... A PARTIR DE UN INFORME DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA

La tortura es una práctica habitual en la Argentina, como en casi todo el mundo. Lo saben el actual director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, y el actual Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos. Ambos, mientras trabajaron en la Procuración Penitenciaria, constataron las prácticas violentas que todavía son cotidianas en el ámbito del SPF: “bienvenidas” en los Complejos, donde ingresan por primera vez los presos, y en las cárceles de máxima seguridad (Unidad 7 de Resistencia, Chaco; 9 de Neuquén; 6 de Rawson), con el objeto de que los presos se enteren de dónde están, y quién tiene el poder; requisas humillantes, traslados compulsivos; brutalidad contra los jóvenes adultos -la totalidad de estos jóvenes, los que tienen entre 18 y 20 años declaró haber recibido golpes en una investigación realizada por la Procuración Penitenciaria y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en 2002-.

Marambio ingresó en octubre de 2003 junto a otra asesora de la Procuración Penitenciaria al Pabellón E del Módulo IV del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y entrevistó a cada uno de los jóvenes que allí estaban alojados, todos ellos rotos en diversas partes de su cuerpo, después de haber sufrido una requisa brutal, que produjo la muerte de César Abel Gómez, un adolescente de 18 años. Marambio tomó esas entrevistas, se preparó una denuncia firmada por el Procurador Mugnolo, y se presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora. En esa y otras denuncias similares, elaboradas en base a los informes realizados por Marambio, Ramos y otros y otras asesores del Procurador, se describían prácticas similares: las requisas brutales, las sanciones injustificadas, todo ello sumado al robo de pertenencias, el maltrato verbal, la utilización de las calificaciones como modo de disciplinar a los presos. Solo a título de ejemplo, uno de los funcionarios penitenciarios que siguieron cumpliendo tareas importantes en el SPF durante la gestión de Ramos y Marambio, Hugo Sbardella, fue denunciado por la Procuración Pentienciaria, en el lapso en que ambos eran asesores de Mugnolo, por haber dejado ciego a un preso durante una requisa brutal en la Unidad 2 de Devoto.

¿Cambió algo desde que Ramos y Marambio están al frente de la política penitenciaria en nuestro país? Podría aceptarse la importancia de que un profesional no penitenciario (preferimos usar esta definición antes que la de "civil", porque en contraposición, pareciera que los penitenciarios tienen estado militar...) esté al frente del SPF, y que ese profesional, y el subsecretario de asuntos penitenciarios hayan trabajado antes en un organismo de protección de los derechos de las personas privadas de libertad como lo es la Procuración Penitenciaria. Sobre todo, si ambos formaban parte del staff más cercano al Procurador.

Sin embargo, la soberbia transforma esa ventaja, en un escándalo institucional.

Marambio dice que Mugnolo denuncia las torturas en las cárceles federales como modo de quedarse en el cargo, y toma esa denuncia como algo “personal”. Es posible que entre otros graves errores cometidos por Mugnolo durante su gestión, se le pueda reprochar que no haya dicho antes lo que dice ahora, o al menos, con la misma fuerza. Pero el problema existe. Las torturas y malos tratos existen. Los muertos por causas violentas en cárceles federales, existen: 16 en 2005 (10 por heridas cortopunzantes, 2 por ahorcamiento, 2 por una explosión de gas, 2 sin dato de causa); 9 en 2006 (7 por heridas cortopunzantes, 2 por ahorcamiento) Estos datos son parciales, y obtenidos con dificultad, porque Ramos y Marambio se niegan a informar acerca de las muertes sucedidas en las cárceles bajo su jurisdicción, inclusive a otras áreas de gobierno que se lo solicitan. También obstaculizan el ingreso de organizaciones sociales y de derechos humanos, así como la intervención de áreas de gobierno que intenten cumplir con funciones de control. Entienden, ambos funcionarios, y lo dicen, que las cárceles federales les “pertenecen”, apropiándose absurdamente de un área tan importante y compleja, y despreciando toda crítica, con todo tipo de descalificaciones.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

La tortura en los lugares de encierro, y los abusos de las fuerzas policiales y de seguridad son prácticas que no solo suceden en nuestro país. Pero es responsabilidad ineludible del Estado hacer todo lo que tenga a su alcance por desterrar estas prácticas.

De lo mucho que hay por hacer, podría empezarse por lo siguiente:

1- Cumplir con la ley 25.932, promulgada el 30 de setiembre de 2004, mediante la que se aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pennas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Aprobar este Protocolo significa asumir la obligación de cumplirlo, es decir, crear uno o varios Mecanismos Nacionales de Visita a los Lugares de Detención, que puedan ingresar a todos los establecimientos de cualquier tipo donde haya personas privadas de libertad en todo el país, y bajo cualquier jurisdicción.
Pasaron tres años, se prepararon varios proyectos, las organizaciones de derechos humanos plantearon muchas observaciones y propuestas, pero los mecanismos aún no se crearon. Crearlos y permitir que funcionen sin obstáculos, sería una buena manera de comenzar a terminar con la tortura. Y es fundamental empezar por las cárceles federales, así como con otros lugares bajo jurisdicción federal -establecimientos dependientes del Ejército, la Gendarmería, la Prefectura-, donde hay personas privadas de libertad. El Estado federal debe dar el ejemplo.

2- Cambiar profundamente al Servicio Penitenciario Federal, que todavía se define a sí mismo, en su ley orgánica, como una “fuerza de seguridad”. Desmilitarizarlo, echar de sus filas a quienes son señalados por múltiples testimonios como torturadores, modificar la formación del personal, revisar los criterios con que se manejan los técnicos y profesionales del “tratamiento resocializador”, discutir seriamente cuáles son los alcances de estos seudos tratamientos, una discusión que debe hacerse en las aulas y en los pabellones, haciendo participar a los especialistas y a los propios presos, porque no es un tema de penitenciarios, sino de la sociedad en su conjunto.

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2007
Área de Derechos de Personas Privadas de Libertad – CEPOC
Contacto: 15-4404-5299