Desde el Centro de Estudios en
Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) adherimos y apoyamos la presentación que
realizará la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del
Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires en la
audiencia a realizarse el próximo 24 de septiembre ante la Comisión de Justicia
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con motivo de la denuncia presentada
por el cuestionado juez en lo correccional de Mar del Plata Pedro Hooft quien está imputado por su participación en la represión que
tuvo lugar durante el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.
Hooft, se
encuentra imputado por 17 casos de víctimas que sufrieron homicidios,
desapariciones, secuestros y tortura en su rol de juez a cargo de la
investigación de estas desapariciones y de los habeas corpus que se presentaron
en beneficio de las víctimas.
Creemos
fundamental que se termine de desentrañar la complicidad judicial que durante
aquél nefasto período de nuestra historia política permitió la impunidad de quienes se encontraban
en el poder y avasallaron con los derechos básicos de toda la sociedad.
Por otra parte,
lamentamos las tristes coincidencias que unen este caso con la investigación
que nos encontramos llevando adelante (o la denuncia que llevamos adelante) por
la Masacre ocurrida el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la Cárcel
de Devoto. Nombres que se repiten, como es el caso de Julio César Strassera
quien hoy se encuentra apoyando las denuncias presentadas por Hooft como una
estrategia dilatoria de su presentación ante la justicia y en aquél entonces
tuvo a su cargo el impulso como fiscal de la investigación de esta Masacre en
al cual murieron, entre quemados, golpeados y rematados a tiros, más de 64
personas. Y en el medio, su célebre participación en el Juicio a las Juntas y
la apropiación del estandarte que las agrupaciones de Derechos Humanos con
mucho trabajo pudieron levantar y sostener: Nunca Más.
Entendemos que
ese Nunca Más debe comprender no solo a quienes hicieron efectivo uso del poder
político para desaparecer, torturar y masacrar a miles de argentinos sino
también a aquellos que, desde sus cargos de funcionarios judiciales, tenían la
obligación de investigar esas graves violaciones a los derechos humanos y, sin
embargo, fueron cómplices de aquella estructura del terrorismo de Estado tanto
por acción como por omisión.
Pero también
entendemos que ese Nunca Más debe comprender la Masacre cometida contra los
denominados “presos comunes” que en aquél Pabellón fueron víctimas de una
brutal represión y, posteriormente, de la complicidad judicial que delegó en la
misma Fuerza que reprimió, torturó y mató, la investigación.
Porque tal como lo mencionan el fiscal Pablo Larriera
y la secretaria Romina Cavallo en en el informe presentado “la calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft
permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión
judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato
represivo del Estado.” Lo mismo que sucedió con el expediente que en 1978
se construyó para justificar un accionar judicial que se limitó a certificar lo
actuado por el propio Servicio Penitenciario Federal.
Esperamos que
las palabras puestas en ese informe por el Fiscal Larriera puedan ser aplicadas
tanto a la investigación que le imputa crímenes a Hooft como así también a
todos aquellos que debieron haber investigado la Masacre del Pabellón Séptimo: “El avance de los procesos judiciales por
crímenes de lesa humanidad ha permitido avanzar en todo el país en la
investigación de los funcionario judiciales que pudieron haber evitado o
mitigado desde su función los crímenes del terorrismo de Estado y que, sin
embargo, lo apañaron”
Denise Feldman, Claudia Cesaroni.
Integrantes del equipo jurídico de “Masacre en el
Pabellón Séptimo” y del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos
Humanos (CEPOC)
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