Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la NaciónDr. Julio César Alak S / D
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted a fin de manifestarle nuestra preocupación frente las denuncias sobre graves problemas de funcionamiento del Programa UBA XXII en los centros de detención del Servicio Penitenciario Federal (SPF).Las acusaciones respecto de irregularidades que estarían poniendo en riesgo el normal funcionamiento del CUD surgen en forma intermitente desde hace por lo menos dos años. En este caso, con fecha del 10 de noviembre, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires advirtió que el desarrollo de las actividades del programa, especialmente en el Centro Universitario de Devoto (CUD), está siendo seriamente obstaculizado. Afirmaron que desde mediados de septiembre de 2010 el Servicio Penitenciario Federal (SPF) lleva a cabo “acciones que suponen un claro avance institucional sobre el Programa. Inconsultamente el SPF suspendió actividades universitarias, desplazó otras fuera de la órbita del CUD, desarmó pabellones de estudiantes, trasladó presos estudiantes a otras unidades penales, realizó un allanamiento asistido con fuerzas de seguridad en horario de clase y en presencia de un docente sometiéndolo a una seria situación de tensión; secuestró computadoras que son patrimonio de la Universidad; produciéndose incluso el faltante de un equipo nuevo en dicha maniobra , impidió el acceso a docentes, entre otras cuestiones de gravedad.”Esta es sólo una de la numerosa cantidad de denuncias que hubo en los últimos meses al respecto, que da cuenta de la inestabilidad y debilidad institucional a la que se está sometiendo al programa, y frente a la que es necesario tomar decisiones que reviertan cualquier medida regresiva. Esto ha tenido como consecuencia, que varios internos se encuentren en huelga de hambre desde hace más de 30 días en señal de protesta. Resaltamos la importancia del Programa UBA XXII y su relevancia para dar contenido a la política penitenciaria, ya que implica un vínculo de los espacios de encierro con el exterior. La inserción de la universidad en contextos de encierro contribuye a la realización del derecho a la educación de las personas detenidas de conformidad con lo previsto en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional en nuestro país (art. 75 inciso 22 de nuestra carta magna, art. 13, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 12 de la de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), así como en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Capítulo VIII, ley 24.660).Las organizaciones firmantes sostenemos que resulta fundamental que se restituya el normal funcionamiento del Centro y que se despejen las dudas sobre las interferencias en el funcionamiento del Programa. Se trata de una medida fundamental para avanzar en políticas de fortalecimiento de un espacio tan relevante para la situación de las personas privadas de su libertad.A la espera de su respuesta, quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda u observación que surja de esta presentación. Sin otro particular, lo saludo atentamente, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)Comisión por la Memoria-Comité contra la Tortura - Provincia de Buenos Aires Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) – RosarioAsociación Pensamiento Penal (APP)Centro de Estudios por los Derechos Humanos (CEDH) - NeuquénObservatorio de DDHH - Río Negro La Red de Derechos Humanos - Corrientes Asociación de Defensores de Derechos Humanos – Pcia. Buenos AiresPasantía de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de RosarioCentro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)Asociación Civil Familiares de Detenidos en Cárceles Federales Asociación Zainuco (Neuquén) Asociación Civil La Cantora
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