Publicamos a continuación un documento elaborado por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Pensamiento Penal, sobre la situación del Juez Nicolás Schiavo, fuertemente criticado por la prensa y sometido a juicio político por su decisión de morigerar el cumplimiento de la prisión preventiva a una persona a la que se acusa de cometer un delito gravísimo.
EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DISCURSOS CONTRADICTORIOS
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación “Pensamiento Penal” expresan por este medio su solidaridad con el juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo, ante el pedido de juicio político que las autoridades políticas de la Provincia han promovido contra su persona con motivo de los hechos delictivos registrados en la ciudad de Campana, los que por su extremada gravedad han conmovido en forma justificada a la opinión pública.
Es de recordar que el juez Schiavo había otorgado en el mes de febrero de 2007 —hace un año y medio, aproximadamente— una morigeración de la prisión preventiva (control por monitoreo electrónico) a quien ahora se supone podría ser uno de los autores materiales de la masacre verificada en la ciudad de Campana, lo cual deberá ser determinado en juicio, tal como corresponde a nuestro orden constitucional.
Consideramos que responsabilizar al juez por las consecuencias derivadas de un acto realizado en el ejercicio ordinario y regular de la magistratura, el cual contó con los debidos resguardos legales en lo que a instancias revisoras se refiere, constituye una palmaria confusión conceptual entre aquellos actos meramente jurisdiccionales y los susceptibles de ser tamizados políticamente, confusión que coloca en riesgo uno de los valores trascendentales de la República, como lo es la independencia del Poder Judicial y de sus miembros.
La vía que inaugura el poder político provincial (condicionar y supeditar la legitimidad de un acto jurisdiccional y la continuidad de los jueces en sus cargos a los resultados indirectamente derivados de sus decisiones) implica en los hechos colocar una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los jueces y requerirles que previo a sus determinaciones realicen actos adivinatorios sobre el futuro de las conductas de los justiciables.
La sociedad en su conjunto, y también los integrantes de las entidades que suscribimos la presente, lamentamos profunda y sinceramente lo sucedido en Campana, pero exigir que el juez interviniente previera lo que iba a suceder con más de un año de anticipación es un verdadero desatino lógico que no resiste el menor de los análisis, como no sea que lo que en realidad se pretende es la lisa y llana neutralización física de todos los presuntos peligrosos que ingresan al sistema penal, de donde nunca más se podrían disponer excarcelaciones, morigeraciones a la prisión preventiva, libertades condicionales, salidas transitorias y otra serie de derechos establecidos desde antaño por la ley local y por el derecho internacional de los derechos humanos, a los fines de evitar nuevos hechos delictivos y las consecuencias que de los mismos se desprenden para quienes los disponen.
Pero además, la reacción del Estado provincial de solicitar el enjuiciamiento de un juez que otorgó una morigeración a la prisión preventiva por los actos indirectamente derivados de ese acto jurisdiccional, no se compadecen con sus propios actos precedentes, que desde 1998 hasta la fecha —con algunos conocidos y frustrados altibajos políticos que hoy parecen querer resucitarse— han estado encaminados a garantizar que los imputados por la comisión de un delito puedan transitar los procesos en libertad, tal como expresamente lo indica el artículo 144 del Código Procesal Penal vigente, lo cual coloca a los jueces en una verdadera situación esquizofrénica, ya que se los reprocha por aquello mismo que se les manda hacer.
A este respecto es válido recordar que como consecuencia de parecidos ímpetus políticos a los que hoy parecen atravesar la Provincia, la Corte federal hubo de pronunciarse en mayo de 2005 en el conocido caso “Verbitsky”, donde, entre otras cosas, se ordenó al Poder Ejecutivo provincial que remitiese un informe sobre las condiciones de detención de los imputados a los fines que los jueces evaluasen disponer medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas que la carcelaria propiamente dicha, lo cual derivó en que la Corte provincial se pronunciase en idéntico sentido el 11 de mayo de 2005.
Lo propio ha acontecido con los organismos internacionales de derechos humanos, de los cuales nuestro país resulta tributario. Tal el caso de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en forma reiterada han sostenido que la prisión preventiva debe ser un estado excepcional, únicamente aplicable cuando no existan otros medios menos lesivos para garantizar la realización del proceso.
No se trata la presente de la defensa corporativa de un par. Nos encontramos profundamente convencidos que tras la acusación que pesa sobre el juez Schiavo se pone en juego la suerte de un modelo de judicatura y también un modelo de sociedad.
De prosperar esta acusación, el modelo que habrá de consolidarse será el del juez dócil a los humores sociales y políticos, y permeable a las presiones de distinta índole, que supedite sus decisiones a las conveniencias coyunturales, colocando el cumplimiento de la ley en un segundo plano, de acuerdo a las circunstancias.
Pero también se pone en juego el modelo de sociedad en el cual aspiramos a vivir los argentinos. Mucho ha costado consolidar el estado de derecho, caracterizado —entre otras cosas— por la pareja e igualitaria aplicación de la ley a todos los ciudadanos, sin distinción de condición social, clase o estrato, y basados en el respeto por la dignidad humana. El sostenimiento del modelo del estado de derecho, donde los fines no justifican la aplicación de cualquier medio, tiene sus costos, que en ocasiones deben pagarse en moneda de frustraciones y resignaciones. Costos que de cualquier modo son infinitamente menores que los que se pagan cuando las fuerzas punitivas se desatan sin controles ni medidas de ninguna naturaleza, como lamentablemente lo recuerda la historia más reciente de nuestro país.
Tenemos la fundada sensación que el pedido de enjuiciamiento político del juez Schiavo puede convertirse en la escenificación propiciatoria para ofrecer a la opinión pública un chivo expiatorio que justifique las ineficiencias en las que incuestionablemente se encuentra seriamente involucrado el poder político provincial, incapaz de controlar las instancias a su cargo, como es el caso del servicio de monitoreo electrónico.
Consecuentemente, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación “Pensamiento Penal” reclaman en forma enérgica al poder político bonaerense mesura y recato en el tratamiento de cuestiones tan sensibles como las que se involucran en los hechos en análisis, evitando incurrir en soluciones simplistas que solo contribuyen a procurar chivos expiatorios con el deliberado propósito de calmar en forma rápida los reclamos sociales, distrayendo la atención sobre las verdaderas responsabilidades que producen una sociedad donde aún no logran consolidarse los principios sustanciales del estado de derecho.
5 de agosto de 2008
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