SOBRE EL USO DE PISTOLAS ELÉCTRICAS EN LA POLICÍA METROPOLITANA

Orlando Francisco Aguirre

Hace pocos días el Jefe de Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires anunció la compra de pistolas de electrochoque “Taser”, para equipar a la Policía Metropolitana. Estas armas producen una descarga eléctrica de 50.000 voltios a través de cables conductores de electricidad que controlan los músculos motores inmovilizando a la persona que recibe el impacto.

Sus defensores sostienen que tienen un efecto disuasivo, sirven para salvar vidas y que son perfectamente compatibles con el respeto a los Derechos Humanos ya que no son armas letales y su uso es inofensivo por lo que puede reemplazar a las armas de fuego contribuyendo a evitar violencias mayores.

Sin embargo, organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional han cuestionado el uso de estas armas en distintos países por considerar que pueden ser propicias para la aplicación de tormentos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, desde el año 2007, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas la considera como un elemento de tortura. También el CELS advirtió sobre los riesgos para los derechos humanos que puede traer su utilización.

Macri minimizó las críticas y sostuvo que “hay demasiado prejuicio y una opinión superficial”. El Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, por su parte, consideró las críticas como “una jugada política, que lo único que hace es confundir a la gente, porque esta arma se utiliza en Miami y en Chicago y ha dado buenísimos resultados". Agregó que “está altamente comprobado que es inofensiva, hasta para una persona que usa un marcapasos. La intención, justamente, es probar con armas no letales como éstas, para evitar usar la pistola en los casos en que la situación no lo requiera".

Precisamente para evitar el prejuicio y la superficialidad a la que alude el Jefe de Gobierno intentaremos realizar una indagación un poco mas profunda y veremos que estas armas tienen un historial cuanto menos inquietante.

Según Amnistía Internacional entre los años 2001 y 2008 han muerto en los Estados Unidos 344 personas luego de recibir una descarga de esta pistola y en 50 de estos casos las pericias determinaron que la muerte estuvo ocasionada por la descarga recibida. Este número desmiente el argumento de la no letalidad por lo que, contrariamente a lo que dice el Ministro, no estaría “altamente comprobado” que su uso es inofensivo. Por otra parte, el hecho de que el 90% de las personas que han recibido una descarga se encontraban desarmadas hace suponer que en muchas ocasiones su uso es indiscriminado e injustificado Es decir, no se las utiliza como alternativa a las armas de fuego o como último recurso sino mas bien como primer recurso y en circunstancias donde no siempre hay un riesgo de muerte o de lesiones. De manera que al ser utilizadas innecesariamente, antes que como una forma de reducir la violencia esta termina funcionando como un complemento de la brutalidad policial. Otro de los aspectos preocupantes de estas armas señalado por Amnistía Internacional es que resultan fáciles de llevar y aplicar (solo presionando un botón) y no dejan marcas en el cuerpo, lo que potencialmente la constituye en un elemento para la aplicación de torturas o malos tratos.

En muchas ocasiones es habitual que a la hora de justificar una política pública o una medida de gobierno los funcionarios citen supuestas experiencias exitosas de otros países sin que se presenten pruebas o fundamentos que sustenten dicho éxito. Esto es lo que hace el Ministro al calificar de “buenísimos” los resultados obtenidos en Miami o Chicago.

Revisemos un poco la experiencia internacional al respecto. Precisamente en Estados Unidos, país en el que más se ha extendido su uso, la cantidad de muertos por este dispositivo aumenta año a año.

En Canadá, donde se la utiliza de manera bastante habitual, se ha generado un importante debate luego del fallecimiento de una persona a la que, en un control aeroportuario, se le aplicó la descarga eléctrica en reitaradas oportunidades.

Amnistía Internacional ha podido demostrar igualmente casos de malos tratos y torturas atribuidos al uso abusivo de estas armas en 84 países.

Ya en el año 2006 la Unión Europea impuso restricciones a la utilización de estos equipos. En Francia en el año 2008 se permitió su utilización a las policías locales, sin embargo, un año después las autoridades han dado marcha atrás con la medida por considerar que su uso requiere un mayor control y regulación.

En España, si bien no se la utiliza en forma extendida, se ha advertido sobre la falta de controles y Amnistía Internacional recomendó al estado la suspensión de su uso hasta tanto no existan investigaciones independientes y rigurosas que determinen sus efectos.

Como vemos, la experiencia internacional dista de ser unánimemente exitosa y lo que sugiere es que, aunque menos letales que las armas de fuego, estos dispositivos no son inofensivos y su utilización debe estar sujeta a estricto control y regulación y ser compatible con el respeto a los derechos humanos.

Desde algunos sectores que promueven el uso de estas armas caen en un discurso extorsivo diciendo o se usa la pistola eléctrica o se usan armas de fuego, como si la alternativa fuese “gatillo fácil” o “picana”. El eje de la discusión no pasa por elegir el mal menor sino que lo central aquí es debatir la brutalidad del accionar policial y la necesidad de transformar prácticas violatorias de derechos muy arraigadas en las fuerzas de seguridad. Esto último cobra especial relevancia cuando se trata de una nueva fuerza. Pareciera que para algunos la única forma posible de intervención policial es a través de la violencia y la aplicación sistemática de dolor.