UNA DESESTIMACIÓN QUE NO TUVO PRENSA


El pasado dos de mayo, en la Ciudad de Mendoza, el Tribunal de Enjuiciamiento de dicha Provincia resolvió desestimar la denuncia que se había formulado contra los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llanos y Alejandro Miguel,  integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal.

La denuncia la llevaron a cabo los Diputados Provinciales Daniel Cassia (Peronismo Federal), Patricia Gutiérrez  (Unidad Popular), los senadores Gustavo Cairo, (PRO) y Gustavo Valls (PRO), y el padre de una víctima de un hecho de inseguridad, Osvaldo Quiroga mediante la cual les imputaban “mal desempeño de sus funciones”. Hicieron partir esta premisa en su disconformidad con las decisiones de libertad concedidas desde la Cámara de Apelaciones que habían sido denegadas por el Juez de Ejecución.

Este argumento resulta una falacia que a su vez desconoce los derechos de las personas privadas de su libertad y los fines que expresamente establece la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad a nivel nacional. Pretender explicar la inseguridad como consecuencia directa de las decisiones judiciales en el marco de procesos de ejecución de la pena, es un recurso de demagogia punitiva que ya hemos visto en numerosas ocasiones y que, en este caso, se presenta en forma de denuncia ante los jueces que se ven obligados a aplicar lo que la ley prescribe.

En la votación la desestimación fue rotunda: 16 votos contra 3. Quienes se encontraban a favor de admitir la denuncia fueron Mario Adaro, Jorge Nanclares y Luis Petri, éste último autor del proyecto de ley que luego sancionara le Legislatura de Mendoza mediante el cual se amplían los tiempos en los cuales los detenidos pueden acceder al derecho a la libertad condicional, medida que aleja a la Provincia de Mendoza de los estándares mínimos que establece la Ley 24.660 violando los derechos de las personas privadas de su libertad, por lo que resulta inconstitucional. El CEPOC se hizo presente en el debate parlamentario y a su vez presentó a los legisladores la siguiente carta argumentando, entre otros, la total incompatibilidad del proyecto con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales - http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2012/08/carta-abierta-los-senores-y-senoras.html -

La denuncia tuvo amplia repercusión en los medios locales quienes, enseguida y en numerosas ocasiones, levantaron la noticia y la difundieron, como así lo hicieron con los agresivos dichos de uno de los diputados, Cassia -

Llamativamente, o no tanto, la desestimación del Jurado de Enjuiciamiento no tuvo la misma repercusión. Por ello, y solidarizándonos con los jueces integrantes de la Cámara, entendemos necesario difundir esta decisión que entiende que la presentación realizada no encuentra fundamento alguno como así tampoco merece siquiera el curso inicial del trámite que obligaría a los jueces a explicar sus posiciones. El rechazo de esta denuncia  se traduce como la mejor expresión de lo que debería ser un auditor del Poder Judicial: un ente que no es susceptible a los reclamos demagógicos. 

CEPOC
12/05/2013

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