En su intento de controlar la “nocturnidad” y los males provocados por la ingesta excesiva de alcohol, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli envió hace pocos días dos proyectos de ley a la Legislatura.
Uno de estos proyectos incluiría la posibilidad de retener -es decir, detener- hasta cinco días a toda persona que circule en estado de ebriedad por la vía pública. La figura no requiere que la persona moleste a otras, haga escándalo, rompa algo o vomite en la calle. Solo basta con que “circule”, suponemos que haciendo eses, o con un aliento a alcohol tan poderoso como para que un policía avezado se acerque y compruebe su ebriedad.
El artículo 8 del proyecto dice textualmente: “Si resultare necesario para salvaguardar la salud del infractor (es decir, insistimos, de la persona que circula ebria por la vía pública, sin hacer mal a nadie), podrá ser retenido hasta cinco días”: http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-44595-titulo-Si_bebe,_mejor_quédese_en_casa
Resultaría gravísimo y esquizofrénico que por un lado se despenalice el consumo personal de estupefacientes –entendiendo que, en todo caso, las adicciones son un problema sanitario y no policial-, y por el otro se castigue con penas de arresto a quienes consuman una sustancia legal como es el alcohol. Es lo que se llama “estado de peligrosidad predelictual”: se castiga a la persona por lo que se presume que hará, o por la situación en que se encuentra, no porque cometa un delito o tan siquiera una contravención. No por lo que hace, sino por lo que es. En este caso, una persona ebria. Consumir pastillas para dormir, o para adelgazar, o para mantenerse activo, también puede ser perjudicial para la salud. ¿A alguien se le va a ocurrir hacer dosajes de ansiolíticos en sangre y detener a quienes circulen por la calle con una proporción superior a la recomendable?
Los Códigos de Faltas y de Contravenciones que incluyen este tipo de figuras constituyen una de las fuentes más importantes de poder para las policías de todas las provincias de nuestro país, y conducen a innumerables situaciones de abuso policial. Son continuidad de los tristemente célebres “edictos policiales”, habilitan las detenciones por portación de cara, sin control judicial, y generan una formidable caja para las policías a las que se les asigna el control social y moral de la población.
El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) lleva un registro de muertes violentas o dudosas sucedidas en lugares de encierro -cárceles, comisarías, institutos de menores, centros de derivación de personas con problemas siquiátricos o de adicciones, entre otros- a partir de la información publicada en los medios de comunicación, la recibida de parte de familiares y organizaciones de derechos humanos, y de la investigación propia. Durante el año 2009, el total de personas muertas en situación de encierro asciende a 46. De ellos, al menos siete murieron en comisarías de Río Negro (2), Mendoza (1), Corrientes (1), Santa Fe (1), Santiago del Estero (1), y Buenos Aires (1). El joven muerto en Buenos Aires, Nahuel Balsano, tenía 21 años, y fue detenido irregularmente en la puerta de su casa, el 24 abril, acusado de un delito que no cometió. Pasó sucesivamente por las Comisarías 1ra y 3ra de Avellaneda. Su familia recibió la resolución judicial que ordenaba su “inmediata libertad”, el 9 de mayo, junto con su cuerpo quemado, golpeado y sin vida.
En esta semana, en la Comisaría Sexta de Ezpeleta, partido de Quilmes, se produjo una protesta -que los medios insisten en denominar “motín”-, en la que resultaron heridos dos detenidos. El mismo titular de la Jefatura Distrital de Quilmes, comisario inspector Jorge Oquendo, dijo que se trató de una “pequeña escaramuza”, “similar a lo que había pasado recientemente en la Comisaría Quinta (La Cañada), y que tenemos que decir que se da con periodicidad, como una consecuencia directa de la superpoblación de los calabozos”.
En estas comisarías superpobladas, donde cada tanto tiempo se producen protestas con consecuencias gravosas para los detenidos, u homicidios como los de Nahuel, el gobernador Scioli pretende “retener” a las personas que la policía elija por la cara, el aspecto, la ropa o el aliento.
Los legisladores y las legisladoras que votaron bajo presión las denominadas “leyes Blumberg” reconocen que no sirvieron para nada, porque más penas y más cárcel no resuelven los problemas de violencia social. Sería saludable que los legisladores y legisladoras bonaerenses no voten bajo presión una norma como la que propone el gobernador Scioli, antes de lamentar los daños, que seguramente serán mayores que los que se pretende remediar.
Claudia Cesaroni
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009
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