LAS ZAPATILLAS DE MAURO

El 12 de febrero de 2008 Mauro Castro apareció colgado en una celda de la Unidad Nº 5 de Tartagal, Salta. Tenía 23 años. Suicidio, le dijeron las autoridades de la cárcel a sus padres. Pero ellos no les creyeron: Mauro estaba golpeado. Reclamaron, protestaron, pidieron que se investigue la muerte de Mauro, los golpes previos a la soga y al ahorcamiento.

Zulema Heredia, la mamá de Mauro, guardó amorosamente la ropa que tenía su hijo antes de morir, sobre todo su par de zapatillas, porque allí había gotas que parecían ser de sangre. La sangre, entendía Zulema, que le habían provocado los golpes a Mauro, antes de que la soga lo ahorcara.

Guardó esas zapatillas durante meses, esperando que se le hicieran las pericias necesarias para determinar si esas gotas eran de sangre de Mauro. Y si esa certeza alcanzaba para que de una vez por todas se investigara la muerte de su hijo como un crimen y no como un suicidio.

Finalmente, en febrero de 2009, llaman a Zulema desde una oficina pública de Buenos Aires para decirle que los exámenes de A D N pueden hacerse, que los gastos pueden cubrirse.

Zulema debe ser buscada en una escuela cercana a su casa, donde está evacuada desde que, en este febrero, un aluvión de lodo y agua arrasó Tartagal. Solo quedó una mínima parte de lo que fue su vivienda, la que todas las noches va a cuidar su marido. Ella, con el resto de sus hijos, vive en la escuela hasta que empiecen las clases.

Se le pregunta a Zulema por las zapatillas de Mauro. Y Zulema, llorando, casi avergonzada, cuenta. Que el día del aluvión, en este otro febrero trágico de su vida, debió agarrar de los pelos a uno de sus hijos, de cinco años, para que no se lo llevara el agua. Que salvó a su nene, pero no pudo salvar los documentos, los muebles, la ropa. Ni las zapatillas de Mauro.

Del otro lado del teléfono, quien la escucha no sabe, no puede, no intenta calmar el llanto de Zulema.

Solo recuerda que nuestro país incorporó a la Constitución muchos tratados de derechos humanos. Uno de ellos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, considera como crimen gravísimo la tortura aplicada en cualquier lugar de encierro. Y más grave aún, la tortura seguida de muerte. Otro, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece los derechos que tienen los niños y niñas, entre ellos, vivir en condiciones dignas. Y piensa que este dolor repetido de Zulema exige reparación, un Estado presente, hijos que no sean entregados en bolsas de consorcio después que se los encierra para resocializarlos, nenes que no deban ser agarrados de los pelos para evitar que el agua se los lleve.

Claudia Cesaroni

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)