ADHESIÓN A PEDIDO DE REAPERTURA DE CAUSA SOBRE LA MASACRE EN EL PABELLÓN SÉPTIMO

Desde el equipo jurídico que lleva adelante la causa por la Masacre en el Pabellón Séptimo queremos acercarle los primeros días de febrero al Dr. Daniel Rafecas, las adhesiones que nos hicieron llegar desde distintos puntos en estos días. Para ello, y teniendo en cuenta que se acerca el 36° aniversario de la Masacre y el primer año desde que presentamos la querella en el Juzgado del Dr. Rafecas, el 14 y 25 de marzo próximos, hacemos circular nuevamente el escrito en apoyo a nuestro pedido: la reapertura de la causa y la investigación de lo sucedido como delito de lesa humanidad, principalmente como respuesta a las víctimas y sus familiares, obligación que el Estado asumió a nivel internacional para hechos de estas características. Gracias a la difusión del caso, hoy trabajamos junto a cinco sobrevivientes y un grupo de familiares de ocho víctimas mortales de lo que fue uno de los hechos más crueles de la historia carcelaria argentina.
Por esto, les pedimos a todos aquellos que compartan nuestra visión y deseen apoyar nuestro pedido y acompañar a este grupo de víctimas y familiares a enviar sus adhesiones, personales o institucionales, respondiendo este correo o escribiendo a cepoc.dh@gmail.com junto a su nombre, apellido, número de documento y, en su caso, pertenencia institucional.
Aquellos que deseen realizar sus adhesiones en forma independiente también pueden hacerla llegar a la casilla de correo del CEPOC.
Desde ya, agradecemos a todos el apoyo y difusión que puedan darle a este tema.

Adhesión a la presentación de la querella por la Masacre en el Pabellón Séptimo. Pedido de reapertura de la causa y su correcta investigación.


Señor Juez:
Los abajo firmantes nos presentamos ante Ud., en la causa Nro. N° 14.216/2003, caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, homicidio” en el marco de la cual se presentó la querella por la “Masacre en el Pabellón Séptimo” a fin de manifestar nuestro apoyo a la presentación realizada el 25 de marzo de 2013, por parte del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y el sobreviviente Hugo Cardozo, solicitando la reapertura de la causa donde se investigó lo sucedido el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal, que pasó a la historia como "Motín de los colchones".

El pedido de reapertura se realizó en el marco del Proyecto de Investigación sobre la Masacre en el Pabellón Séptimo, desarrollado por el CEPOC, la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD), y la Asociación Mutual Sentimiento, bajo la dirección de la abogada Claudia Cesaroni, titular del CEPOC, y con la participación de sobrevivientes de la masacre, testigos directos y familiares de las víctimas mortales de aquella acción del Estado terrorista.

El terror impuesto durante la última dictadura en nuestro país tuvo un nivel de violencia que afectó a distintos grupos en forma particular, en el marco de políticas generales basadas en la represión indiscriminada y la violencia institucional. Desaparición y muerte de miles de personas, torturas, apropiación de niños y niñas y sustracción de sus identidades, encubrimiento y complicidades de los distintos ámbitos del Estado, entre ellos y sobre todo, para garantizar la impunidad, del Poder Judicial fueron las notas características de la dictadura.

La violencia desplegada sobre el cuerpo social estaba dirigida a aniquilar a quienes entendían como enemigos. Y no solamente ello, sino que no admitía acto de rebeldía alguna. Ese contexto fue el que dio lugar a la Masacre en el Pabellón Séptimo. La construcción posterior de un supuesto motín, en el que "solo" murieron presos comunes, como se encargaron de aclarar las autoridades penitenciarias y políticas de inmediato, fue el primer paso para condenar al olvido a la masacre más grande ocurrida en el ámbito carcelario de nuestro país.
Con el presente escrito venimos a apoyar el impulso que el CEPOC y Hugo Cardozo -al que se suman las voluntades de otros sobrevivientes, familiares y testigos- le han dado a un hecho que al día de hoy es una deuda que el Estado tiene con las víctimas directas y sus familiares.

La impunidad para los responsables de esta masacre ejecutada sobre un pabellón de presos comunes implica no reconocerles su condición de víctimas de delitos de lesa humanidad, cometidos por una fuerza de seguridad -el Servicio Penitenciario Federal-, que formaba parte de la estructura represiva, y que actuaba bajo las órdenes directas de las autoridades del Primer Cuerpo del Ejército.

El Estado democrático debe reparar ese olvido y esa impunidad, lo que así venimos a solicitar. El resarcimiento a las víctimas, tal como lo establecen los organismos internacionales de derechos humanos, y surge de las obligaciones asumidas por nuestro país ante la comunidad internacional, y sobre todo ante su propio pueblo, implica garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el castigo a los responsables, las reparaciones a las víctimas y familiares, y la realización de las políticas públicas destinadas a evitar que nuevas masacres se repitan en los lugares de encierro.

Por todo lo expuesto, acompañamos el pedido de reapertura de la causa de referencia, para que nunca más una masacre se etiquete como motín.


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