Entre el 23 y el 26 de setiembre se realizó en Buenos Aires un Seminario Internacional, organizado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) con sede en Suiza, el Cejil, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
El Seminario se denominó "El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y los Estados federales: desafíos y soluciones posibles."
Participaron representantes estatales y de organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad de varios estados federales, además de la Argentina: México, Australia, Brasil, Gran Bretaña, y España.
Las jornadas se iniciaron en la ex Esma, y continuaron durante tres días de debates, en los que la discusión se centro en analizar las experiencias existentes de mecanismos de visita a lugares de encierro, y en las dificultades que supone la creación y desarrollo de estos mecanismos en los estados federales.
En el caso de la Argentina, las organizaciones sociales participantes -entre las cuales se encontraban el Cepoc, la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Radio La Cantora, el Cels, la Coordinadora de Trabajo Carcelario de Santa Fe, el Grupo de Mujeres de la Argentina, así como la Procuración Penitenciaria de la Nación- manifestaron su queja ante la falta de decisión política del Estado nacional en cuanto a implementar el Mecanismo de Visita a los lugares de encierro, pese a que nuestro país fue el primer Estado federal en ratificar el Protocolo, en noviembre de 2004.
Cuatro años después aún el mecanismo no está implementado. Mientras tanto, las situaciones de violencia y malos tratos en los lugares de encierro se siguen sucediendo.
En el mes de julio de este año un total de 17 organizaciones sociales y de derechos humanos entregó al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández un anteproyecto de ley de creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que conforme la respuesta oficial, iba a ser analizado en el corto plazo.
A continuación, publicamos los consensos básicos a los que se arribó en el Seminario. Próximamente publicaremos el informe completo y el resumen de las experiencias de cada estado federal.
De lo expuesto y deliberado en el Seminario Internacional surge un consenso que puede ser resumido en las siguientes conclusiones y recomendaciones:
1. La ratificación del Protocolo Facultativo y su efectiva implementación, crea la obligación de establecer un sistema de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a través de visitas periódicas - por parte del Subcomité de Prevención de las Naciones Unidas (SPT) y de mecanismos nacionales de prevención (MNP) - a todo lugar de privación de libertad. En el caso de Estados federales y descentralizados presenta la particularidad de que la implementación debe alcanzar todos los lugares de privación de libertad bajo cualquiera de las jurisdicciones del Estado Parte.
Esto representa una oportunidad para impulsar y perfeccionar diversas acciones y estrategias en todos los niveles, tanto locales como federales, para prevenir la tortura y otros tratos similares.
2. Los Estados federales y descentralizados enfrentan ciertos desafíos específicos en la aplicación del Protocolo Facultativo, en especial con relación a la designación y el establecimiento de MNP. En primer lugar, se presentan desafíos de orden jurídico debidos a la división de competencias y jurisdicciones entre la entidad federal y las respectivas unidades de la federación. En segundo lugar, se presentan desafíos de orden político ya que los estados federales y descentralizados enfrentan muchas veces escenarios complejos en términos de negociación para la construcción de consensos.
3. Estos desafíos jurídicos y políticos son superables, si bien su resolución puede requerir tiempo. La clave para enfrentar estos desafíos radica principalmente en la calidad de los procesos de diseño y puesta en marcha de los MNP, los cuales deben reflejar las particularidades de una estructura federal y descentralizada. Un diálogo amplio, cooperativo y transparente entre los estados federales, las unidades de la federación y la sociedad civil propiciará la resolución satisfactoria de estos desafíos, y condicionará la legitimidad, operatividad y la eficacia del los MNP.
4. En relación con la metodología de visitas a los lugares de privación de libertad y la elaboración de informes con observaciones y recomendaciones, es fundamental asegurar la coordinación, consistencia y la aplicación uniforme estándares entre los diversos MNP. La calidad y la regularidad de las visitas y el seguimiento eficaz de las recomendaciones, serán elementos decisivos para lograr un impacto preventivo. Todo lo anterior adquiere especial relevancia tratándose de Estados federales y descentralizados por su complejidad estructural.
5. Todos los niveles de los Estados federales y descentralizados deben asegurar las
garantías necesarias para que los órganos previstos por el Protocolo Facultativo (SPT y MNP) puedan cumplir sus funciones y se implementen efectivamente sus
recomendaciones. Cualquiera sea la estructura del MNP, se debe garantizar en todas las jurisdicciones de un Estado federal o descentralizado, los requisitos establecidos en el Protocolo Facultativo, incluyendo, el acceso no restringido y sin previo aviso a todo y cualquier lugar de privación de libertad. Dicha estructura deberá estar sujeta a un proceso dinámico de perfeccionamiento continuo.
6. Los MNP en los Estados federales y descentralizados precisarán coordinarse y
articularse entre si y mantener relaciones interinstitucionales fluidas con otros órganos afines, tanto en el ámbito nacional, como en el regional e internacional. En particular, deberán mantener una sólida relación con el SPT, el cual deberá ejercer activamente sus competencias en el asesoramiento para el establecimiento y funcionamiento de los MNP, contribuyendo a la resolución de los desafíos que pudieran plantear los Estados federales y descentralizados.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008
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