nacional de Medidas de Coerción. 9- Audiencia personal con el juez o tribunal interviniente, una vez reunidos los requisitos anteriores.
Artículo 8°.- Registro Nacional de Medidas de Coerción. La Corte Suprema de Justicia implementará un registro virtual de consulta informático donde deberán asentarse al menos:1. Nombre completo, y demás datos individualizantes del caucionado. 2. Circunstancias generales del hecho y particulares relevantes que motivaron la caución. 3. Número de expediente, fiscalía actuante y órgano jurisdiccional que dictó la medida. 4. Clase, alcance y duración de la caución adoptada. 5. Reglas compromisorias impuestas al encartado. 6. Modificación, atenuación y/o cese de la medida. 7. Declaración de rebeldía y pedido de captura.
Artículo 9°.- Al momento de dictarse alguna de las medidas previstas en el artículo 3° de la presente, el órgano jurisdiccional deberá hacer constar los datos exigidos precedentemente en el Registro Nacional de Medidas de Coerción.
Artículo 10.- La información obrada en este registro será confidencial y reservada y sólo podrán tener acceso: 1. las autoridades judiciales y fiscales, para los fines de la presente ley. 2. los imputados cargados en el registro, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y de cualquier decisión jurisdiccional erróneamente consignada o desactualizada, con la pertinente autorización judicial. Los datos contenidos en el Registro Nacional de Medidas de Coerción serán proporcionados al imputado y a su abogado defensor cuando lo soliciten y sólo podrán utilizarlos en el ejercicio del derecho de defensa.
Artículo 11.- Sanciones. El funcionario público que incumpla las disposiciones de la presente ley incurrirá en falta grave y se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 12.- Adhesión. Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente. Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:Que las legislaciones procesales más modernas procuran ampliar la recepción de los derechos de la víctima en aras de lograr su tutela judicial efectiva. Que los viejos esquemas procesales sólo receptaban genéricos peligros procesales para la adopción, variación o cese de las medidas de coerción. Que variada y disociada jurisprudencia, sin un control casatorio efectivo, ha generado toda clase de criterios respecto a la libertad del imputado durante la sustanciación del proceso penal. Que a estas prácticas se suma la ausencia de registración efectiva de las medidas cautelares y sus modificaciones, recayéndose en casos de extrema injusticia por falta de modernización y coordinación del Poder Judicial con su diversos efectores y con el resto delas agencias del estado. Que muchas prácticas registrales han salido de la esfera del propio Poder Judicial que debe merituarlas en tiempo real, lo que significa una mengua en la independencia y en la calidad de la prestación de su servicio esencial.
Tomando las experiencias de los códigos procesales de México y Colombia entre otros, incorporamos en una ley de orden público reglamentación al derecho a la libertad y por ende a las medidas de caución en cuanto su faz privativa reglamentada. Expresamente dispusimos que al momento de considerarse una libertad durante el trámite del proceso el órgano judicial competente está obligado a evaluar si el accionar del imputado puede constituirse en un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Siguiendo criterios comparados y experiencia procesal hemos tasado los casos donde se presume iuris tantum la afectación de la seguridad de la sociedad y de la víctima. Afincados en criterios de realidad y en busca de más certezas procesales hemos diseñado un“Protocolo de Libertad” para que los jueces tengan herramientas estandarizadas para un juicio de valor más seguro sobre la libertad del sometido a proceso penal. Este protocolo ritual establece los nueve pasos elementales que el Juez no puede desconocer cada vez que es llamado a resolver sobre la libertad del sometido a proceso. En ellos se contempla desde la valoración del historial criminal completo del imputado, hasta la imprescindible entrevista personal con el juez. Pese a su origen inquisitivo con anticipación meridiana el artículo 7 de la ley 3589 (viejo Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires) no sólo preveía un contacto personal con el imputado para que este ejerza su defensa material (hoy artículo 8, inciso primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), sino como paso previo a que el juez dictara la sentencia. Hoy muchos caucionados con prisión preventiva recuperan su libertad de forma automática,efectuándose su salida de una dependencia policial sin tener contacto real y evaluación personal previa del Juez de la Causa. Por último creamos el necesario “Registro de Medidas de Coerción” donde cada privación de la libertad durante el proceso o sus modificaciones e incluso las rebeldías y pedidos de captura deben asentarse en un registro virtual de acceso reservado. Esta herramienta permitirá conformar una red de información vital para los operadores de la justicia, conocerel número real de personas afectadas en su libertad y evitar también las arbitrariedades al momento de resolver su situación procesal. También estamos convencidos que forma progresiva el Poder Judicial debe ir retomando o conformando facultades, que por naturaleza le son propias y cuya operatoria por parte de otros poderes del estado afecta, en definitiva, su independencia. Toda registración cuyos datos sea esencial colectar, preservar y usar en el curso de la investigación penal deben ser gerenciados por el propio Poder Judicial. Por estos argumentos, solicito a mis colegas me acompañen con su voto

http://frenterenovador.org.ar/massa-propone-limitar-las-excarcelaciones-para-terminar-con-la-puerta-giratoria/

12 IDEAS SOBRE DELITO Y SEGURIDAD Y LAS POSICIONES DEL CEPOC




1- "Hay que aumentar las penas frente a los delitos violentos"

No sirve para nada: los delitos más violentos (secuestro seguido de muerte, torturas seguidas de muerte, homicidio en ocasión de robo, homicidio con alevosía, homicido calificado por el vínculo, el odio, la discriminación, homicidio de integrantes de fuerzas de seguridad, etc) YA tienen pena de prisión perpetua, lo que no hizo que disminuyeran. Según datos publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP: http://www.jus.gob.ar/media/3074134/informe_sneep_argentina_2014.pdf), en 1996 había 25.163 presos y presas (mayores de 18 años, y sin contar a quienes están detenidos en comisarías e institutos de menores) en todo el país. En 2014, último año en el que hay estadísticas, la cifra ascendió a 69.060. Aumentan las penas, aumenta la tasa de encarcelamiento y el delito no disminuye.

2- "Hay que implantar pena de muerte. El que mata tiene que morir"

Además de todas las razones de orden ético y político por los que la pena de muerte es despreciable, a lo que se suma su inutilidad para detener el delito violento (lo que se demuestra claramente en el caso de los Estados Unidos, donde hay pena de muerte en varios Estados, lo que no ha disminuido la comisión de delitos violentos), esta propuesta es inviable: nuestro país es parte de un tratado de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que PROHÍBE que los países que suprimieron la pena de muerte, la reincorporen a su ordenamiento jurídico. Por otra parte, como lo demuestran brutalmente las masacres carcelarias sucedidas en nuestro país, y las muertes cotidianas que se producen en los lugares de encierro, estar preso eleva a niveles significativos la probabilidad de morir por causas violentas, o por falta de atención de dolencias físicas, que se acrecientan durante la reclusión.

3- "Los chorros entran por una puerta y salen por la otra"

La tasa de encarcelamiento en la Argentina es de 161,65 presos cada 100.000 habitantes (SNEEP, 2014), por encima de la tasa mundial de 144 cada 100.000 habitantes. Si se incluye a los presos y presas alojados en comisarías, la tasa asciende a 165 presxs cada 100.000 habitantes, según datos de la Procuración Penitenciaria: http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Estad%C3%ADstica%20carcelaria%202014_1.pdf
El 51% de las personas privadas de libertad, según SNEEP 2014, y el 61 % para el caso de los presos federales, según los datos de la Procuración Penitenciaria, está procesada. Es decir: todavía no se ha probado que cometió un delito, no ha sido condenada y ni siquiera debería estar en la cárcel -salvo excepciones fundadas, por existir peligro procesal, es decir, casos en los que se pueda demostrar que la persona en libertad podría fugarse, o entorpecer la investigación-. Se supone que a la cárcel SOLO deberían ser enviadas personas que ya han sido declaradas responsables de cometer un delito. Miles y miles de personas entran por una puerta y tienen que esperar dos, tres y hasta cinco años para llegar a juicio. Un 25 % de ellas, cuando sean juzgadas, serán absueltas, pero eso no le importa a nadie. Son las personas que JAMÁS deberían haber cruzado la puerta de una comisaría esposadas. Y, desde el 10 de diciembre de 2015, la cárcel se utiliza como amenaza y como concreción de la persecución política. El caso de Milagro Sala, detenida el 16 de enero de 2016 y mantenida en la cárcel con sucesivas causas armadas, junto con otrxs 11 integrantes del Movimiento Tupac Amaru, lo demuestra con claridad.

4- "Si el Estado está ausente, tenemos derecho a hacer justicia por mano propia"

Lo que suele llamarse "justicia por mano propia" no es tal, sino la comisión de un delito gravísimo: matar a alguien sin que esté en riesgo la propia vida o la de un tercero. En ese caso, si se tratara de mi vida o la mi agresor, podría considerarse legítimo matar. Pero cuando se habla de "justicia por mano propia", se habla de otra cosa: de casos en los que una persona desapodera a otra de un objeto -un auto, un celular, dinero-, y cuando está huyendo, es asesinado por la víctima de su robo. Esa víctima de robo, entonces, se transforma en victimario, y de un delito mucho más grave, como es un homicidio. La "ausencia del Estado" tampoco es justificación para matar frente a un delito menor: el Estado está ausente en numerosos casos y actividades -no asfalta todas las calles, no cura a todos los enfermos, no educa a todas las personas que lo necesitan, no construye todas las casas ni puentes necesarios...- sin embargo, a casi nadie se le ocurre actuar como ingeniero, médico, maestro o maestro mayor de obras, porque para hacer todas esas cosas, hay que tener cierto saber, y ciertos conocimientos. Para actuar frente a un delito, también, y hemos delegado esas acciones en diversas agencias del sistema penal. Por supuesto que no siempre funcionan como esperamos, pero eso no habilita a suplantarlas en algo tan grave como es castigar -y mucho más con la muerte-, a otra persona.

5- "Es legítimo reaccionar colectivamente frente a los ladrones, a los violadores y a los asesinos"

En 2014, y de nuevo en los últimos meses, frente a ciertos hechos delictivos, se han producido lo que se ha etiquetado como "linchamientos", que en realidad son homicidios calificados por la alevosía: un grupo de personas persigue a un presunto ladrón, o violador, o homicida, lo detiene, y lo golpea hasta matarlo. A veces, también se quema su vivienda, o se ataca a sus familiares. Aquí, la (mal) llamada "justicia por mano propia" adquiere un cariz aún más brutal e inadmisible, porque quienes actúan ni siquiera son las víctimas directas del delito originario, sino que construyen una especie de venganza colectiva contra el transgresor, que luego intentan justificar desde el anonimato. No solo es brutal, sino de una cobardía suprema.

6- "Hay que poner más policías/gendarmes/prefectos en la calle"

Como el aumento de penas, esta medida -que suele tomarse frente a cada "ola" de inseguridad, sobre todo cuando se trata de hechos violentos que generan lógica angustia e intranquilidad en la sociedad- no solo no resuelve la generación de hechos graves, sino que los aumenta. En un informe publicado por el Registro de Casos de Violencia Estatal (Recave) https://drive.google.com/file/d/0B7lHjPGSiS1EcjZRYldZSjcza1U/view , en el que se registraron los hechos de violencia estatal publicados por cinco medios nacionales y cuatro agencias de noticias, más los difundidos por la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, se da cuenta de un total de 113 hechos provocados por fuerzas de seguridad, de los que en un 68% ha utilizado la violencia física. La mayor presencia de los policías en las calles (por ejemplo a través de la policía local) ha generado el despliegue de acciones que enmascaradas en “políticas preventivas” (como pedir el DNI) han incrementado la estigmatización y criminalización de (determinada) población afectando a su vez al Estado de Derecho.

7- "Los presos ganan más que los jubilados"

Según datos oficiales SNEEP, el 60 % de presos y presas no tiene empleo remunerado. Del 40 % restante sólo un 15% consigue trabajar 40 horas semanales. Como toda persona que realiza un trabajo, reciben una compensación económica, que sólo para ese 15 % que accede a trabajar la jornada completa es el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Así y todo, muchos no lo hacen, ya que su remuneración suele ser afectada por una serie de descuentos que han sido declarados inconstitucionales (Ver: http://www.ppn.gov.ar/?q=info-trabajo). NADIE recibe un salario, beca o subsidio por estar preso. Sólo reciben compensación económica (un salario) aquellos que trabajan, por ser trabajadores, como todos los trabajadores, lo que es un derecho constitucional, salvo que se postule el trabajo esclavo.

8- "La cárcel es escuela del delito/hay que construir más cárceles”

La hipocresía con que se sostiene alternativamente que "la cárcel solo enseña a cometer delitos", y que "hay que construir más cárceles..." es impactante. Nosotrxs entendemos que, efectivamente, la cárcel no sirve para evitar la comisión de delitos, ni para reinsertar a nadie, ni para educar. Es en la cárcel donde se cometen mayor cantidad de delitos, y en su inmensa mayoría, por parte de funcionarios públicos: masacres, homicidios, torturas, robos, abandonos de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público...
La cárcel solo funciona como una forma de la venganza social contra una parte de las personas que cometen transgresiones definidas como delitos. No contra todxs, solo contra algunxs. Y construir más cárceles, con el argumento de que las existentes están deterioradas, solo provoca una consecuencia: se siguen utilizando las viejas, más las nuevas, aumentando explosivamente el número de personas detenidas.

9- “Hay que bajar la edad de imputabilidad"

Como sabemos que el encierro provoca daño, no queremos que más pibxs, cada vez más jóvenes, ingresen allí. Por esos sostenemos nuestra oposición a la baja de edad de punibilidad -entendida como la edad mínima desde la que un adolescente puede ser sometido a proceso penal, y recibir una pena- , como lo hemos explicado en detalle aquí: http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2013/09/diez-motivos-actualizados-para-no-bajar.html

10- "Hay que hacer la guerra al narcotráfico"

En nombre de la llamada “guerra contra las drogas”, instaurada en los últimos 50 años se ha reforzado una política belicista y punitiva que impacta en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles de América Latina. En Argentina, en los últimos meses la lucha contra el narcotráfico ha sido puesta en el centro del debate sobre las políticas de seguridad. Sin embargo, los operativos han arrojado como resultado un incremento de detenciones en delitos menores relacionados al uso de drogas, estigmatizando y criminalizando al eslabón más débil de la cadena. Un relevamiento hecho en los tribunales federales de la Capital Federal en el mes de abril de 2015 revela que de 453 causas “policiales”, 376 eran por infracción a la ley de drogas, es decir el 83 por ciento, y de éstas, el 67 por ciento por tenencia de drogas para consumo personal.

11- "Las leyes en Argentina son muy blandas y los jueces son demasiado garantistas"

Como ya dijimos, no se resuelve nada endureciendo leyes, aumentando penas o inventando más figuras penales. Numerosos ejemplos demuestran que no sirve: se aumentaron penas para quienes mataran a integrantes de fuerzas de seguridad; para integrantes de fuerzas de seguridad que mataran personas (el llamado gatillo fácil); se aumentaron penas para quienes mataran mujeres en un contexto de violencia de género... ninguno de esos delitos gravísimos disminuyó, todo lo contrario. No tenemos leyes "blandas", todo lo contrario. No se puede ser “demasiado garantista”. Las garantías están establecidas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por la Argentina, y nos protegen a todos y todas de los abusos que históricamente cometieron y cometen los Estados. Por eso, su aplicación es una obligación de los jueces y juezas como así también de cualquier persona que cumpla un rol en el sistema penal.
Ser garantista es simplemente defender las garantías constitucionales de todxs y cada unx de nosotrxs, de ustedes y de ellxs.

12- "Los que cometen delitos graves no tienen que salir nunca más. Que se pudran en la cárcel"

Pudrirse en la cárcel significa padecer torturas o no ser atendido cuando se padece una dolencia. Un cuerpo que se pudre es un cuerpo lastimado, un dolor lacerante e insoportable. Sobrevivir en la cárcel no es fácil. Uno de los modos de hacerlo es saber que en algún momento se va a salir. Nuestra legislación sostiene -al igual que la mayoría de las legislaciones penitenciarias más avanzadas- el sistema de progresividad, que supone que cumpliendo determinados requisitos temporales y realizando determinadas actividades -trabajo y estudio, buena conducta-, se tiene derecho a obtener salidas transitorias y libertad condicional. Es la base de nuestro sistema legal de ejecución de la pena, y torpedear esa posibilidad es incumplirlo brutalmente. Lo que más nos preocupa del sistema penitenciario son la tortura y las condiciones inhumanas a las cuales se somete a miles de personas que lo atraviesan de las que, prácticamente, nadie habla (Sobre las condiciones inhumanas de encierro: https://procuvinenlascarceles.mpf.gob.ar. Sobre las torturas que padecen a diario: http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2011/08/torturas-hoy-y-ahora.html)
Someter a seres humanos a esas condiciones no debería ser la regla, pretender que eso se extienda de por vida, es meramente venganza y no encuentra justificativo legal de ningún tipo. No podemos olvidar que quienes van presos son solo unos cuantos señalados como aquellos “otros” que en el imaginario social poseen menos derechos que “nosotrxs”.
Nadie, ni siquiera nuestro peor enemigo debería tener como destino pudrirse en vida, ni terminar sus días encerrado.

Quienes integramos el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) queremos vivir en una sociedad donde disminuyan los niveles de violencia y dolor, y en la que se respeten los derechos y garantías de todas las personas, aún de las que cometan delitos. Porque sabemos que cuando se plantea que la violencia se combate con más violencia, y cuando se recortan derechos y garantías de algunos -los enemigos de cada momento: los gauchos del siglo XIX, los malones durante la llamada Conquista del Desierto, los anarquistas de principios de siglo, los peronistas de la Resistencia, los subversivos de los '70, los pibes chorros de siempre, los narcos y los K de estos tiempos- se nos está destruyendo a todos y todas. Aunque, al principio, algunos no se den cuenta y piensen que las masacres estatales solo afectan a esos otros que les son ajenos.

Buenos Aires, octubre de 2016