LA POL 2, LA TORTURA Y LA PENA DE MUERTE

Repercusión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires:

Proyecto D-1589/06-07-0, presentado el 13/7/06. Ingresó en esa fecha en la Comisión de Seguridad y Asuntos Pentenciarios. Autor del proyecto: Diputado Sebastián Cinquerrui (ARI).

PROYECTO DE DECLARACIÓN


La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires



DECLARA


Que ve con preocupación las opiniones expresadas por un alto porcentaje de aspirantes a ingresar a la Policía Buenos Aires II, reflejadas en una encuesta de reciente publicación, en las cuales justifican la tortura como herramienta de investigación, aprueban la implementación de la pena de muerte y realizan caracterizaciones discriminatorias de los potenciales delincuentes.


FUNDAMENTOS


El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) realizó, durante los meses de noviembre y diciembre de 2005, una encuesta entre 212 estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús, aspirantes a ingresar en la Policía Buenos Aires II.

Los resultados de la encuesta constituyen una muestra escandalosa de las ideas aberrantes que sostiene un alto porcentaje de los aspirantes a la carrera policial. Por ejemplo, uno de cada tres encuestados manifestó justificar el uso de la tortura como método de investigación para descubrir al autor de un delito grave, como una violación o un homicidio.

El sólo hecho de que un ciudadano común sostenga la legitimidad de la tortura en el marco de un Estado de Derecho, configura un hecho preocupante. Sin embargo, dicha afirmación, expresada por un aspirante a ingresar en la institución policial, conlleva una gravedad mucho mayor si tenemos en cuenta la condición potencial de los entrevistados.

Existen evidencias suficientes para sostener que la tortura de los detenidos constituye una práctica habitual para las fuerzas policiales bonaerenses. En el sistema judicial provincial existe un gran número de causas iniciadas por detenidos que han sido sometidos a tratos inhumanos y vejatorios por parte de personal policial. Del análisis de las causas se desprende la persistencia de prácticas aberrantes contra la dignidad humana, maltratos físicos y psicológicos que incluyen golpes de puño, patadas, bastonazos y culatazos. También se registran casos de quemaduras de cigarrillos, uso de gas paralizante en el rostro y violaciones. Entre las prácticas más humillantes podemos mencionar el uso de la picana eléctrica y el vulgarmente llamado “submarino seco”, reproduciendo de manera perversa el modus operandi de las fuerzas represivas durante la dictadura militar.

Por otra parte, el 52 % de los estudiantes encuestados justifica la pena de muerte, siendo que el espíritu y la letra de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los que adhiere el país, establecen que la vida es un derecho inalienable de todos los seres humanos.

Por último, una de las afirmaciones más alarmantes es la existencia de una configuración mental que establece el “tipo ideal” de delincuente; es decir, una serie de características físicas y socioeconómicas que permitirían distinguir a priori quién está el margen de la ley penal. Según la opinión de los aspirantes a ingresar en la policía, ser de tez oscura, joven, del Sur del Conurbano bonaerense, desocupado y poseer escasos recursos materiales, es sinónimo de delincuencia.

Esta afirmación presenta tres aristas principales. En primer lugar, es absolutamente falsa. La mayor parte de las víctimas de delito son personas de bajos recursos y todos los estudios demuestran que la mayor concentración de delito se da en los barrios más carenciados. De modo tal que transformando a la víctima en victimario, escaso favor se le hace al pedido desesperado de justicia de aquellos que no pueden pagar por su seguridad y la de su familia.

En segundo lugar, reproduce la lógica perversa de un sistema penal que sanciona siempre al más débil. El 80% de la población carcelaria tiene menos de 30 años; la mayoría de los reclusos pertenece a las clases más postergadas, y poseen escasa capacitación laboral y bajo nivel educativo. Esta situación no es la consecuencia de que los grupos sociales que presentan estas características constituyan una usina innata de conductas delictivas. Sino que, por el contrario, es la resultante de un sistema penal injusto que enfoca la punición sobre los grupos sociales más débiles y deja impunes a quienes se apropian de los recursos que le pertenecen a toda la sociedad. El hecho de que los aspirantes a policías reproduzcan este esquema es por demás alarmante, puesto que estaría dando cuenta de la reproducción constante de un sistema de valores y prejuicios que desembocan, invariablemente, en la arbitrariedad, el abuso y la violencia.

Finalmente, en tercer lugar, es una afirmación discriminatoria, estigmatizante y violenta, que lacera de manera peligrosa la posibilidad de reconstruir el lazo social. Los seres humanos tenemos la tendencia a simplificar la realidad para poder operar sobre ella. Vivir en la complejidad necesita de esquemas, a través de los cuales tamizamos nuestra conducta. La persistencia de un esquema estigmatizante, como el que acabamos de describir, en el ideario del personal estatal armado y en uso del monopolio legítimo de la violencia que el Estado se reserva para sí, no es una cuestión menor. En otros términos, quien concentra el monopolio legítimo de la violencia, sabe de antemano, y en base al color de la piel y al nivel socioeconómico, contra quién deberá ejercerla.

Los pobres del conurbano sufren las consecuencias concretas y cotidianas que se desprenden de lo antedicho. Sobre ellos recae el castigo injusto y la mirada sospechosa. Por tal motivo, solicito a los miembros de esta Honorable Cámara que acompañen con su voto positivo el presente Proyecto de Declaración.