Organizaciones sociales adhieren a la denuncia efectuada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario sobre las torturas y condiciones de detención en el pabellón B de la alcaldía de Rosario y reclaman la implementación de mecanismos de prevención a nivel nacional y provincial.
Las organizaciones que desde hace años trabajamos en el monitoreo de los lugares de detención y denunciamos las violaciones a los derechos humanos, promoviendo políticas de sanción y prevención de la tortura, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los hechos denunciados por la Coordinadora de Trabajo Carcelario.
El día 16 de octubre esa Organización concurre a la alcaidía por pedido de los familiares de las personas privadas de la libertad porque que un grupo de mujeres se había quedado en el pabellón b con sus esposos solicitando el urgente traslado, ya que se encontraban golpeados.... Los detenidos se encontraban todos encerrados, desde el día anterior a las 6 de la tarde sin poder salir.- En una celda, para dos personas, había 9, siete detenidos y dos mujeres. El patio central, cubierto de un espeso polvo blanco, producto, de los gases lacrimógenos, que los detenidos refirieron les tiraron entre la noche y la mañana del día viernes. También, denunciaron que la policia realizó un escopetazo a través de los pasa platos, aún cuando en el lugar se encontraba una mujer embarazada.- La gran mayoría de las personas allí privadas de libertad denuncio, a la C.T .C., golpizas, por la guardia armada y una de las guardias del pabellón, y además otro tipos de tormentos, como hacerlos correr desnudos por el patio, mientras les pegan.- Las imágenes grafican los golpes inflingidos a los detenidos. En relación a los golpes los internos manifiestan que son obligados a desnudarse a ponerse contra la pared y allí los golpean con los palos y también les dan patadas, en una de las fotos se visualiza una suela sobre la espalda, y en ocasiones les tiran escopetazos por el pasaplatos. Los reclamos también eran por la atención médica, el maltrato permanente, los golpes y la cantidad de horas que permanecen encerrados en celdas sin agua. Sin perjuicio, que ante la urgencia de la situación, resultó importante destrabar el conflicto y realizar en ese momento los traslados, hoy resulta fundamental una profunda investigación de los hechos y el castigo a los culpables de las torturas sufridas por las personas allí alojadas, asimismo la implementación de los mecanismos que eviten en el futuro estas aberrantes prácticas por parte de las fuerzas de seguridad.
Estas imágenes nos colocan frente a la oportunidad de hacer visible lo que se pretende silenciar: la tortura existe en Argentina y es parte de la vida en los lugares de encierro. Del mismo modo persisten las condiciones políticas, culturales y sociales que la hacen posible y tolerable. Situaciones de violencia que, en la mayoría de los casos, son naturalizadas y negadas por funcionarios políticos y por jueces, fiscales y defensores.
Estos padecimientos, descriptos en informes, presentaciones judiciales y foros públicos, forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y asilos psiquiátricos del país. Las imágenes no dejan lugar para los eufemismos hipócritas. Esto es tortura.
El gobierno de la provincia ha minimizado en cuanta oportunidad tuvo la importancia y magnitud de esta situación estructural de violación de derechos humanos a través de la negación sistemática.. El gobierno nacional también ha desdeñado la importancia del tema para la construcción de una agenda de derechos humanos que integre el pasado con el presente.
Los poderes judiciales se han desentendido históricamente de esta situación, hecho que es evidente si se analiza el altísimo índice de impunidad que muestran las denuncias. En la medida que no exista un compromiso cierto del poder judicial en involucrarse, difícilmente se podrá avanzar en cambios sustantivos.
Al mismo tiempo, desde hace varios años el Estado argentino tiene pendiente la implementación de mecanismos de prevención de la tortura en cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, una pieza institucional clave para el control de los lugares de detención. Estos mecanismos implican una interrelación entre el Estado y las organizaciones sociales, para sumar fuerza y legitimidad a la capacidad de control y transformación de las fuerzas de seguridad y de los órganos judiciales.
Las organizaciones firmantes impulsamos la creación del mecanismo nacional y de los mecanismos locales e instamos a las autoridades federales y provinciales a que consideren seriamente las propuestas que hoy existen y asuman la responsabilidad y el compromiso ético de avanzar en una política de protección de derechos de las personas privadas de libertad.
http://www.lacapital.com.ar//ed_impresa/2009/10/edicion_371/contenidos/noticia_5354.html
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