LINCHAMIENTO, DISCURSO Y CRIMINOLOGÍA.

Sabido es que en las ciencias sociales la extrema ligazón que el observador posea con su objeto de estudio puede resultar condicionante a la hora de abordar con rigurosidad científica la porción de realidad que intenta analizar. En el caso de la Criminología, entendida aquí como la disciplina social encargada de estudiar los discursos legitimantes del poder punitivo, pareciera ser que dicha relación –además de estrecha- se encuentra severamente atravesada por un conjunto de pulsaciones, hechos catastróficos y otros desmanes que empantanan nuestra labor a diario. Es por ello que la cercanía que los criminólogos tenemos con los hechos delictivos, más en América Latina, nos sitúa hoy frente a un debate: a) el de pensar que el estupor y la indignación social frente al delito puede afectar nuestra visión crítica del sistema penal en tanto nuestras hipótesis se verían influenciadas por la horda informativa que tiñe de sangre nuestras ideas a diario o, en cambio, b) el de considerar provechosa dicha proximidad y beneficiarnos de ella para resolver –más que con rigor científico- con rigor histórico problemas como el de los “linchamientos”. Asimismo, y en referencia a lo anterior, oímos a diario frases tales como: “hay que darle guerra al crimen”, “la cárcel es una puerta giratoria”, la “culpa es de los jueces” y, últimamente, “No al nuevo Código Penal” lo que parecen representar, más que un cúmulo de preocupaciones generales, esquemas tabulados de tinte reduccionista por donde se hacen circular la mayoría de los debates en torno al delito y la seguridad. El último de ellos, quizá el más novato, tiene una extraña relación cronológica con los hechos denominados mediáticamente como “linchamientos” máxime si a estos se los atraviesa desde una visión crítica. Quiero decir con ello que no resulta para nada llamativo que el tratamiento sobre los hechos ocurridos en Rosario, Capital Federal y Mendoza se haya realizado a posteriori del tratamiento periodístico que se efectuó sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, en tanto, según la mayoría de medios de comunicación, éste se correspondería más a un plan criminal elaborado por un grupo de juristas en busca de consagrar la impunidad de los delincuentes que a la búsqueda de una armonía entre los preceptos de orden constitucional y la dinámica de las nuevas formas delictivas. En cambio, lo que si resulta llamativo  –y aquí el motivo de mi intervención- es la postura de ciertos sectores del arco político en donde la tabulación prescrita con anterioridad es tomada como referencia de principio a fin. Quien suscribe entiende que el punto equívoco de esta posición radica en la interpretación errónea que desde el mismo Estado se lleva adelante cuando manifiesta su falta de recursos para cumplir con su faz preventiva y represiva convencional, por lo que resultaría necesario –según esta posición- un reajuste en sus políticas de seguridad en tanto lo que se “tiene en frente” es un enemigo real y altamente peligroso. Lo paradójico de esta posición es que, a la inversa de lo que se supone, un grupo minúsculo de la sociedad ha respondido a la supuesta falta de recursos, en tanto dispositivos de seguridad, desde la acción concreta, despojados de un mínimo quantum de racionalidad institucional. Allí fue que aparecieron los discursos tradicionales que justificaron acabar con el “enemigo” proyectando un horizonte bélico de acción en donde se encasilla perfectamente la demagogia punitiva de los procesos de emergencia. En términos futbolísticos “correr detrás de pelota” más que una falla parece ser una táctica pensada por algunos operadores de una Argentina que no queremos, la de la segregación y la violencia. Por ello, en razón de la memoria histórica que este pueblo ha conseguido durante los últimos años y por nuestra relación estrecha con los procesos sociales conflictivos entiendo que el peor camino, el peor discurso en términos criminológicos, es el que intenta exhibir al Estado como una entidad en emergencia, un Estado indefenso, carente de ideas y de contenidos. Lamentablemente ese camino ya fue recorrido, dejó huellas imborrables en nuestro pasado porque justificó las reacciones más violentas, las intervenciones más despóticas y absurdas, aquellas que negaron el estado de derecho, ese estado de derecho que también se niega con cada linchamiento. 


Ariel Larroude
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Buenos Aires, 8 de abril de 2014

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