La tortura es una práctica habitual en la Argentina, como en casi todo el mundo. Como consecuencia de prácticas violatorias de derechos humanos, diariamente centenares de personas son golpeadas, sometidas a encierros prolongados en celdas oscuras, insultadas, separadas de sus familias. Algunas no lo soportan, y se suicidan, o son obligadas a hacerlo: en 2005, 2006 y lo que va de 2007, un total de 76 personas de toda edad murieron por ahorcamiento (el más chico tenía 14 años y apareció colgado el 13 de junio de 2005 en la Comisaría 3º de Famaillá, Tucumán) Otros viven en cárceles como la de Santiago del Estero, hacinados en espacios mínimos, hasta que la bronca estalla, y mueren de a decenas.
Pero también padecen malos tratos y torturas los y las presas que viven en cárceles donde no hay hacinamiento, ni falta personal, ni existen graves problemas de infraestructura. Son los presos federales, quienes están alojados en alguna de las más de treinta cárceles y alcaidías dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La jefatura política del SPF le corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios.
El domingo 2/12, en una extensa nota publicada en el diario Página 12, se informa sobre un relevamiento realizado por la Procuración Penitenciaria en varias cárceles dependientes del SPF. El trabajo confirma datos que ya se conocían a partir de investigaciones realizadas por la propia Procuración y por investigadores particulares: las denominadas bienvenidas, es decir, las golpizas al ingreso a una unidad, son prácticas cotidianas y extendidas en la casi totalidad de las unidades, sobre todo en los Complejos Penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz, y en las unidades “de máxima seguridad”, como las de Rawson, Neuquén y Chaco. Las requisas a presos y familiares son humillantes, se vulneran los derechos de mujeres y niños visitantes, cada vez que se los obliga a desnudarse, hacer flexiones y exhibir sus genitales. Los más vulnerados en sus derechos son los jóvenes adultos, es decir los presos de 18 a 20 años, sometidos a una especie de brutal servicio militar ilegal, ya que son obligados a marchar con la cabeza gacha y las manos atrás, golpeados y encerrados en celdas de aislamiento como particular modo de reeducación, y son los que menos recursos tienen como para poder defenderse.
Varias de estas prácticas se asemejan a las realizadas durante la dictadura militar. La Unidad 6 de Rawson, que era entonces el lugar donde se concentraba a los presos políticos más peligrosos, es el lugar donde se envía al enemigo actual: los delincuentes más conflictivos. En ambos casos, con el objetivo de alejarlos de sus familias y abogados, aislarlos, y así ocultar el trato brutal al que eran y son sometidos.
¿POR DÓNDE EMPEZAR?
La tortura en los lugares de encierro, y los abusos de las fuerzas policiales y de seguridad son prácticas que no solo suceden en nuestro país. Pero es responsabilidad ineludible del Estado hacer todo lo que tenga a su alcance por desterrar estas prácticas.
De lo mucho que hay por hacer, podría empezarse por lo siguiente:
1- Cumplir con la ley 25.932, promulgada el 30 de setiembre de 2004, mediante la que se aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pennas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Aprobar este Protocolo significa asumir la obligación de cumplirlo, es decir, crear uno o varios Mecanismos Nacionales de Visita a los Lugares de Detención, que puedan ingresar a todos los establecimientos de cualquier tipo donde haya personas privadas de libertad en todo el país, y bajo cualquier jurisdicción.
Pasaron tres años, se prepararon varios proyectos, las organizaciones de derechos humanos plantearon muchas observaciones y propuestas, pero los mecanismos aún no se crearon. Crearlos y permitir que funcionen sin obstáculos, sería una buena manera de comenzar a terminar con la tortura.
2- Cambiar profundamente al Servicio Penitenciario Federal, que todavía se define a sí mismo, en su ley orgánica, como una “fuerza de seguridad”. Desmilitarizarlo, echar de sus filas a quienes son señalados por múltiples testimonios como torturadores, modificar la formación del personal, revisar los criterios con que se manejan los técnicos y profesionales del “tratamiento resocializador”, discutir seriamente cuáles son los alcances de estos seudos tratamientos, una discusión que debe hacerse en las aulas y en los pabellones, haciendo participar a los especialistas y a los propios presos, porque no es un tema de penitenciarios, sino de la sociedad en su conjunto.
3- Comenzar a discutir el para qué del encierro, tanto para los adultos cuanto más para los casos de niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de reducir al mínimo a la cantidad de personas a las que se priva de libertad y los motivos por los que se los encierra. Esta discusión no es fácil, porque seguramente no responde a las demandas ciudadanas en cuanto a encerrar más gente por más tiempo. Sin embargo, es urgente y necesaria, y puede constituirse en un espacio de intercambio que permita discutir cuáles medidas de política criminal son útiles para disminuir los niveles de violencia en la sociedad, y cuáles demuestran una y otra vez su inutilidad.
El desafío está planteado, y si se lo aborda, podría suceder lo que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, propuso como una tarea para la Argentina, en ocasión de abordar la problemática de la Penitenciaría de Mendoza: “A veces, de profundas crisis --como la que hemos contemplado en estas prisiones—pueden surgir iniciativas y remedios valiosos. Argentina ha sido, por lo demás, un país de avanzada en muchas iniciativas plausibles. Aunque se trate de un asunto de otro orden, estaba yo pensando en que hace muchos años ante una grave tensión estudiantil, una ciudad argentina generó las condiciones para una magna reforma universitaria que se expandió por (…) América Latina. ¿Por qué no pensar que esta crisis carcelaria (…) tan profunda, que Argentina comparte con otros países, puede dar lugar a una también profunda reforma penitenciaria? ¿Por qué no pensar, con gran ambición --y quizá con visión-- que a partir de la experiencia que aquí estamos viviendo y compartiendo, se puede generar una iniciativa plausible que agite las conciencias en toda América, como alguna vez las agitaron los estudiantes argentinos?”
Área de Derechos de Personas Privadas de Libertad - CEPOC
Contacto: 15-4404-5299
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