Carta abierta al Dr. Zaffaroni

Hannover, 30 de abril de 2009


Estimado Dr. Zaffaroni,

en los últimos días se han venido discutiendo ideas, propuestas y proyectos relativos a una nueva Ley Penal Juvenil. Como miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) he participado activamente de la discusión. He recordado algunas enseñanzas suyas respecto de la vulnerabilidad como categoría de evaluación de la culpabilidad – vulnerabilidad que en el caso de los adolescentes es sin duda elevadísima –, he argumentado en contra de ampliar la intervención penal incluyendo en ella al segmento etario de los catorce y quince años, he sostenido que el castigo de los adolescentes mediante una pena de prisión es inconstitucional. Estas manifestaciones que fui haciendo públicas se vieron acompañadas por numerosas cartas y conversaciones aclaratorias de estas ideas, largas explicaciones a quienes no comparten o no aceptan mis argumentos pero con quienes queremos poder entendernos y establecer puntos de apoyo en común para poder actuar productivamente. Toda esta actividad está acompañada de mucha angustia, y de una cierta decepción. La angustia es causada por el dolor de las víctimas directas o indirectas de delitos violentos, y por la preocupación por los adolescentes que son autores de delitos violentos. La decepción se motiva en el pobre nivel de muchas discusiones que no permiten ir más allá del miedo y las emociones, y, principalmente, por la postura que Ud. ha adoptado, defendido y propugnado sobre esta temática.
Por supuesto hay que aceptar que las personas cambien su opinión sobre un determinado tema, y en muchos casos esto es signo de crecimiento personal e intelectual. Su cambio de opinión, en cambio, resulta en este caso difícil de aceptar. No sólo porque muchos creemos que el cambio no se dirige en el camino correcto, sino porque Ud. mismo niega ese cambio. Esta sensación fue lamentablemente confirmada durante su presentación en el Congreso Nacional. El que Ud. no acepte y niegue que el nuevo proyecto de Ley Penal Juvenil implique una extensión en la facultad de intervención del sistema penal (contra la que siempre se ha manifestado) es de todo punto insostenible. Si se dejan de lado los eufemismos y las complicadas explicaciones respecto de por qué no hablar de imputabilidad sino de punibilidad, por qué no hablar de sistema penal sino de “régimen especial”, etc. Si todos estos espejismos terminológicos – fundamentales en la discusión técnica, pero no en su presentación pública – se dejan de lado, lo que se está haciendo con la nueva ley es habilitar la intervención y aplicación del sistema penal – especial, pero sistema penal al fin – a adolescentes de catorce y quince años. Esto antes no era posible, y con la nueva ley lo sería. ¿Acaso no es esto una extensión, un avance del sistema punitivo? Ud. dirá que no. Que si antes esos adolescentes no tenían garantías constitucionales que los resguardaran, porque no estaban en un proceso penal, ahora las tienen. Y como las tienen, su situación es más favorable. ¿No sería más favorable que se establezca por ley que esos adolescentes tengan esos derechos, sin necesidad de que estén envueltos en un proceso penal, y sin necesidad de que exista la posibilidad de aplicar una pena de prisión? De hecho, hay leyes en ese sentido. Pero no se cumplen. ¿No sería el cumplimiento y en todo caso mejora de estas leyes una manera más efectiva de resguardar sus derechos?
Hannah Arendt sostuvo hace muchos años que los delincuentes – nacionales o no – sometidos a un proceso penal estaban mejor protegidos que un simple apátrida, que no tiene quién intervenga en su favor, puesto que no hay Estado que le otorgue derechos. Si no se le reconocen derechos, mal puede haber derechos a proteger, ni quien pueda asumir tal tarea. Por eso muchos de quienes se encontraban en esta situación, luego de guerras y expulsiones que los obligaban a vagar sin lugar fijo donde establecerse, en caso de delinquir y dejarse atrapar, se veían sometidos por lo menos a un régimen legal que les concedía ciertos derechos. Alguien se interesaba por ellos, aunque sólo fuese para sancionarlos. Así, el apátrida criminal se encontraba en una mejor situación que el apátrida inocente. Esta lógica, que Hannah Arendt desarrollaba al problematizar el nacimiento y reconocimiento de los Derechos Humanos, hoy en día parece difícil de entender. Ésta es sin embargo la lógica que parece desprenderse de las ideas que Ud. sostuvo en el Congreso. Tal vez me equivoco. Quisiera equivocarme. Pero me temo que no es así. La lógica de su propuesta reside básicamente en que sin sistema penal, los adolescentes en cuestión no estarían tan protegidos como con sistema penal, porque en este último caso hay garantías, hay un régimen especial de encierro controlado, hay otras alternativas de intervención – que parecen correctas, pero no en el marco del sistema penal –, etc. Ante esto, reitero mi pregunta ¿No hay acaso otras vías de proporcionar, reconocer y velar por los derechos de estos adolescentes, y de ocuparse al mismo tiempo de un desarrollo productivo para ellos mismos y para su vida social, que no sea el sistema penal?
Que no reconozca abiertamente su postura y que diga que quienes no están de acuerdo con ella es porque no la entendieron son actitudes que a quienes lo seguimos desde hace años y nos sentimos orgullosos si nos dicen “zaffaronianos”, nos desconcierta sobremanera. No se trata de una campaña mediática como Ud. dijo en el Congreso. Muchos de quienes nos manifestamos en contra de los proyectos que se están discutiendo somos abogados y criminólogos, nos especializamos en la temática penal en posgrados y maestrías, estamos llevando a cabo investigaciones doctorales, conocemos principios y discusiones del derecho penal, enseñamos estos principios y somos parte activa de esas discusiones. Y conocemos los proyectos en debate. No somos improvisados o necios, tampoco somos periodistas en busca de la nota provocadora ni políticos en busca de un voto. Somos académicos preocupados por la situación actual. E intentamos ser fieles a la doble exigencia en que nos vemos envueltos, como decía Stanley Cohen, entre el escepticismo intelectual y el compromiso político. Por eso nos sentimos decepcionados. Y por eso nos sentimos insultados si se nos dice que no entendemos de lo que se está hablando, y que sólo actuamos arrastrados por el alarmismo mediático.
Desearía no haber tenido que escribir en estos términos. Pero confío en que sepa apreciar la sinceridad con que fueron expresados. Creo que en la sinceridad y respeto hacia los demás, y en la fidelidad a las propias ideas reside la posibilidad de un debate sano y productivo. Creo que a las víctimas y a los familiares de víctimas de delitos violentos cometidos por adolescentes, así como a esos mismos adolescentes de hoy y de mañana les debemos esa sinceridad y ese respeto en los debates, que aún distan de poder llamarse productivos.

Cordialmente,

María Laura Böhm

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos
(CEPOC)

mlaurabohm@hotmail.com