El debate sobre la policía

Orlando Francisco Aguirre



En los últimos días, se ha generado un debate entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo ha girado en torno a la decisión de la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, de eliminar los adicionales que la Policía Federal cubría en edificios públicos porteños. A pesar de la amplia cobertura que le han dado los medios hay una cuestión central que ha pasado prácticamente inadvertida y se refiere al objetivo por el cual se ha tomado esta medida. Esta consiste en tener más presencia policial en las calles logrando así una mayor prevención del delito. Entendemos que este es el eje que merece ser puesto en debate. Todas las opiniones dan por sentado y se acepta acríticamente que debe haber una vasta presencia policial en las calles y que esto contribuye a la disminución del delito. Sin embargo, el aumento cuantitativo de los mecanismos de represión no necesariamente implica una reducción en las tasas de criminalidad. Por otra parte, el lombrosiano olfato policial solo contribuirá a incrementar la selectividad del sistema, encerrando a jóvenes pobres que cometen delitos menores o contravenciones en la vía púbica. Algunos de los hechos que mayor conmoción han generado en los últimos años están relacionados con el robo de autos o salideras bancarias, delitos cuya complejidad no se resuelve con la mera presencia policial en las calles. Por el contrario muchos de estos delitos se producen bajo el estímulo y la complicidad de las fuerzas de seguridad que participan activamente del negocio de la delincuencia (desarmaderos, narcotráfico, trata de personas).

La Policía Metropolitana a pesar de “nueva”, está en su mayoría conformada por ex agentes de otras fuerzas, principalmente la Federal, muchos de cuyos integrantes, comenzando por sus dos primeros jefes han sido procesados por distintos delitos e irregularidades. Hasta el momento pareciera que su accionar ha estado en función de una política de marketing consistente en hacer visible a la policía y con ella hacer visible a la política de seguridad. Se busca mostrar a los sectores sociales que algunos funcionarios y medios de comunicación llaman “La Gente”, que el gobierno de la ciudad está tomando medidas en la materia, aunque las mismas sirvan de poco y nada. Esto más que una política de seguridad es, como casi todo en la gestión de Macri, una política de la imagen.

Cabe preguntarse con qué tipo de policía se quiere llenar las calles ya que difícilmente la actual sea una garantía de seguridad. En un encuentro en el Barrio de Balvanera hace pocos días la Ministra Nilda Garré enumeró algunos de los principales problemas que presenta la Policía Federal, como el autogobierno, la corrupción y la falta de capacitación. Si bien es estimable que desde el Ejecutivo Nacional se reconozca este escenario, no deja de ser paradójico que la Ministra, al mismo tiempo que enumera estos graves hechos anuncie que una mayor cantidad de efectivos de esta misma policía saldrá a las calles “a combatir el delito.”

Solo a título de ejemplo y sin ser exhaustivos, si analizamos algunas noticias de distintos diarios vemos la problemática del accionar policial. En Tiempo Argentino del viernes 8 de abril en la sección policiales hay seis noticias, tres de las cuales involucran a fuerzas de seguridad. La primera de ellas trata sobre un allanamiento realizado en una casa por un grupo de elite de la Policía Bonaerense por el crimen de un suboficial; la dueña fue golpeada por efectivos y su casa resultó seriamente dañada. El allanamiento fue "por error". La segunda menciona que en Bariloche cuatro policías fueron procesados por torturas a un detenido. Por último, en ex jefe policial fue condenado por un caso de gatillo fácil. Clarín del sábado 9 de abril informa que tres policías de la Federal fueron detenidos por golpear y torturar con picana eléctrica a tres adolescentes de entre 16 y 17 años. Cabe destacar que la causa iniciada no fue por torturas sino por la figura menos gravosa de “apremios ilegales”. Esta situación, la de evitar caratular a las causas de tortura como tales, es una constante en este tipo de casos que dificulta la investigación y contribuye a invisibilizar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por fuerzas de seguridad. La Nación, también del sábado 9, da cuenta del fallecimiento de una persona a manos de un policía cuando intentaba robarle el auto. Caben aquí algunos interrogantes: ¿Utilizó el policía todas las herramientas de disuasión antes de sacar el arma? Si el uso del arma fue inevitable ¿tuvo que disparar a matar?

Estos hechos no son aislados ni excepcionales como se los quiere mostrar muchas veces sino que forman parte del accionar habitual de la policía.

Antes que discutir sobre qué cantidad de policías se pone en la calle o cuantos comisarios son desplazados, la política de seguridad debe inevitablemente implicar un debate profundo sobre la institución y se debe promover una transformación sobre las prácticas violentas y autoritarias, sumamente arraigadas en las fuerzas de seguridad.