SISTEMA PENAL VERSUS PREVENCIÓN DEL DELITO

Sistema penal versus prevención del delito.

Datos:

1) Hace más de 15 años que la tasa de encarcelamiento en la Argentina (en general y en cada una de sus provincias) no para de crecer. Esto tiene que ver por un lado con que, aparentemente, se cometen más delitos (o el sistema tiene más acceso a conocer más delitos) que antes. Pero también obedece a que desde 1983 hasta esta parte ha habido más de setenta reformas penales que agravan las penas para distintas conductas.

2) Antes éramos un país con una baja tasa de homicidios dolosos. Y ahora también (entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes). Sin embargo, antes éramos un país con una baja tasa de encarcelamiento (113 personas cada 100.000 habitantes) y ahora somos un país con una alta tasa de encarcelamiento (más de 170 personas cada 100.000 habitantes).

3) Cada vez que se reforma un tipo penal agravando su pena, puede hacerse el siguiente ejercicio: calcúlese el número de ese tipo de delitos cometidos en el año anterior a la modificación penal con el número de delitos cometidos los años subsiguientes. Verá que la modificación no ha influido en nada. Si la tasa de ese delito venía bajando, seguirá bajando. Si venía subiendo, seguirá subiendo. Si alguna situación general de ese año produce una suba en todos los delitos similares, crecerá igualmente. Si una situación general produce una baja en todos los delitos similares, bajará.

4) Por otro lado, el sistema penal sólo llega a una resolución definitiva que pueda considerarse “certeza” sobre un hecho en un porcentaje minúsculo (que varía entre el 2 y el 4 % del total de los hechos conocidos por denuncia o por prevención policial). Con lo cual, es más que lógico que una suba en la pena de cualquier delito amedrente poco y nada.

A pesar de que todo esto se sabe, algunos autotitulados expertos siguen vendiendo fórmulas para bajar el delito aumentando la represividad penal (más pena, más policía). Esta es una estrategia que traerá muchas complicaciones a los tribunales y a los servicios penitenciarios (que siempre terminan por ser desbordados), pero que no tiene ningún sobre el control de las conductas del público. Su único efecto es crear la imagen de un experto con valentía y “del lado de la gente”. Pero este efecto de construir una figura de alguien experto y valiente para “combatir” al delito nunca dura más de un par de años, porque, se sabe, resulta ineficaz, y luego de un par de años eso empieza a sentirse.
A pesar de ello, por un particular resorte emocional, seguimos comprando, seguimos depositando nuestras esperanzas de ser menos victimizados en estos sheriff remozados (tal vez sea el efecto de los westerns en nuestra cultura).

Pero eso no es lo peor. Lo peor es que este discurso violento, de tener “cojones” y defender a “la gente” impide reflexionar seriamente sobre la posibilidad de políticas de prevención del delito. Se pide menos delito, nos venden represión, y nos quedamos sin prevención.
Por eso, la venta en el discurso político de que la seguridad frente al delito se puede lograr por medio del sistema penal (algo que, los jueces más experimentados, no importa su ideología saben que es imposible), opera en contra de la formulación de verdaderas políticas de prevención del delito, que van al margen, paralelamente, a lo penal. Le quita atención pública; y por tanto, interés político; y por tanto, presupuesto y factibilidad.



Las propuestas no penales de la prevención.

Para comenzar es necesario dejar en claro que los delitos son cometidos por todas las clases sociales. Es difícil saber si unas más que otras, porque el sistema penal y sus sistemas de percepción de delitos, de recepción de información, están diseñados para enfocarse principalmente en los delitos de las clases bajas, y principalmente en los que afectan a la propiedad (y en segundo lugar, a la vida y a la integridad sexual). Así, resulta imposible saber cuántos y que daño han cometido delitos de cuello blanco, o grandes desfalcos económicos. Resulta difícil saber sobre la prostitución en la clase alta, o los abusos sexuales dentro de las familias decentes y normales.
Pero esto no servirá como excusa para que evadamos justamente el problema: ¿qué pasa con aquellos delitos que sí persigue el sistema penal? ¿podrían ser controlados mejor de otra manera?
Dejando de lado las primeras formulaciones racistas y clasistas de la criminología, que nunca gozaron de prestigio científico y que son fácilmente invalidadas como un discurso que genera una verdad pobre y escueta, atada a los intereses del poder dominante de turno, hay más de cien años de investigación en ciencias sociales sobre la cuestión de la conflictividad, el delito, la desviación, la violencia, etc. Apoyados en varias de estas escuelas se han formulado una amplia gama de propuestas políticas que apuntan a la prevención del delito. Grosso modo podríamos clasificarlas en tres grupos:

1) Prevención social: Supone que hay un problema de fondo que es el contraste entre los más ricos y los que están excluidos del éxito. Esto siempre va a generar conflictividad, sea como forma de intentar obtener la riqueza que por medios legales es inaccesible, sea como forma de reacción (no reflexiva) a un sistema injusto. Esto no explica por qué una persona en la pobreza delinque y otra en su misma situación no, ni explica por qué los pudientes delinquen tanto como los no pudientes (aunque se los vea menos), pero sí da la pauta de un problema generalizado que genera tendencias, que se pueden manifestar de distintas formas. El tipo de delincuencia económica de las clases bajas sí tiene este importante factor de fondo (los otros tipos de delincuencia no), las macrotendencias en este tipo de delitos responden en gran medida a este problema. Por lo tanto, la solución a largo plazo, en líneas generales, es crear las vías para mayor igualdad de oportunidades, abrir las vías económicas y legales para que aquellos que buscan mejorar, puedan hacerlo legalmente. Es decir, la promoción social.
2) Prevención comunitaria: Muchas veces el tipo de emociones que afecta a aquellos que en una situación conflictiva, eligen por delinquir, resulta de que hay pocos estímulos para comportarse de manera “legalmente aceptada” y pocos lazos sociales que los lleven a eso. Por el contrario, se pueden encontrar con mayores estímulos y lazos sociales que los estimulen a delinquir. Esto afectaría principalmente a los jóvenes. La propuesta es entonces, recrear la comunidad. Hacer que el joven integre los valores comunitarios, se sienta integrado positivamente con su entorno, sienta incorporados los valores de cercanía afectiva de sus vecinos, y estos promuevan comportamientos positivamente valorados.
3) Prevención situacional: Es la que enfoca específicamente en la posibilidad de ser victimizados: Propone reducir las oportunidades de ser victimizado. Lo hace uno mismo todo el tiempo al colocar rejas en su casa, al fijarse antes de entrar, al iluminar la vereda, etc.

El lector sagaz ya habrá notado que todas adolecen de terribles limitaciones, cuando no defectos, directamente.

La prevención social puede ser efectiva a largo plazo, pero es muy difícil porque implica todo un cambio estructural económico y general de la sociedad (lo cual se sabe, requiere de un enorme proyecto político, que supera en prioridad la cuestión del delito y genera mucha conflictividad por otros lados). Además no nos dice que hacer en el corto plazo; en el “mientras tanto”, lo cual no resulta admisible para un público ansioso de soluciones.

La prevención comunitaria supone que hay una comunidad en el barrio, con valores dominantes que son aceptables y positivos. O bien que hay que crear esa comunidad. Esto es difícil, aunque no imposible. Se pueden crear instancias que generen comunidad al generar actividades e identidad colectiva (el club, la iglesia, la escuela del barrio, las sociedades de fomento, etc.). Y a mediano plazo se tendrían que ver los resultados (cuando esos jóvenes lleguen a la adultez). Pero si el conflicto social de base persiste, lo más probable es que esta solución fracase. Es decir, si la cultura estimula al éxito y se siguen teniendo pocas posibilidades de lograrlo, el conflicto social estructural seguirá generando conflictividad y delincuencia. Con lo cual esta solución sirve sólo si acompaña y complementa a la anterior.

La prevención situacional es fácil, cotidiana, ya la practicamos, tiene efectos inmediatos, y además, siempre puede ser aumentada… pero… Por un lado no tiene efectos a nivel general, es de efectos localizados: de ser exitosa en un barrio, desplazará la conflictividad hacia otra zona de menor control. Nunca podrá bajar la conflictividad ni la violencia en términos generales, como problema social. Por otro lado, tiende a generar una espiral de inseguridad. Esto quiere decir que mientras más la practiquemos, más la necesitaremos. Si estamos obsesionados con el tema de la inseguridad, la veremos siempre. Si todo el tiempo incorporamos a nuestra vida cotidiana rutinas para cuidarnos del delito, tendremos siempre presente al delito. Lo viviremos como una amenaza permanente. Y paradójicamente, reduzcamos o no la victimización real, en lugar de sentirnos más seguros, nos sentiremos más inseguros, siempre amenazados.


Posibilidad de éxito.

Las tres propuestas pueden ser bien complementadas.
Una prevención situacional acotada y que intente controlar el efecto paradójico de generar inseguridad subjetiva, puede calmar los ánimos para que las políticas de mediano y largo plazo comiencen a trabajar.
La prevención comunitaria también bajará la ansiedad, al reconstituir el sentido de pertenencia colectiva, e hipotéticamente, reestablecerá ciertos “controles sociales informales” de la comunidad sobre el joven, que estimularían al buen comportamiento (esto habría que probarlo). Y darán mayor seguridad subjetiva al hacer sentir al joven que pertenece a su lugar en el mundo, que hay gente que se preocupa por él, y hacer sentir a la comunidad más integrada.
Finalmente la condición decisiva para que a largo plazo ocurra realmente una disminución del delito “común” (aquel que es visible para el sistema penal y la “opinión pública”), es una buena política económica que genere igualdad de oportunidades y promoción social. En la base de las tendencias generales de los delitos callejeros comunes relacionados con el robo (que suelen ser los que más alarman y también de los que más se encarga el sistema penal) siempre hay una relación de proporcionalidad entre desigualdad social y aumento de delitos.

Entonces, si es tan fácil ¿por qué no se hace? Simplemente porque un plan que abarque estos tres frentes sería el proyecto más ambicioso políticamente desde el welfare state. Quiero decir, implica poner a trabajar a toda la estructura social en función de esta transformación. Se requiere mucho tiempo, y mucho capital político para poner esto en marcha, y justamente esto es de lo que carecen las políticas públicas hoy por hoy.
Pensemos solamente en que articular estos tres niveles de políticas implicaría un trabajo coherente y coordinado de la Nación (principalmente encargado de la prevención social), las provincias (con tareas que abarcan la prevención social y la comunitaria), y los municipios (en cuyas competencias hay tareas de prevención comunitaria y situacional).
Y una generación entera, desde la infancia hasta la temprana adultez, es lo que se tomaría en mostrar resultados este plan.
Pensemos también que un único hecho delictivo aberrante y cruel amplificado por la prensa bastaría (y de hecho ocurre) para que gran parte de la sociedad se solidarice emocionalmente con la víctima y pida mayor represión, mayor castigo. Lo cual no afectaría al plan general si no fuera porque los sheriff que venden soluciones mágicas que estos reclamantes compran, lo hacen atacando a los planes de prevención. En sus discursos se lee claramente un mensaje que dice mas o menos así: “hay que dejarse de estas estupideces. Lo que hay que hacer es meterlos presos y que se pudran en la cárcel”. Si este discurso se impone electoralmente (cuando se genera, generalmente triunfa), se tiran a la basura los planes que tanto esfuerzo, dinero y capital político cuestan. Esos mismos recursos serían derivados a armar más a la policía, a hacerla disparar más tiros, y a meter más gente presa, por más tiempo.
Con lo cual, nuevamente, el sistema penal se coloca en contra de las políticas de prevención.

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Desgraciadamente el tono hipotético es sólo de estilo: esto es lo que efectivamente ocurre. Nadie puede darse el lujo político de poner tamaño plan de prevención en marcha (o ni siquiera otros más modestos, pero igualmente lúcidos) para que luego le achaquen el primer muerto y estimulando las emociones más primarias de la opinión pública (a las que la prensa siempre estimula con tal de vender escándalo) lo conviertan en “amigo de los delincuentes” y pierda la posibilidad de continuar con esta (o con ninguna otra) política.
Siendo siempre el presupuesto y el esfuerzo administrativo un recurso escaso, otras inversiones dan mayor rédito político y son menos riesgosas para la imagen.
¿Existe otra salida que intentar volver a establecer el pensamiento reflexivo a este respecto, y, con él la consciencia política del ciudadano que piensa y decide racionalmente antes de dejarse llevar por cómodo y siempre noble sentimiento de indignación moral?

Mariano H. Gutiérrez
abogado - criminólogo