Agenda para la reforma penitenciaria respetuosa de los Derechos Humanos

INCLUSIÓN LABORAL PARA LIBERADOS, SALVO ALGUNOS

El lunes 10 de noviembre, una noticia-escándalo -el formato diario en que se produce un hecho, se lo presenta en el marco de declamaciones indignadas, y si es posible, se machaca contra el gobierno- recorrió medios online, radios y canales de televisión. El modo en que se presentó puede resumirse en estos textos: 

http://www.clarin.com/politica/Vinculos-concejal-asesinos-Cabezas_0_1244875706.html

http://www.infobae.com/2014/11/10/1607827-la-concejal-ultra-k-florencia-saintout-nego-relacion-uno-los-asesinos-cabezas

Luego, puede seguirse aquí: 

http://www.lanacion.com.ar/1742678-indignacion-de-la-familia-de-jose-luis-cabezas-con-una-concejal-ultrakirchnerista

Y este es el final:

http://www.lanacion.com.ar/1742740-piden-disculpas-a-la-familia-cabezas-por-el-episodio-con-la-concejal-kirchnerista


En resumidas cuentas: en el Consejo Deliberante de La Plata, la consejala  Florencia Santout, que además es decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, presentó un proyecto de inclusión laboral para liberados/as,  según describió en su página de facebook:  "en la sesión ordinaria del miércoles presentamos un proyecto para que se cree en La Plata el Programa de Inclusión Laboral para personas en libertad condicional, asistida o transitoria, y aquellas que habiendo cumplido su condena, no alcancen una libertad efectiva mayor a los cinco años. El proyecto contempla un cupo mínimo del 3 por ciento de los puestos de trabajo en instituciones públicas municipales, cooperativas que actualmente prestan servicios para el municipio o nuevas entidades creadas para los mismos fines, empresas y comercios contratistas del municipio”.

En la presentación del proyecto estuvo -entre otras personas y organizaciones-,  Horacio Braga, uno de los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas. 
Esa presencia, señalada por algunos medios, despertó una ola de indignación general, y particular de la hermana de José Luis Cabezas, Gladys, quien ha sido desde durante años funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Entonces, la consejala y decana Florencia Saintout llamó por teléfono a Gladys Cabezas, le pidió disculpas, dijo que de ningún modo tiene nada que ver con el asesino de José Luis, que Horacio Braga no es estudiante de la Facultad de Periodismo, ni lo será nunca, ni participará en actividad académica alguna, que pidieron que lo echen del Consejo Deliberante, sin suerte, y que además, lo repudia: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4766

Pocos días antes de este episodio, el diario Perfil había publicado una nota en la que se describían los intentos de sindicalización de personas privadas de libertad, con información falsa en cuanto a los salarios que perciben. Al final de la nota, se publicaba el prontuario de cada uno de los integrantes del sindicato: 

http://www.perfil.com/policia/Los-presos-tienen-sindicato-y-cobran-un-sueldo-mensual-de-hasta--4.400-20141109-0036.html

La pregunta es: ¿para quiénes se supone que son los programas de inclusión? Para que tipo de "liberados"? ¿Para los liberados o liberadas que solo han cometido delitos menores? Algunos de quienes puedan participar en esos programas, que son un derecho, no un beneficio, ni una gracia, han matado, robado, secuestrado o abusado. Esas son las personas que -en parte- están presas. Y el ejercicio de derechos -al trabajo, al estudio, a las actividades culturales- es para todos y todas. Ya lo dijimos cuando lo que se discutía era si era correcto que Eduardo Vázquez, condenado por matar a su mujer, tocara la batería en una actividad organizada por el Servicio Penitenciario Federal, en tiempos en que lo dirigía Víctor Hortel: 

http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2012/08/sobre-salidas-transitorias-salidas.html

Y también alertamos sobre el "rol de las víctimas" y sus familiares, en cuanto al derecho a la reinserción de las personas privadas de libertad. El anteproyecto de Código Procesal Penal lo establece en su artículo 325, sobre el que nadie habla: pueden intervenir ante cada pedido de liberación anticipada de un condenado. Alertamos sobre este punto: 

http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2014/10/sobre-el-discurso-presidencial-y-sobre.html

Lo que sucedió ayer es un ejemplo del modo en que las víctimas, o sus familiares, son habilitadas a "participar": oponiéndose a un programa de inclusión laboral, recorriendo los medios anatemizando a quien lo presenta, obteniendo un pedido de disculpas y varias decisiones aledañas: que tal persona, autora de tal delito NUNCA podrá estudiar, ni participar en actividades académicas de una facultad de una universidad pública. 

Una discusión semejante se produjo ante la decisión de la Universidad de Buenos Aires de no brindar servicios educativos en el programa de educación en cárceles, a personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, y en una posición absolutamente minoritaria, dijimos que esa decisión implicaba establecer una limitación que una institución pública no debería realizar. Nos preguntamos: Genocidas, no, violadores de niños/as, sí? Dónde pone una institución pública el límite? El episodio de ayer lo corre un poco más: ni genocidas, ni homicidas de periodistas. Entonces, lo que se está haciendo no es una política pública universal, para todas aquellas personas que cumplan con el único requisito objetivo que deberían cumplir -haber estado presos-, sino una política excluyente: este no porque es más enemigo que el otro, porque cometió un delito más grave o más odioso, fue policía, mató a la mujer o cualquier otro hecho que nos repugne especialmente.

E, insistimos: en la cárcel, lo que vamos a encontrar, son personas que cometieron delitos. Algunos de esos delitos, muy graves. Esa es la gente con la que se decide trabajar, y a la que se debe intentar acompañar con programas de inclusión laboral. La cárcel romántica, con presos poetas o militantes populares, o jóvenes pobres que solo roban celulares sin hacer daño, o ladrones de antaño, con códigos,  es una parte, no el todo, y no la más habitual. Y las víctimas y sus familias, como hemos dicho también, tienen derecho a que el delito se esclarezca, no quede impune, a ser reparadas, y a que el Estado las acompañe todo lo que sea necesario para calmar su dolor. No deberían intervenir una vez que la persona está condenada, y mucho menos cuando intenta reinsertarse en algún ámbito laboral, educativo, o político. Un nuevo comunicado de la Facultad de Periodismo de La Plata intenta centrar el tema en el punto del que nunca debió haberse movido: en la política de inclusión que se propone: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4767

Las organizaciones sociales y de derechos humanos y los/as políticos/as, sobre todo quienes tienen una trayectoria consecuente en defender políticas de inclusión de derechos, no deberían ceder frente a las presiones: ni de los medios, ni de las corporaciones, ni tampoco ante el reclamo de determinadas víctimas o sus familiares.  Hace 10 años se cedió ante las demandas de Juan Carlos Blumberg, con los mismos argumentos con los que hoy se cede ante reclamos parecidos. Y, otra vez, lo que se hace es recortar derechos. Habrá que esperar otros diez años para darse cuenta del error?

Claudia Cesaroni
11 de noviembre de 2014

35 AÑOS DE LA MASACRE DEL PABELLÓN 7° DE LA CÁRCEL DE VILLA DEVOTO

35 AÑOS DE LA MASACRE DEL PABELLÓN 7° DE LA CÁRCEL DE VILLA DEVOTO

Homenaje a las víctimas.

El pasado 14 de Marzo, en la cárcel de Villa Devoto, se realizó un homenaje a las víctimas de la Masacre del Pabellón 7° (1978). Estuvimos allí representantes del CEPOC, Claudia Cesaroni, de la Asociación Mutual Sentimiento, Graciela Draguicevich; de la Asociación Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento; de la Mesa Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación, Lidia Ester Perez, Ali Rachid; de Médicos del Mundo, el diputado Leo Grosso, Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre, y su familia y compañeros; Marisa Montes, y otras compañeras y compañeros.

Nos esperaban las autoridades de la Unidad 2, y del Servicio Penitenciario Federal para ingresar a la Planta 2, en cuyo tercer piso está el pabellón séptimo donde sucedió la masacre. Mientras íbamos caminando, Hugo iba contando el recorrido inverso que había hecho hace 35 años, desde el pabellón hasta las celdas de castigo, corriendo bajo los palazos de los integrantes del SPF. Llegamos al lugar, allí estaban los integrantes del Grupo de Investigación que organizamos dentro de la Unidad 2. Hablamos, recordando por qué estábamos allí, Hugo, Graciela y yo; y luego varios de los muchachos. Finalmente, Leo Grosso, enmarcando la lucha por la efectiva vigencia de los derechos humanos en los lugares de encierro, dentro de la lucha contra la violencia institucional.

Todos/as coincidimos en que los palos, malos tratos y brutalidad solo generan más violencia, y que es preciso reparar las injusticias del pasado mientras trabajamos por mejorar el presente. Al final, descubrimos una placa elaborada por los compañeros presos, que reproduce el dibujo de Rocambole, con la frase que también elaboramos entre todos/as: "Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando".

Después, un grupo de nosotros/as, a pedido de Hugo, lo acompañamos hasta el mismo Pabellón 7, donde estuvimos un rato recorriendo, mirando, escuchando su relato y sintiendo en nuestras almas y nuestros cuerpos aquellos gritos, aquel humo, aquel horror de 35 años atrás.

Hoy cumplimos uno de nuestros objetivos: homenajear a las víctimas y dejar allí, en la entrada de la Planta 2 donde hace 35 años los esperó una fila de penitenciarios con palos y cadenas, un mural hecho por personas que hoy, presas también, saben que tienen espacios para pelear por sus derechos y los de sus compañeros. Como el martes, en la Legislatura, nos decía Daniel Barberis, es bueno saber que las botellas al mar que tiramos, diez, veinte o treinta y cinco años después, son recogidas por otros y otras. Gracias a todos/as y cada uno/a que estuvieron y están, y que acompañan estos pasos que vamos dando.

Claudia Cesaroni

Leer más

//////////////////////////////

Distinción de la Legislatura Porteña

La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, entregó el diploma que declara de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos al proyecto de investigación sobre la “Masacre del Pabellón 7 de la Cárcel de Devoto”, coordinado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos CEPOC.

La legisladora Rachid destacó el motivo de la distinción a la investigación:
“Falta un homenaje y queremos hacerlo, a esa decena de “presos comunes”
que murieron asfixiados, quemados o baleados por el Servicio Penitenciario.
A 35 años de la masacre es preciso encontrar y juzgar a los responsables
penitenciarios, militares y judiciales del hecho y de su impunidad.
La investigación de este suceso como lesa humanidad ha permitido la
reconstrucción de un espacio invisibilizado, para reivindicar el ejercicio de la
 memoria, la verdad y la justicia”

ver resolución

////////////////////////////////

Las cárceles ayer y hoy

El sábado 16 de marzo a las 20 hs. Claudia Cesaroni, coordinadora
del proyecto de investigación sobre la Masacre del Pabellón 7°
participó del Programa de Eduardo Jozami "Memoria en Construcción"
recordando los hechos sucedidos en la Cárcel de Devoto en 1978 y
la situación actual de las cárceles nuestro país. Recordó la necesidad
de poner en funcionamiento el mecanismo nacional de visita
 a los lugares de encierro.

Escuchar el Programa°

////////////////////////////////

Apoyo del Indio Solari

El Indio Solari, autor de las canciones Pabellón 7° y Toxi Taxi,que recuerdan la Masacre de la Cárcel de Villa Devoto, envió al equipo de investigación
una carta de apoyo:

Me siento un hombre un poco mas justo por el solo hecho de participar,
con una canción doliente, en el proyecto que con tanto empeño y
determinación llevan ustedes adelante.

Un abrazo con mi permanente apoyo

Indio

Escuchar Pabellón 7°

////////////////////////////////

Video sobre la Masacre
del Pabellón 7°

Marisa Montes, integrante del equipo de investigación, realizó un
video recordando los hechos sucedidos la Cárcel de Devoto de 1978

///////////////////////////////

Que se reconozca como un

delito de lesa humanidad

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos(CEPOC) impulsa la reapertura de la causa sobre lo sucedido en la cárcel de Villa Devoto junto a la AsociaciónMutual Sentimiento (integrada por ex presos políticos), la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y  Hugo Cardozo, sobreviviente de aquella mañana demarzo del '78 y cuyo testimonio es clave en la actualidad para que el hecho pueda ser investigado y considerado delito de lesa humanidad. El hecho de 1978 tuvo como consecuencia 64 presos carbonizados o asesinados. Esto fue la consecuencia de un plan genocida, pautado, programado y llevado adelante contra población determinada, en este caso la carcelaria. Estamos frente a un delito de lesa humanidad, frente  a un genocidio. Una acción programada por el Estado que reprimió, secuestró y mató. Y por lo tanto, hablamos de delitos imprescriptibles, y que no podemos olvidar. Lo que pasó en el Pabellón 7 pudo ser posible graciasa un contexto de terror, y a que los militares aprovecharon la absoluta falta de derechos que había en los penales durante la dictadura. Una situación, por otro lado, que hoy continúa vigente.

Leer Más:

Que se investigue como delito de lesa humanidad. Tiempo Argentino, 17/2/2013

Configura un delito de lesa humanidad. Agencia Paco Urondo, 15/3/2013

Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando. Radio Estación Sur 91.7

Una Masacre disfrazada de motín. Tiempo Argentino, 15/3/2013

La tortura no tiene fronteras, su persecución tampoco. Horacio Cecchi, 17/3/2013

//////////////////////////////

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUSPENDIÓ LA LEY QUE LIMITA LAS EXCARCELACIONES.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió la ley que limita las excarcelaciones luego de un pedido impulsado por los Defensores Públicos Julián Axat y Fernanda Mestrin a quienes el CEPOC acompañó junto a La Comisión Provincial por la Memoria, CELS y CIAJ. A este pedido se sumó también la Asociación Pensamiento Penal. 

Saludamos especialmente a Julián Axat y Fernanda Mestrin por su iniciativa.

Ver la resolución completa aquí

Leer más:  Corte a la mano dura en la provincia, Horacio Cecchi (Pagina 12)

SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESTRICCIÓN DE LAS EXCARCELACIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

En el día de hoy, 14 de febrero de 2013, el CEPOC junto a la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, el CIAJ y Defensores Públicos nos hemos presentado ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 14.434, promulgada en el día de ayer, mediante la cual se pretende limitar las excarcelaciones en los casos de portación ilegítima de armas de fuego. También solicitamos la suspensión de los efectos inmediatos que comenzará a tener la ley hasta tanto se resuelva la constitucionalidad de la reforma.

Mediante al reforma de un único artículo se violan las garantías básicas establecidas en nuestra Constitución Nacional, la Constitución Provincial y numerosos pactos internacionales de Derechos Humanos.

Este tipo de medida, dispuesta bajo los argumentos de “aumentar la seguridad”, ejemplificar con algunos casos puntuales el accionar del Estado frente a hechos delictivos, suele ser anunciada e impulsada luego de operativos policiales de amplia repercusión mediática (ver:  http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=663189) y de dudosa legalidad y veracidad, tal como lo hemos planteado en casos anteriores, lo que le quita aún más la legitimidad a estos argumentos. (Ver “Megaoperativo simbólico en Carlos Gardel”publicado en nuestro blog http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2011/06/mega-simbolico-operativo-en-carlos.html)

Se pretende, con la reforma al artículo 171 del Código Procesal Penal de la Provincia, restringir las excarcelaciones en aquellos casos donde la persona que porta el arma de fuego haya intentado “…eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento” otorgándole a la Policía Bonaerense niveles de discrecionalidad alarmantes en una fuerza de seguridad que está siendo permanentemente cuestionada por sus irregulares procedimientos, armado de causas penales y numerosas detenciones ilegales bajo el argumento de la “resistencia a la autoridad” que se dirige, especialmente, a los jóvenes que habitan los barrios de la Provincia de Buenos Aires.

Estas medidas de demagogia punitiva en nada solucionan los conflictos que pretenden sino, por el contrario, aumenta los niveles de prisionización en una Provincia que encuentra su sistema carcelario saturado y en condiciones que no cubre los estándares mínimos de dignidad humana.

Han sido numerosas las medidas legislativas en torno a este criterio de política criminal que no solo generan los efectos contrarios a los pretendidos, ya que está comprobado que los índices delictivos no han disminuido gracias a ellas, sino también han generado una vasta jurisprudencia de nuestra Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarando su violación a  los estándares mínimos Derechos Humanos.  

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL: PARA MUESTRA, UN BOTON

SPF: PARA MUESTRA, UN BOTÓN

Con este dicho popular “Para muestra basta un botón” que según el Instituto Cervantes “denota que no resulta necesario mostrarlo o enseñarlo todo, ya que de un ejemplo se puede deducir fácilmente todo lo que falta por descubrir” (Instituto Cervantes, 2012) en algunas clases de metodología de la investigación y estadística solemos explicar el concepto de muestreo. Este refrán en otros idiomas y culturas adopta significados similares, como por ejemplo en francés “On juge de la pièce par l'échantillon” (se juzga a la pieza por una muestra),  alemán “Der kleinste Hinweis genügt” (el menor indicio basta) e italiano “I cocci rotti somigliano alla pignata” (los trozos rotos se parecen al puchero), como decía mi abuela cuando tomaba una sola cuchara de su sopa para decir que “estaba lista”. Mi abuela intuía la homogeneidad de la población en su olla, a partir de tomar una pequeña porción de la misma. Así, contamos a nuestros estudiantes que cuando queremos conocer algo de una población, seleccionamos una muestra, es decir, una parte representativa de la misma. Damos por sentado que según determinados parámetros y técnicas, lo que podamos conocer de nuestra muestra podrá extrapolarse a toda la población.

Los recientes hechos difundidos en la prensa respecto al Servicio Penitenciario Federal, y los que semanalmente conocemos en el CEPOC, permiten recordar  este ejercicio básico e introductorio a la teoría del muestro. Ilustramos sólo algunos, que si seguimos con nuestra lógica de “para muestra basta un botón”, nos ayudará a comprender que estos hechos aberrantes son la regla y no la excepción. Y, que el comportamiento del personal penitenciario que veremos en estos ejemplos, son representativos del accionar en conjunto de toda esa fuerza.

-          EJEMPLO 1, Seis penitenciarios detenidos por violar de una maestra en un penal, entre ellos el director de la Unidad 14 de Esquel (2012):

“la atacaron sexualmente en el módulo del cuerpo docente, donde se desempeñaba dando clases a los reclusos. La mujer, de 30 años, recordó que sólo tres de los hombres abusaron de ella mientras los restantes filmaban y tomaban fotografías y que además la obligaron a ingerir una sustancia que definió como hipnótica” (Tiempo Argentino, 5/12/2012)

-          EJEMPLO 2, B.O.N joven torturado en el penal de Marcos Paz  (2011):

“MI HIJO FUE LA DIVERSION DEL DIA DEL PENITENCIARIO” TORTURADO desde las 18:30 hs a 20:30 hs; se turnaban para darle palazos en la planta del pie “el pata pata” tal es así que le quebraron 3 dedos 2 de un lado del pie y un dedo del otro pie, las piernas golpeadas (quedaron negras), y no conforme con esto apagaron cigarrillos en su cuerpo y lo quemaron con encendedores las plantas de los dos pies y el hombro, su oído izquierdo fue aplastado por los borcegos de los penitenciarios, recibió  “TROMPADAS” en la cara, boca y ojos también patadas en la cabeza y para terminar el “PAÑOLERO” tuvo INTENCION DE VIOLACION. Durante toda la tortura mi hijo estuvo esposado y atado con ganchos de pies y manos, después de la tortura lo hicieron caminar de rodillas porque no sentía las piernas a la ducha de agua helada, lo arrastraban de la ropa y le pegaban trompadas en la cabeza, B. estuvo una hora bajo el agua helada (en pleno invierno) después de eso le dieron un sedante (pichicata) y lo dejaron tirado en la celda de los locos”. (Madre de B.O.N, 17/10/2011)

  - EJEMPLO 3, Requisas a mujeres con sus hijos (2009):

“Estábamos descuidadas y vinieron de requisa [hombres y mujeres con escudos] al pabellón, comenzaron a pegarnos a las internas con palos. Entraron al pabellón y patearon cochecitos, uno de los cochecitos pateados tenía a una nena. Les pegaron a varios nenes, y nos engomaron para que nos quedemos adentro. Desde las diez de la mañana estuvimos adentro, nos tiraron agua y los nenes estaban todos mojados, sin luz ni agua. Entró un médico forense y nos vio, después nos encerraron hasta las 17.00hrs. No teníamos teléfono y tampoco nos dieron comida para nosotras ni para nuestros bebés. El jefe de judiciales, un tal Cabellero, nos escupía y nos decía que éramos todas unas prostitutas. El cuerpo de requisa estaba compuesto por hombres del CPFI y agentes de la Unidad 3”. (Cfr. PPN 2009: 109)

- EJEMPLO 4, Requisas a mujeres familiares de presos/as:

Las mujeres que tienen un familiar alojado en el SPF son víctimas de violencia sistemática. Para ingresar a los establecimientos padecen vejaciones y tratos que afectan su dignidad personal. El CEPOC y ACiFad han podido constar que, a pesar de estar prohibido, las mujeres se desnudan ante el personal penitenciario y son sujetas a revisaciones ultrajantes, denominadas “requisas profundas” (2008-2012)

Ante todo esto,  ¿Cuántos ejemplos más del accionar del Servicio Penitenciario Federal tendremos que conocer para que las autoridades nacionales dejen de afirmar que se trata de un “modelo a seguir”, “el mejor de Latinoamérica y etc., etc.?   Como dijimos en otras oportunidades, respecto a estos hechos, que se repiten en todos los lugares de encierro del país, no hay nada que decir y todo por hacer.

Instamos a las autoridades nacionales a poner en funcionamiento el Comité Nacional de Prevención de la Tortura instaurado por el recientemente sancionado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como un mínimo para empezar a revertir estas situaciones.

Gabriela Irrazabal

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012

El SENADO APROBO EL MECANISMO NACIONAL CONTRA LA TORTURA

Se señalizó la cárcel de Devoto como sitio de la memoria

El 11 de octubre de 2012 se señalizó a la cárcel de Villa Devoto como un lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. En este centro de detención legal durante la última dictadura militar se cometió la Masacre del Pabellón 7° donde al menos 65 presos murieron asfixiados, calcinados o baleados, en lo que se llamó, oficialmente, el “Motín de los Colchones”.

El grupo de investigaciones históricas integrado por el CEPOC, la Asociación Mutual Sentimiento, la Asociación Civil Familiares de Detenidos (AciFad),  estudiantes del CUD y Hugo Cardozo (sobreviviente), ha demostrado que no se trató de un motín sino de una masacre: guardias del servicio penitenciario arrojaron nafta al pabellón que alojaba 161 presos y producto del incendio, según indican las cifras oficiales, 65 murieron asfixiados y por impactos de bala recibidos desde el exterior, cuando intentaban asomarse por las ventanas. Por ello, el Jueves 11 a las 14hs colocamos junto con la Red Federal de Sitios de Memoria una placa que indica que en la Cárcel de Devoto se cometieron crímenes de lesa humanidad. 

Palabras de Hugo Cardozo (sobreviviente de la Masacre)

Palabras de Claudia Cesaroni,  Grupo de Investigación Histórica (CEPOC; AciFad, Asociación Mutual Sentimiento, Estudiantes del CUD y Hugo Cardozo)

Informe de la TV Publica: La Carcel de Devoto como Sitio de Memoria (Aclaración, la Cárcel de Devoto no fue un centro clandestino de detención durante la dictadura sino una cárcel legal)

Más repercusiones: Telam; Pagina12; (Aclaración, la Cárcel de Devoto no fue un centro clandestino de detención durante la dictadura sino una cárcel legal)

MASACRE PABELLON 7°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4° de octubre de 2012

RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA / ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA SE SEÑALIZARÁ LA UNIDAD PENAL N° 2 DE VILLA DEVOTO POR SU FUNCIONAMIENTO DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO El próximo PRÓXIMO JUEVES 11, a las 14 hs., se realizará el acto de señalización de la cárcel de Villa Devoto, ubicada en calle Bermúdez 2651 de la Ciudad de Buenos Aires.  Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) hombres y mujeres detenidos por razones políticas fueron alojados en forma ilegal en esta unidad carcelaria y sometidos a torturas, en condiciones similares a las de los centros clandestinos de detención. La actividad está organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Red Federal de Sitios de Memoria que coordina el Archivo Nacional de la Memoria-, conjuntamente con la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, yel Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).          Participarán autoridades nacionales junto con familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, sobrevivientes de la masacre del Pabellón 7, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales, entre otros. La prisión política durante la última dictadura y la cárcel de Villa Devoto Entre 1976 y 1983, más de doce mil hombres y mujeres detenidos por razones políticas fueron alojados en forma ilegal en penales de todo el país y sometidos a torturas. Muchos de ellos fueron además asesinado o desaparecidos. Con el “blanqueo” de los presos políticos en las cárceles, la dictadura buscó ocultar ante la sociedad y los organismos internacionales -como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó la Argentina en 1979- los crímenes que cometía en forma clandestina. En este penal de Villa Devoto, donde mil doscientas mujeres permanecieron detenidas por causas políticas, los presos comunes también fueron víctimas de delitos aberrantes. El 14 de marzo de 1978 se cometió la masacre conocida como el “Motín de los Colchones”, en la que personal penitenciario ametralló a decenas de internos en el Pabellón 7 y dejó morir quemados y asfixiados a 65 de ellos. La Red Federal de Sitios de Memoria La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal visibiliza la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes (en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables) para que nunca más vuelvan a repetirse. Asimismo, constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares. La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y municipios de todo el país, con eje en las iniciativas de investigación, educación y comunicación que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención y otros espacios relacionados con el accionar del terrorismo de Estado. Con esta nueva señalización ya son 41 las instaladas en todo el país. Próximamente se prevé la marcación de otros predios emblemáticos del accionar criminal durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Salta, los ex CCD Campo de la Rivera en la provincia de Córdoba, GADA 101 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. Más información: Coordinación Red Federal de Sitios de Memoria, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Av. del Libertador 8151 (C1429BNB) Ciudad de Buenos Aires. Teléfonos: (011) 4702-1211 / 4702-2311. Internos 127, 155 o 125. E-mail: coordinacionanm@gmail.com / sitiosdememoria@jus.gov.ar - Web:www.derhuman.jus.gov.ar/anm (Ingresar en “Áreas” y “Sitios de Memoria”).

SOBRE SALIDAS TRANSITORIAS, SALIDAS CULTURALES, SERVICIOS PENITENCIARIOS, ASESINOS, VIOLADORES Y CHORROS.

Desde el día domingo 29 de julio, y a partir de una nota publicada por el Diario Clarín:  se generó un debate público, en el que se realizan afirmaciones sobre un tema complejo, en algunos casos con absoluto desconocimiento, en otros con evidente mala fe.

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) está integrado por abogadas/os y sociólogas que estudian el tema carcelario, y que trabajan en el territorio de la cárcel: dando clases, asistiendo a detenidos/as, acompañando familiares, investigando, elaborando leyes, asesorando legisladores/as. Parte de nuestra labor la compartimos con la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales(AciFaD), una organización social que nuclea a las esposas, compañeras, hijas, madres, hermanas, de personas privadas de libertad. Ellas saben de lo que hablan porque cada día juntan alimentos para llevarles a sus seres queridos; cargan pesadas bolsas con comida y ropa; viajan en colectivos, trenes y remises hasta llegar a cárceles lejanas; se someten a requisas humillantes; y escuchan con amor y paciencia los reclamos y pesares de las personas que aman. No cometieron ningún delito, pero las tratan como si fueran culpables: las hacen esperar horas; las someten a rayos x para ingresar; o les hacen bajar la bombacha y hacer flexiones, si prefieren evitarlos; les llevan a sus familiares a Rawson, Neuquén o Resistencia, y las someten a la peor de las torturas: saber que sus seres queridos tienen frío, son golpeados, corren riesgos, lloran por teléfono diciendo "me voy a suicidar".

Esa realidad la hemos denunciado una y otra vez. Hemos mostrado fotos como la que aquí se exhibe, delcuerpo de un joven torturado en una cárcel federal, dependiente delServicio Penitenciario Federal (SPF), en julio de 2011: 

 

http://www.cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2011/08/torturas-hoy-y-ahora.html

Sin embargo, lo que provoca escándalo y debate, son las salidas de un grupo de presos. Entonces, sobre este punto, queremos aclarar: 

 

1- Las salidas "denunciadas" por Clarín no son "salidas transitorias" ni "traslados". Las salidas transitorias requieren cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos son objetivos: haber cumplido la mitad de condena o 15 años para quienes estén condenados a prisión perpetua; y otros absolutamente arbitrarios, y donde se asienta el poder del Servicio Penitenciario Federal: es necesario tener conducta ejemplar y concepto favorable (lo que se traduce con calificación de 9 y 7 respectivamente). La facultad de "calificar" la conducta de presos y presas otorga un enorme poder a los servicios penitenciarios, genera mecanismos de extorsión -si no te portás bien, no te pongo el punto que te falta- y de corrupción -venta de informes "favorables"-. En el ámbito del SPF, solo el 5 % de los/as presos/as gozan de salidas transitorias, según datos oficiales brindados por la Procuración Penitenciaria: 465 sobre un total de población penal de 9523.

2- Las salidas "denunciadas" por Clarín tampoco son "traslados". Traslado es cuando se lleva a un preso de una cárcel a otra; o a un hospital para que se le haga una práctica médica; o al velorio de un familiar, entre otros casos. Como denuncia la Asociación de Familiares, esos traslados suelen demorarse alegando dificultades de falta de móviles, o de nafta; lo que provoca que se pierdan turnos en los hospitales; o que se llegue tarde a un velorio, y un hijo no pueda despedirse de su madre; o que un padre no pueda visitar a sus hijos/as alojados en hogares de menores (todos casos reales, documentados con nombre y apellido)

3- Las salidas "denunciadas" por Clarín son para participar en encuentros culturales, actividades recreativas o eventos deportivos, o de cualquier índole que se considere beneficiosa para el desarrollo de la persona privada de libertad. Se pide autorización al juez o tribunal a cuya disposición está ese/a preso/a, y si la autorización se brinda, la persona sale custodiada, va al lugar donde está invitado/a, por un plazo definido y determinado (dos, tres, cuatro horas), y vuelve custodiado a la unidad donde está alojado. Esa salida puede realizarse en cualquier momento de la estadía de la persona en la cárcel, tanto si está procesado como si está condenado, porque no está sujeta a requisitos de "tiempo cumplido", ni de un determinado nivel de "conducta y concepto". El derecho a gozar de estas salidas surge del llamado "Principio de reinserción", que está expresamente desarrollado en nuestra Ley de Ejecución Penal, N° 24.660: 

 

ARTICULO 1º. La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Nótese que se refiere a los condenados, pero en el artículo 11 de la misma ley, dice:

 

ARTICULO 11. — Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7º, es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente.

4- En el caso particular de las actividades organizadas por el VatayónMilitante:

- La cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad. Todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido. Y es preciso trabajar con todos los presos y todas las presas, aún con quienes hayan cometido delitos graves, que nos repugnen más o menos conforme nuestras convicciones. Sin embargo, Nos preocupa que el desarrollo de actividades recreativas pueda verse subordinado a la participación en determinada fuerza política. Las personas privadas de libertad sufren una enorme deprivación en su autonomía, en sus posibilidades de elegir libremente, en el ejercicio de sus derechos. Hacer bailar a un preso con un penitenciario puede parecer simpático para algunos. Para muchos otros -nos incluímos-, implica una humillación, un acto de violencia simbólica, más allá de las buenas intenciones con que los integrantes de esa agrupación trabajen en el ámbito carcelario. La cárcel es una institución pública, y es deber del Estado garantizar, mediante políticas públicas universales, el acceso a todos los derechos para todos/as los/as presos. El Estado cuenta con innumerables instituciones que pueden y deben cumplir esta función. 

 

- Las facilidades con las que cuenta para desarrollar su actividad el Vatayón Militante no es compartida por otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre todo en las que tienen una mirada crítica sobre lo que sucede en las cárceles federales.

- Entendemos que, tanto como deben respetarse los derechos de las personas privadas de libertad, debe respetarse el dolor de las víctimas y de sus familiares. En ese sentido, nos parece desaconsejable difundir imágenes festivas mediante videos y redes sociales, en tanto provocan más dolor en los familiares de las víctimas de delitos graves, y asimismo pueden afectar la intimidad de algunas de las personas privadas de libertad que aparecen en ellas. 

 

- Nos parece vergonzoso y perverso que se pretenda cuestionar que determinados presos, por el delito cometido o imputado, sean estigmatizados, y se plantee que deberían ser utilizados como "símbolos" para dar "mensajes a la sociedad". El momento en que se determina la gravedad de un delito, y la pena correspondiente, es el momento de la condena. Luego, la persona condenada (o imputada, como es uno de los casos), conserva TODOS los derechos que se derivan de su condición de ciudadano. Haya hecho lo que haya hecho. Caso contrario, estamos planteando un derecho de ejecución penal para ladrones, otro para homicidas, otro para agresores sexuales, etc. Las personas, en un Estado democrático de Derecho, no son instrumentos para dar mensajes, sino sujetos de derecho. 

 

5- Nos preocupa que, a partir de discutir estos temas, se pretenda recortar derechos, en vez de ampliarlos. Somos muchos quienes pensamos que, en algún momento de la historia, la cárcel deberá desaparecer, o reducirse a niveles mínimos. En principio, creemos que no deberían construirse más cárceles, y que debería revisarse caso por caso cuántos cientos o miles de personas que hoy están presas, podrían obtener su libertad. En el mientras tanto, también insistimos en que debe reducirse al máximo el daño que la cárcel provoca. Y a continuación, damos algunos ejemplos:

- En el ámbito federal, se envía a presos que viven en la Capital Federal o el conurbano bonaerense, a cárceles ubicadas a cientos de kilómetros: Rawson (Chubut), Neuquén, Resistencia (Chaco), Río Gallegos (Santa Cruz). La pena de extrañamiento sigue vigente en nuestro país, rompe familias, aleja niños/as de sus padres, provoca pena y dolor agregado.

-En el módulo de jóvenes adultos de Marcos Paz (18 a 20 años), los abusos, golpes, amenazas y humillaciones son constantes.   

- Las plazas para participar en tratamientos para adictos son escasas, quienes las solicitan deben esperar años.

- Las distintas unidades penitenciarias tienen distintas reglamentaciones, tanto con relación a la documentación que exigen para que una persona ingrese como visitante, como con relación a qué ropa se puede llevar, o qué alimentos. Esto implica que las familiares, en ocasiones, deban volverse de la cárcel sin haber podido ingresar, porque les faltaba un documento que en otra unidad no se les exigía, o porque llevaban ropa de un color no admitido. 

-El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza militarizada, en sus prácticas, en sus costumbres, en su preparación.

Nuestras propuestas: 

 

1- Es preciso derogar la ley orgánica del SPF N° 20.416, creada por la dictadura de Lanusse en mayo de 1973 (días antes de la asunción del gobierno democrático) y discutir un nuevo Servicio Penitenciario, desmilitarizado, reducido, que solo cumpla una función de custodia externa de las unidades penitenciarias. El resto de las actividades que se realicen dentro de la cárcel, deben desarrollarse desde las instituciones públicas respectivas: el ministerio de educación, el de desarrollo social, el de trabajo, la secretaría de deportes, etc. 

 

2- El Senado debe tratar de modo urgente, y aprobar, la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, garantizando así que las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajamos en la prevención de la tortura y los malos tratos podamos ingresar sin restricciones a recorrer todas las instituciones de encierro, sin aviso previo, hablando de modo confidencial y privado con las personas privadas de libertad. 

 

3- Todas las organizaciones de trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, deben contar con facilidades para acceder a desarrollar proyectos educativos, laborales, recreativos, deportivos y culturales en los lugares de encierro, y debe garantizarse la participación de todas las personas privadas de libertad que así lo decidan, sin ningún tipo de discriminación, sin condicionamientos impuestos por el servicio penitenciario, ni limitaciones basadas en el lugar de alojamiento, la conducta, o el concepto. 

 

4- Rechazamos los intentos de limitar el piso de derechos garantizados por la ley de Ejecución Penal N° 24.660. Por el contrario, creemos que el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad debe ampliarse, facilitando su formación, su desarrollo personal, sus vínculos familiares y sociales, y su egreso anticipado de la cárcel, mediante salidas eventuales; salidas transitorias y libertad condicional, sin realizar distinciones basadas en el delito cometido. 

 

Cuando hablamos de derechos de las personas privadas de libertad, estamos hablando de derechos de todos y todas: de quienes han cometido un delito y de sus familiares; de las víctimas de ese delito, y de la sociedad en su conjunto. Estamos convencidos/as de que cuánto más abiertas sean las instituciones de encierro, cuánta más y mejor oferta de oportunidades haya para quienes deben cumplir una pena, mejor será para todos/as

Claudia Cesaroni

Centro de Estudios en PolíticaCriminal y Derechos Humanos (CEPOC)

15-4404-5299

Descarga el documento: 

Open publication - Free publishing - More argentina

TORTURA. NADA POR DECIR, TODO POR HACER.

¿Qué decir ante los tan difundidos hechos que tuvieron lugar en la comisaría de Salta?¿Qué decir sobre la golpiza violenta sufrida por un detenido de la Unidad 11 de Neuquén? ¿Qué decir sobre los tratos brutales que tienen lugar permanentemente en los centros de detención?  Nada. Lo mejor es no decir nada. No quedan cosas pendientes por decir respecto de la innegable realidad. Las imágenes, cuando se hacen visibles, hablan por sí solas. La elocuencia de una secuencia casi muda en que un policía coloca una bolsa en la cabeza de un detenido hasta que éste cae al suelo en medio de espasmos, o las fotos de una cara y una espalda deformadas por el color, la hinchazón y los cortes de la piel, no dejan espacio a las palabras.

Por otra parte, hace ya tanto tiempo que venimos repudiando y denunciando la sistemática aplicación de torturas y malos tratos en las comisarías, cárceles y lugares de encierro, que pareciera que también en este ámbito, desde el discurso, se ha dicho todo. No quedan argumentos pendientes por esgrimir: que el encierro coloca al sujeto detenido en absoluta situación de vulnerabilidad; que esa vulnerabilidad está en manos de agentes estatales con insuficiente preparación para el ejercicio de una tarea tan sensible como lo es, precisamente, la administración del poder estatal respecto de los sujetos encerrados bajo su custodia; que este desequilibrio de fuerzas debe ser monitoreado a fin de reducir al máximo – cualitativa y cuantitativamente – las ocasiones y situaciones de abuso de ese exceso de poder y fuerza; que quienes se encuentran así detenidos son seres humanos independientemente de lo que hayan hecho o de lo que se les acusa de haber hecho, y que por ser seres humanos deben respetarse sus derechos, propios de cada uno de nosotros, todos nosotros, los encerrados y los no encerrados, los seres humanos... Todo esto lo hemos dicho hasta el hartazgo. No puede agregarse mucho más.

Nada por decir, entonces. Y sin embargo, todo por hacer.

Las personas privadas de la libertad se encuentran a disposición del Estado y sus agentes, y es éste, mediante sus distintos órganos y agentes, quien tiene aún mucho por hacer. Los legisladores nacionales y provinciales aún deben sancionar las leyes – a las que la Argentina está internacionalmente obligada por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura – que dispongan la implementación de los mecanismos de prevención de tortura y malos tratos en los lugares de encierro. Los jueces deben reducir el número de órdenes de detención, prisión preventiva y condenas a pena de prisión de efectivo cumplimiento – reduciendo de esta manera el número de personas sujetas a esa situación de vulnerabilidad mencionada –, y deben aún asumir la responsabilidad que les compete en cuanto a que se respeten los derechos de las personas que por sus órdenes y a sus órdenes se encuentran privadas de la libertad. Los gobiernos nacional y provinciales mediante sus respectivos ministerios aún deben realizar reformas estructurales en los programas de formación de los agentes estatales que tendrán a cargo a las personas privadas de su libertad, así como debe reducir la opacidad funcional de los centros de detención. Por último, por ser el sector más importante y más involucrado en las prácticas de tortura: los propios penitenciarios y policías. Sería injusto decir que “los” penitenciarios y “los” policías torturan. No lo hacen todos, no lo hace ni siquiera la mayoría ni una gran parte. Unos pocos lo hacen, pero casi todos lo callan. Los agentes estatales que trabajan en los lugares de encierro aún tienen pendiente, por lo tanto, una toma de conciencia, movilización y denuncias responsables en contra de estas prácticas en sus ámbitos laborales. Esta concientización y movilización, sin duda, se verían fomentadas si los legisladores cumplieran con su tarea y los agentes supieran que existen mecanismos de prevención disponibles para canalizar en forma eficiente la denuncia de posibles situaciones de riesgo; si los gobiernos cumplieran con su tarea y se contara con una mejor formación profesional que les aportara conocimientos teóricos y prácticos respecto del trato respetuoso de los derechos humanos así como sobre los mecanismos de denuncia y protección de estos derechos, y si sus lugares de trabajo fueran respetados como tales y gozaran de más visibilidad funcional; sin lugar a duda, los agentes se verían también apoyados en su movilización responsable y denuncia respecto de estas prácticas – de unos pocos – si supieran que cuentan con el respeto y apoyo del juez interviniente en caso de denuncia.

Si todo lo que está por hacerse comenzara a hacerse, volveríamos a tener algo para decir,  positivamente, informando sobre el creciente respeto de los derechos humanos en los lugares de encierro, compartiendo con todos – legisladores, jueces, gobernantes, agentes penitenciarios y policiales – la satisfacción que brinda la tarea bien cumplida.

María Laura Böhm (CEPOC)

20 de julio de 2012

Programa de Atención Integral a Personas en Conflicto con la Ley y a sus Familiares “Comunidad + Prevención”.

El pasado 19 de Junio de 2012. El intendente de Morón, Lic. Lucas Ghi, junto al gobernador a cargo de la provincia de Buenos Aires, Lic. Gabriel Mariotto, el diputado nacional Martín Sabbatella, y los diputados provinciales Adrián Grana y Marcelo Saín, presentó un Plan Integral de Seguridad Democrática en Morón.

En el marco de esta presentación  Mónica Macha secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales de la comuna destacó que se se impulsarán y acompañarán distintas acciones y políticas tanto de prevención social del delito como de protección de derechos para personas y familias en conflicto con la ley a través del Programa de Atención Integral a Personas en Conflicto con la Ley y a sus Familiares “Comunidad + Prevención”.  

Este programa es llevado adelante  por la Asociación Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFaD) y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) en conjunto con el Municipio de Morón desde el año 2011. El mismo está basado en la experiencia que ambas organizaciones vienen realizando desde el 2008. Más información sobre el Programa: Aquí