TAMBIÉN LO DICE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO: NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD

Desde hace muchos años, casi desde el momento en que nacimos como organización, en el CEPOC, venimos diciendo de múltiples maneras: NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD. 

En 2009 elaboramos los "10 motivos para no bajar la edad de punibililidad". 

En 2010 y 2011 asistimos a audiencias públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores, para explicar por qué nos oponíamos a las propuestas de baja de edad. 

Desde 2002, además, una de nosotras trabaja el caso de los Jóvenes condenados a Prisión Perpetua. 

En todos estos años discutimos respetuosamente con quienes, con diversos argumentos, defendían la baja de edad de punibilidad, incluso con nuestro maestro, Raúl Zaffaroni. Con quienes lo hacen por derecha, con argumentos de mano dura y mero castigo; y con quienes lo hacen desde posiciones seudogarantistas, apelando a las supuestas garantías que se les brindarían a niños y niñas de 14 y 15 metiéndolos en el sistema penal. Fuimos llamados defensores de una ley de la dictadura, hipócritas y otras lindezas, por llamados expertos como Emilio García Méndez y su Fundación Sur, fervientes impulsores de la baja de edad de punibilidad a cómo diera lugar.  

Hemos desplegado todo tipo de argumentos, y construido nuevos, a medida que la situación ha ido cambiando. Cuando se nos dice que a los 14 un pibe o una piba son "suficientemente maduros" para recibir castigo penal, respondemos que la edad de 16 años en nuestro país es la edad en que un/a adolescente puede trabajar, votar, y decidir sobre su propio cuerpo, y no hay ningún motivo para que vaya preso o sufra castigo penal antes de esa edad. 

Mucho menos aceptamos el argumento esgrimido en los últimos tiempos por la legisladora de Cambiemos Elisa Carrió, que sostiene que los adolescentes deben ser sometidos a proceso penal "para que nos digan quienes los mandan a delinquir", porque repudiamos que lxs adolescentes sean utilizados como instrumentos para la investigación, lo que los pone en situación de riesgo de persecución, e incluso de ser sometidos a torturas y malos tratos. Ninguna persona está obligada a declarar en su contra en nuestro país, con más razón debe impedirse que se intente obligar a un niño o una niña a que declare contra sus intereses y su integridad física o la de sus seres queridos. 

Todo esto, lo hicimos vinculando el derecho de niños, niñas y adolescentes a disfrutar de una vida plena y feliz, y a ser objeto de cuidados y de protección, denunciando cada caso de violencia estatal en su contra.  

Casi todo esto está contado aquí: 

https://drive.google.com/open?id=0B7lHjPGSiS1EbV90UjA3TEpIUzQ

En enero de 2017 nos pusimos a construir, junto a otras organizaciones y personas,  Argentina No Baja, para oponernos colectivamente a los intentos del gobierno nacional de volver con la propuesta de bajar la edad de punibilidad, utilizando esta vez de modo falaz y perverso un hecho trágico como fue la muerte de Brian Aguinaco, un niño de 14 años, el 24/12/16 atribuida a otro adolescente de 15 años, que no tuvo nada que ver con el hecho, pero que fue señalado en primera instancia.

Desde Argentina No Baja impulsamos acciones, difusión, trabajo, militancia de una punta a otra del país. 
El gobierno sometió su propuesta a un conjunto de organizaciones, incluida Unicef, y el resultado fue abrumadoramente en contra: de 40, 32 le dijeron que no. Solo acompañaron la idea de la baja un político de la UCD, una organización de víctimas que propone políticas de mano dura y cárcel eterna, y la inefable Fundación Sur. 

Hoy estamos felices, porque recibimos las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y vemos que las posiciones que hemos estado defendiendo durante todos estos años, son recogidas por el organismo internacional que tiene la función de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país. Es decir: es la Constitución misma. 

Aquí, algunos párrafos: 

  1. Tortura y violencia institucional
  2. 21. Si bien toma nota con satisfacción del establecimiento en 2017 de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Comité le sigue preocupando profundamente:
  3. a) Las condiciones de vida inaceptables y el maltrato, el abuso y la violencia contra los niños en los centros de atención alternativa, que afectan especialmente a las niñas y los niños con discapacidad; b) El hacinamiento y las deficientes condiciones de vida en los centros de detención de menores y en las cárceles, que pueden equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de los niños; c) Las denuncias de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad federales y provinciales bajo custodia policial, a menudo en casos de niños y adolescentes en situación de marginación social; y el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad, incluso en las escuelas, junto con la justificación de tales medidas; d) Las altas tasas de impunidad y el escaso número de enjuiciamientos y condenas de los autores de actos de violencia contra los niños en las instituciones públicas de atención y los centros de detención; e) La insuficiente información sobre los recursos y la reparación de los niños víctimas de la violencia, el abuso y el descuido al cuidado del Estado.hor
  4. 22. En relación con su Observación general Nº 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser sometido a ninguna forma de violencia, y tomando nota de la meta 16.2 de los objetivos de desarrollo sostenible, relativa a la eliminación de los malos tratos, la explotación, la trata y todas las formas de violencia contra los niños, el Comité insta al Estado parte a que:
  5. a) Adopte una estrategia amplia para poner fin a todos los abusos contra los niños en instituciones de acogida, supervise sistemáticamente la situación de los niños en las instituciones y dé prioridad a la investigación de todos los casos de violencia, velando por que se identifique y destituya inmediatamente al personal responsable de la violencia y los abusos;
  6. b) Adopte sin demora una estrategia global para reducir el hacinamiento en los centros de detención de menores y mejorar las condiciones de vida de los niños detenidos;
  7. c) Adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra los niños y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad y adopte medidas urgentes para poner fin a las intervenciones policiales en el entorno escolar;
  8. d) Investigue minuciosa e imparcialmente todas las denuncias de tortura, violencia, acoso y abuso, incluso por parte de la policía, y vele por que los autores sean enjuiciados y, en caso de ser condenados, castigados en función de la gravedad de sus actos;
  9. e) Establezca un sistema de gestión de la información para hacer un seguimiento del número de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de niños en todos los entornos, así como del número de enjuiciamientos de los autores y las penas impuestas;
  10. f) Establezca un procedimiento de denuncia para todos los niños internados en centros de atención y detención y proporcione los recursos adecuados.
  11. Administración de la justicia de menores
  12. 43. El Comité sigue profundamente preocupado por el hecho de que la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la administración de la justicia de menores aún no se hayan aplicado (CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 80). Le preocupa especialmente que:ace 8 hora
  13. a) El sistema de justicia de menores sigue estando administrado por la Ley Nº 22278, a pesar de su incompatibilidad con la Convención;
  14. b) Persiste la práctica discrecional de detener a niños, niñas y adolescentes para su `protección', y no necesariamente por haber cometido un delito;
  15. c) El hacinamiento, la nutrición deficiente, las instalaciones inadecuadas de cama y saneamiento, junto con la falta de oportunidades de educación y capacitación, han dado lugar a condiciones de vida espantosas en muchos centros de detención de menores;
  16. d) Se sigue internando a un gran número de niños en centros correccionales y educativos para menores que están aislados de la comunidad en general y tienen un contacto limitado con la familia;
  17. e) A pesar de que el Estado parte tiene la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 de abstenerse de condenar a los niños a cadena perpetua o a penas equivalentes, las sentencias dictadas posteriormente por los tribunales de algunas provincias han dado lugar a penas de entre 20 y 27 años.
  18. 44. Reiterando sus recomendaciones anteriores, y en relación con su Observación general Nº 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, el Comité recomienda que el Estado parte:
  19. a) Apruebe una ley general de justicia de menores que se ajuste a la Convención y a las normas internacionales de justicia de menores, en particular en relación con la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible, y de que no incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal; b) Aborde urgentemente los centros de detención de todas las provincias y vele por que cumplan las normas internacionales y por que exista una supervisión independiente; c) Promover medidas no judiciales, como la remisión de casos, la libertad condicional, la mediación, el asesoramiento o los servicios a la comunidad y, siempre que sea posible, utilizar medidas alternativas al dictar sentencia d) En los casos en que la detención sea inevitable, velar por que los niños no sean detenidos junto con adultos y por que tengan acceso a su familia o a un tutor; e) Cumpla plenamente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se abstenga de condenar a niños y niñas a penas que puedan equivaler a cadena perpetua; f) Vele por que se preste asistencia letrada gratuita, cualificada e independiente a los niños en conflicto con la ley en una etapa temprana del procedimiento y durante todo el proceso judicial; g) Solicite cooperación técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y al UNICEF, entre otros organismos.

Estamos felices, porque lo que venimos diciendo desde hace años se ve plasmado en estas recomendaciones emitidas hoy por el Comité. 

Teníamos razón, y el derecho a sentirnos orgullosa parte de un colectivo que a lo largo y ancho del país dice NO a la baja de edad de punibilidad. 

Tenemos en quiénes apoyarnos: Recordamos a Evita, y sabemos con ella que Los únicos privilegiados son los niños,  y con el enorme cubano José Martí, repetimos que Los niños nacieron para ser felices. 

Claudia Cesaroni
Buenos Aires, 6 de junio de 2018.

No a los fusilamientos de pibes, no a la baja de edad de punibilidad.

En pocas semanas se sucedieron hechos gravísimos, cuyas víctimas fueron niños y adolescentes. Uno de esos casos, que dio lugar a la llamada "Doctrina Chocobar", sucedió en diciembre de 2017, pero el conocimiento público se reactivó cuando leímos un titular que de inmediato despertó la indignación de una parte de la sociedad: 
¿Cómo es posible que estos jueces garantistas embarguen a un pobre policía que defendió a un turista brutalmente apuñalado? Turista norteamericano, para más datos, que había sido salvado gracias a la actuación brillante de los médicos del Hospital Argerich?
Lo que ese titular y otros similares no decían, era que en su intervención el policía, de apellido Chocobar, había asesinado por la espalda a un adolescente de 18 años, Juan Pablo Kukoc, cuando estaba huyendo. Lo que sucedió después es bastante conocido: el policía fue recibido como un héroe por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y ensalzada su actuación por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios que hicieron fila para aplaudirlo. Y, cuando su procesamiento por homicidio calificado fue confirmado por la Sala IV de la Cámara del Crimen de la CABA, otra vez el presidente cuestionó la decisión judicial, con chicanas como "seguro que los llamó Zaffaroni para felicitarlos", cometiendo varias insensateces. Una, presionar públicamente a jueces para que resuelvan como al Ejecutivo le parezca; la otra, transformar en un cuco a uno de los mejores penalistas vivos del mundo, reconocido como tal aquí y allá, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última, insultar la inteligencia y la dignidad de los jueces intervinientes, ninguno de ellos "zaffaronista", si es que esa categoría existiese como tal.
En el marco de esa situación, desde el CEPOC hemos dicho con absoluta claridad que la intervención de un integrante de cualquier fuerza de seguridad jamás debe implicar provocar más daño que aquel que se pretende evitar. Y que la vida de todas las personas que intervienen en un hecho violento -como presuntos autores, como víctimas, como integrantes de fuerzas de seguridad, como ocasionales testigos- debe preservarse, siempre. Y solo si la vida de una persona que no provocó la situación violenta está en juego, por acción de quién si la provocó, solo en esa situación límite y extrema, se puede decir que una vida "vale" más que otra. NO era el caso en la actuación de Chocobar, como dijimos una y otra vez, y como surge claramente de la resolución de la Cámara del Crimen: 
La llamada "Doctrina Chocobar", enunciada por el tándem Macri-Bullrich,  podría resumirse así: 
- Si un policía (o cualquier integrante de una fuerza de seguridad) da la voz de alto, hay que detenerse inmediatamente.
- Si no te detenés, el policía está habilitado a hacer que lo hagas mediante disparos de armas de fuego, y a matarte. 
- Esa acción -matarte por la espalda, o con un disparo en la nuca- es legítima y no revisable.
- La afirmación de que el policía dio la voz de alto, y de que había motivos para hacerlo, y los detalles del hecho en conjunto, surge de lo que diga el propia policía o sus compañeros, sin admitir prueba en contrario. 
El 6 de febrero, en Quilmes, un policía del grupo Halcón se bajó de su auto, detenido en la esquina de Avda. La Plata y Lamadrid, y arguyendo que un pibe le había querido robar un celular, le disparó hasta matarlo. La víctima, Fabián Enrique, tenía 17 años. 
El 8 de marzo, en San Miguel de Tucumán, un grupo de policías perseguía a dos niños que iban en moto. Juan, de 14, conducía. Facundo Ferreira, de 12, lo acompañaba. Un policía le pegó un balazo en la nuca y asesino a Facundo, que quedó tirado en la calle en medio de un charco de sangre. 
El 14 de marzo, en Rawson, provincia de San Juan, una horda de sujetos detuvo a un adolescente de 18 años, Cristian Cortez, lo reventó a patadas porque supuestamente había intentado robar un celular, la policía lo llevó a la comisaría, y finalmente lo dejó morir en un hospital. 
Hay más hechos, seguramente. Estos tomaron cierto estado público por su brutalidad, por la edad de la víctima, o por la cercanía con la discusión sobre la "Doctrina Chocobar". 
Desde el Cepoc, apenas asumió este gobierno, denunciamos el aumento de la violencia estatal. Construimos artesanalmente el Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE), para registrar y mostrar ese grado de violencia, y produjimos dos informes: 
Contamos cadáveres de niños y adolescentes. Miramos sus fotos, que difunden sus madres, abuelas, que sacamos de fb. 
Facundo (12)


Fabián (17)

Pero para el diario La Nación, como tantas otras veces, el "problema" son los "menores delincuentes". Y como tantas otras veces, miente. Y por qué miente? Por muchas razones. Porque la crisis económica y social aumenta, y poner el foto en el pibe que te roba el celular en vez de en el gobierno que te esquilma vía inflación, aumentos de tarifas, paritarias a la baja y falta de trabajo, es una operación que puede resultar -al menos momentáneamente- exitosa. Porque La Nación representa las ideas y la cosmovisión de los herederos de la dictadura, tanto los que están dentro como fuera del gobierno, y la expansión represiva es parte de ese corpus ideológico. Porque, de todas las batallas que en el ámbito penal se ha dado la derecha reaccionaria en nuestro país, la de la baja de edad de punibilidad todavía no lograron ganarla. 
Por estas o por otras razones, La Nación publica hoy, sábado 17 de marzo, esta nota en la tapa: 
Vamos a analizarla: 
"Más allá de la situación que se vive en La Plata con las bandas de menores delincuentes que actúan bajo la modalidad de pirañas... "
¿Se pregunta La Nación qué pasa con las políticas públicas -que debería ejecutar lo que habitualmente llamamos "el Estado Social"- que deberían alcanzar a niñas y niños que están en la calle de La Plata o de dónde sea?
En nuestro país la enseñanza primaria y secundaria son obligatorias. Obligatorias quiere decir que todo niño y toda niña debe poder ir a la escuela hasta culminar el ciclo secundario. Esa obligación está en cabeza del Estado, si las familias no pueden cumplirla por sus propios medios. Eso quiere decir que el Estado debe desarrollar una multiplicidad de estrategias para que todxs lxs chicxs vayan a la escuela. Todas, por supuesto, menos la fuerza. Y no solo ir a la escuela: el Estado tiene la obligación constitucional de asegurar la mejor vida posible para todos los pibes y pibas, hasta sus 18 años. ¿Porque lo decimos nosotrxs? No. Porque lo orden la Convención Sobre los Derechos del Niño, vigente desde 1989, con rango constitucional en nuestro país. O sea, está en nuestra Constitución Nacional. No hay ley más importante que esa, que la Constitución. Es obligatoria. Para cada unx de nosotrxs, pero sobre todo, para el Estado nacional, provincial y municipal. 
Entonces, en vez de mostrar cómo la piraña del ajuste estatal avanza sobre políticas públicas (es buena, la imagen de la piraña, o de un pac man que avanza deglutiendo políticas, bajando programas, eliminando personas y organismos, con la excusa de "modernizar el Estado". Repiten el lema de la dictadura: "Achicar el Estado es agrandar la Nación". Ya sabemos, o deberíamos saber cómo terminó eso...), La Nación etiqueta como "pirañas" a pibes que, víctimas de ese abandono del Estado, naciendo, viviendo y padeciendo la calle y sus violencias, responden con una violencia infinitamente menor a la que sufren. 

... los vecinos de González Catán también expusieron sus temores por la actividad de grupos organizados -y en algunos casos armados con pistolas- de chicos que cometen violentos robos en esa localidad de La Matanza.
La Matanza, territorio gobernado por la fuerza política opositora al macrismo, como foco del problema, ya no solo de los "menores", sino de "grupos organizados". Mención a "los vecinos de González Catán", grupo indeterminado, fuente imprecisa, cero dato. 
El problema de los menores en conflicto con la ley penal alcanza una importante magnitud en el territorio bonaerense. 
Qué menores, de qué franja de edad habla La Nación? A quiénes se refiere cuando habla de "menores". Esa categoría, hija del Patronato, no existe como tal. Es una construcción, y supone una ideología. Hay niños, los que La Nación reconoce como propios, los que festejan su día, los que van de vacaciones, los que son objetos y sujetos de consumo, los que viven en barrios de clase media y alta, o en cantris, los que van a escuelas privadas; y están los menores, peligrosos y demonizados: los que viven en villas y asentamientos, los que caen en la escuela pública, los que toman paco, los que dan miedo, los que son más pirañas que personas. 
Las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial aseguraron ayer que en poco más de un año fueron arrestados casi 11.000 menores.
¿Qué autoridades? ¿Dónde están sus nombres, dónde la fuente de esa cifra? ¿Menores de qué edades? 
Entre el 1º de enero de 2017 y el 15 de febrero de este año fueron aprehendidos 10.896 menores, según detalló la cartera de seguridad bonaerense. Entre esos adolescentes atrapados por la policía se registraron 82 arrestos por homicidios.
Aquí está el nudo de la infamia, en estas cifras que, una vez publicadas, se repiten hasta el hartazgo sin chequear y sin analizar. Vamos a ver:
1) En primer lugar, son cifras que provee el Ministerio de Seguridad, o sea, la Policía Bonaerense. 
2) Son cifras de "aprehendidos", es decir, detenciones realizadas por la Bonaerense, sin orden judicial. 
3) "82 arrestos por homicidios", también, son aprehensiones efectuadas por la Bonaerense. ¿Cuántos de esos "arrestos" se transformaron en Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), luego en procesos, luego en condenas? ¿Cuántos de esos "homicidios" son dolosos, cuántos culposos? No lo sabemos. Arrestado puede ser alguien porque otro dijo que fue autor de un crimen. Eso hay que probarlo. Lo único cierto que podemos afirmar es que en 2016, último año registrado por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que depende de la Suprema Corte de Justicia, los casos en los que estuvieron involucrados adolescentes punibles, es decir, de entre 16 y 17 años, fueron menos del 4 % del total: 
26637 Investigaciones Penales Preparatorias en 2016, que involucran a menores de 18 años.
746952 Investigaciones Penales Preparatorias en 2016, que involucran mayores de 18 años. 
O sea, menos del 4 %. 
Otros 2310 menores fueron capturados por infracciones a la ley de drogas, 2713 por delitos graves, 383 por atentado y resistencia a la autoridad y 5408 por otros delitos. 
Vamos a traducir a La Nación: 
2310 "menores capturados por infracciones a la ley de drogas", o sea, detenidos por fumar porro o consumir paco. En todo caso, un problema no penal, sino de salud pública. 
2713, por "delitos graves" O sea,  no sabemos por qué delitos, presumiblemente robos o lesiones. No sabemos, porque el título "delitos graves" no existe como categoría jurídica. No sabemos siquiera si son delitos, o contravenciones que la Policía juzga como "graves". En la provincia de Tucumán, por ejemplo, según informa la organización ANDHES, sobre 1600 detenciones policiales realizadas en el primer semestre de 2017, 1599 fueron por "insultos en la vía pública". La policía legisla, detiene y juzga. Y La Nación repite. 
383 por "Atentado y resistencia a la autoridad", o sea por negarse a ser detenido sin causa, y en la inmensa mayoría de los casos, torturado. 
5408: "otros delitos". O sea: no sabemos. No hay datos. Pura estadística policial. 
"La flexibilidad de las leyes vigentes permite a las autoridades judiciales, en la mayoría de los casos, entregarlos a sus padres o tutores, y los menores vuelven rápidamente a delinquir. Esto transforma la situación -con el agregado del consumo de drogas- en una rueda que parece no tener fin y en un cóctel riesgoso, ya que luego al reincidir muchos adolescentes cometen hechos aún más violentos", comentaron ayer en despachos del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Sin citar a una sola fuente cierta (vecinos, autoridades, despachos es lo que cita La Nación), se va al centro de la cuestión: "la flexibilidad de las leyes". O sea, presumimos, la edad de punibilidad en 16 años. El objetivo es claro, en línea con uno de los personajes favoritos del diario: bajar esa edad, volver, una y otra vez a machacar con lo mismo. En el 2017, frente al intento oficial de bajar la edad de punibilidad a los 14 años, el Cepoc junto a otras organizaciones y personas, creamos la Red Argentina No Baja. Explicamos largamente que bajar la edad en que niños y niñas pueden ser sometidos a proceso penal, y ser castigados con una condena, no resuelve ningún problema de violencia. Dimos datos, mostramos cifras, recorrimos el país debatiendo y mostrando cómo, en todo caso, somos los adultos y en primer lugar el Estado, quienes estamos incumpliendo nuestras obligaciones con esa parte de la población infantil. Y que, mucho antes de pensar en criminalizarnos y encerrarlos, hay que garantizarles sus derechos. 
El riesgo representado por los menores delincuentes quedó exhibido nuevamente ayer, cuando vecinos de González Catán hicieron trascender imágenes registradas por cámaras de seguridad en las que se observa a bandas integradas por adolescentes.
En uno de los casos se visualizó el momento en que dos chicos preparan un arma momentos antes de cometer un robo. Otro episodio que tomó difusión pública fue el asalto sufrido por una familia cuando llegaba a su vivienda, donde un grupo de menores atacó a un hombre y a su hija de 11 años.
Nos permitimos sugerirle a La Nación ideas para publicar noticias en el mismo estilo: 
1) Impresionante: el exacto momento en que Juan (12) se entera de que no va a recibir una netbook flamante, en una bella caja de colores, para jugar y aprender como su hermano Pedro (17) la recibió cuando empezó primer año, porque el gobierno nacional dinamitó el Programa Conectar Igualdad, y estalla de bronca y llanto. 
2) Conmovedor: Reportaje en el hospital a A. (34), mujer golpeada por su marido, 5 hijos. Cuenta cómo cuando fue a pedir ayuda a la Dirección de Niñez del Municipio X (cualquiera del Conurbano bonaerense) porque su hijo mayor se drogaba, le dijeron que no había ningún programa para atenderlo; y cuando fue a la Dirección de la Mujer del mismo municipio a pedir ayuda porque su marido la molía a golpes, pero no podía dejarlo porque no tenía dónde vivir, le dijeron que los programas de Violencia de Género estaban desmantelados, y que lo denuncie, y lo hizo, pero no sirvió para nada, entonces la molió a golpes más todavía, y ahora está preso, así que ella está en el Hospital, sus hijos a la buena de Dios, y ni siquiera tiene los pocos pesos que su marido le pasaba para bancar la comida de sus hijxs. Se puede ilustrar la entrevista con la imagen de la gobernadora Vidal, "festejando" el 8M. 
El Ministerio de Seguridad bonaerense decidió reforzar esa zona con operativos especiales de saturación policial.
Traducción: más violencia policial sobre pibes pobres. Más hostigamiento, más brutalidad, más odio. A veces, incluso, "se equivocan", y le toca a quien no debe, y solo por eso nos enteramos: 
Fin del cuerpo principal de la nota de hoy del diario La Nación. La síntesis es que si los pibes pobres son peligrosos, si dan miedo, si actúan como pirañas asesinas, hay que encerrarlos, en el mejor de los casos. O exterminarlos con un balazo en la nuca, si no hay más remedio. O alentar a los buenos ciudadanos a que les reviente la cabeza a patadas.
Desde el Cepoc seguiremos luchando por explicar y mostrar que cada uno de esos pibes a los que se demoniza y se postula encerrar o matar, son tan nuestros como los nuestros. Solo eso.
Nos basamos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Y, mucho antes de la Convención, nos basamos en un lema que alguna vez fue bandera: "Los únicos privilegiados son los niños". Todos.

Claudia Cesaroni
Buenos Aires, 17 de marzo de 2018