Hoy, 29 de abril a las 16.30, el actual Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, presenta en la Facultad de Derecho el Informe sobre Tortura y Malos Tratos en Cárceles Federales.
Una hora antes, a las 15.30, está convocada la Comisión Bicameral cuya función es designar al nuevo Procurador, según surge del sitio web del Senado:
COMUNICO A USTED, QUE LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, SE REUNIRÁ EL DIA 29 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO, A LAS 15.30 HORAS, EN EL SALÓN "ARTURO ILLIA", - SITO EN EL 1ER. PISO DEL PALACIO DEL CONGRESO-.ASISTIRÁN COMO INVITADAS LAS DRAS. SILVIA MARTINEZ Y RAQUEL GASS, QUIENES FUERON PROPUESTAS COMO PROCURADORA PENITENCIARIA Y PROCURADORA ADJUNTA, RESPECTIVAMENTE.
Silvia Martínez -actual defensora oficial e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación- y Raquel Gass -a la fecha, asesora de la Procuración Penitenciaria- han sido propuestas, dice el texto de la citación a la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo. ¿Propuestas por quién? ¿Qué personas u organizaciones de derechos humanos opinaron, a favor o en contra de la designación de estas personas? ¿Quiénes de los que en este país se interesan por la situación de las personas privadas de libertad pudieron decir algo en cuanto a su capacidad para cumplir fielmente la función de proteger los derechos de estas personas? ¿Qué méritos académicos tienen, qué compromiso acreditan, que trayectoria poseen para ser elegidas en esta función?
No se sabe. No se hace público algo que por definición debería serlo, en un proceso que podría aprovecharse para discutir seriamente sobre la situación de las cárceles en nuestro país.
Las serias denuncias del actual Procurador Mugnolo, en cuanto a que no lo dejan hacer su trabajo -que es, principalmente, recorrer cárceles, hablar privadamente con presos y presas, intervenir en situaciones irregulares, denunciar los malos tratos a las personas privadas de libertad, recomendar los cambios que considere necesarios a las autoridades a cargo del Servicio Penitenciario Federal- y en cuanto a que existen amenazas serias a su persona y a la de sus funcionarios, son tomadas como si fueran solo un enfrentamiento personal con el actual director del SPF, Alejandro Marambio Avaria.
Marambio Avaria, antes de ser director del SPF fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Pero antes de cumplir ambas funciones, fue asesor de Mugnolo. Marambio trabajó cinco años como asesor jurídico en la Procuración Penitenciaria, e hizo allí lo que ahora pretende impedir que hagan otros abogados y abogadas: ingresó a los pabellones, habló a solas con los presos, recopiló datos y testimonios para que Mugnolo se presentara ante los tribunales federales denunciando malos tratos y torturas, investigó hechos de corrupción.
Las violaciones de los derechos humanos que Marambio conoció como asesor jurídico de la Procuración, siguen existiendo en las cárceles federales. No le son imputables directamente, pero sí le es imputable el hecho de obstaculizar el ejercicio de las funciones de control del organismo creado para ello, como es la Procuración Penitenciaria. Esto es lo que denuncia Mugnolo, y esto es lo que hay que investigar.
¿Qué hubiera pasado si el jefe de la Policía Federal, por ejemplo, hubiera dicho, con respecto a una denuncia efectuada por el funcionario encargado de controlarlo: “¿Para qué lo van a querer matar si ya está muerto, se murió solo?” Esto es lo que dijo Marambio cuando se lo consultó sobre las denuncias de Mugnolo acerca de que se atentaría contra su integridad física (http://www.clarin.com/diario/2008/04/20/policiales/g-06015.htm)
La cárcel, las cárceles, son un lugar sombrío, difícil, peligroso. La historia de nuestro país está poblada de gravísimas violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad, tanto en el ámbito federal como en los lugares de encierro bajo jurisdicción provincial. El principal modo de evitar que esto suceda, o al menos de disminuir el daño es el control externo.
La Argentina todavía no cumplió con la obligación de establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conforme se comprometió a hacerlo al ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura en noviembre de 2004. A este incumplimiento no puede sumarse la falta de transparencia en la designación del/la nuevo/a Procurador/a Penitenciario/a, y el ocultamiento de lo que sucede en las cárceles federales.
Buenos Aires, 29 de Abril de 2008
Área de Derechos de Personas Privadas de Libertad del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Contacto: 15-4404-5299
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